Las opiniones empresariales
Las reformas de las regulaciones económicas, en la que están inmersos varios gobiernos europeos incluido el español, necesitan un conocimiento muy fino del estado actual de esas regulaciones y de sus consecuencias. Ese conocimiento está en los expertos (juristas y economistas) de las distintas áreas de regulación, pero también está en la percepción que de ellas (de su funcionamiento real) tienen los responsables de buena parte de las decisiones económicas, los empresarios. Es evidente que esas percepciones tienen importantes elementos subjetivos, pero es en esa frecuencia subjetiva en la que los empresarios toman sus decisiones de empleo, de producción, de inversión, de innovación, etcétera.
Los empresarios no forman sus opiniones en función de la letra de las regulaciones, sino que están basadas en como están siendo implementadas en la realidad, lo que no siempre coincide con la intención del que diseñó la regulación. Daniel Kaufmann, un economista chileno que trabaja en el Banco Mundial y colabora con el World Economic Forum (WEF), y que es una autoridad en cuestiones institucionales, ha hecho un interesante ejercicio. Trata de explicar las diferencias de cómo los empresarios perciben distintas regulaciones en diferentes países (según sus respuestas a la Encuesta de Opiniones de Ejecutivos, EOS, realizada por el WEF), y que llama datos de facto, por las diferencias entre indicadores que reflejan las normas sobre esas regulaciones en cada país, que serían los datos de iure. Y obtiene una explicación relativamente débil. La explicación mejora sensiblemente si junto a los indicadores de iure introduce otros que miden las diferencias por países de como funciona la justicia, del grado de cumplimiento que tienen las normas, y del grado de corrupción.
En el reciente informe de los expertos españoles sobre el mercado de trabajo se muestra que la reforma de 1994 sobre flexibilización de la gestión de recursos humanos no tuvo los resultados apetecidos por un inadecuado funcionamiento de otras dos instituciones: la negociación colectiva y los jueces de lo social. Un magnifico ejemplo de cómo inciden sobre una regulación determinada varias instituciones diferentes. Y estas pueden no funcionar como el diseñador de la regulación supone que lo hacen. Los empresarios, en cambio, perciben toda la regulación en su conjunto.
El recurso a la encuesta para conocer las opiniones empresariales es imperfecto. Pero muy superior a no conocerlas o a limitarse a la opinión de los líderes de determinadas organizaciones. No se trataría, obviamente, de que las opiniones empresariales determinaran el contenido de las regulaciones. Pero para el necesario análisis coste-beneficio que debe hacerse de las mismas, la percepción de los que toman las decisiones de producción, empleo e inversión es altamente relevante. A nivel internacional existen algunas encuestas muy interesantes, aunque no llegan al detalle necesario para que los empresarios revelen eficazmente su percepción sobre las regulaciones vigentes, pues su objetivo es realizar comparaciones internacionales. La mencionada EOS, realizada por el WEF es una de las más importantes. En ella están basados los últimos Informes sobre Competitividad Global que publica el WEF. El de 2004-2005 tiene alguna información interesante para apreciar la realidad española.
España se encuentra muy atrasada en varios aspectos relevantes. Desde luego en la ineficiencia de las regulaciones laborales, percibida por los empresarios como la mayor restricción para su actividad: las dificultades para contratar y despedir, la escasa flexibilidad para fijar retribuciones, la poca relación de estas con la productividad y el bajo grado de cooperación entre empleadores y empleados.
Pero también hay atraso en el funcionamiento de la justicia y en la protección policial de las empresas (una encuesta realizada por Cinco Días hace un par de años, colocaba a la Justicia como una de las instituciones más negativas para el desarrollo empresarial). La ineficacia de la Administración central y territorial representa una importante restricción, mayor que en la mayoría de los países avanzados, y, como en algunos países europeos, las cargas fiscales de las empresas también. La claridad y transparencia de las normas relevantes para las empresas deja bastante que desear y las prácticas de corrupción son relativamente más frecuentes (desde pagos indebidos a favoritismo en decisiones públicas). También hay un apreciable atraso en el derecho concursal y en la calidad de la información contable y financiera. Por último, en el terreno de la innovación, la política de promoción de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) es muy pobre. Y resalta la relativamente escasa capacidad de absorción tecnológica de las empresas españolas, una consecuencia de los factores que hemos repasado y de la pobre cultura empresarial.