Hundimiento de la balanza
La balanza de pagos del pasado año ha hecho saltar todas las alarmas, ya que el saldo por cuenta corriente y de capital ha alcanzado un déficit de más de 31.000 millones de euros, multiplicando por 2,5 el de 2003. Esta ampliación se debe en su mayor parte al aumento habido en el déficit de la balanza comercial por importe de 14.000 millones de euros, el 74% del aumento del déficit total. Dada tal circunstancia y el hecho de que los bienes que comprende dicha balanza se encuentran sometidos a la competencia, pasamos a analizar las causas de tal comportamiento.
Las exportaciones de mercancías crecieron en el pasado año un 5,1% en euros corrientes, en tanto que el comercio mundial se ha estimado que aumentó en volumen el 5%, lo que podría inducirnos a pensar que nuestra pérdida de competitividad en el exterior se debe a nuestro creciente diferencial de inflación (desde 1998 llevamos ya acumulados ocho puntos) y a nuestros mayores costes salariales por unidad de producto fabricado.
Las importaciones han mostrado un fuerte dinamismo, aumentando un 11,9% con respecto a 2003 a consecuencia del fuerte tirón de la demanda interna, un crecimiento del 4,7% en términos reales. Es posible que ante tal crecimiento de la demanda interna nuestra industria haya tenido falta de capacidad para reaccionar, que unido a la falta de competitividad como consecuencia del diferencial de inflación y de costes salariales que hemos expuesto en el párrafo anterior, hayamos perdido también cuota de mercado en nuestro mercado interior.
Los bajos tipos de interés fijados por el Banco Central Europea (BCE) han estimulado fuertemente la demanda de las familias y de las empresas, algo que unido a las reformas fiscales introducidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), han acentuado aún más el consumo de las familias, provocando la espiral inflacionista de que hemos hecho mención.
Ante estas tensiones de demanda, la política presupuestaria no ha actuado de manera correcta, tal y como fue diseñada en el Tratado de la Unión, sino que se ha limitado a cumplir el Programa de Estabilidad con cuentas equilibradas, incluyendo el fuerte superávit (ficticio) de la Seguridad Social.
Su objetivo debería haber sido obtener un fuerte superávit en el Estado, contrayendo el gasto público, no alentar la demanda de las familias con rebajas fiscales y promover un aumento de las infraestructuras públicas a través de colaboración en la financiación con el sector privado para evitar su incidencia en el déficit público.
Con este panorama de tensiones en la demanda y fuerte diferencial de inflación, la reunión del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno ha discutido la Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para ir hacia una política presupuestaria laxa en la Unión Europea, visión miope de Alemania, Francia e Italia, para tratar de paliar sus problemas sin tener que realizar las reformas estructurales previstas en la Agenda de Lisboa.
Las consecuencias serán, como ya ha anunciado el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, la elevación del tipo de interés, algo que para España tendría incidencia en la inversión empresarial y en el endeudamiento de las familias, cuyo nivel ha sobrepasado el 100% de la renta bruta disponible de las mismas, con efecto por tanto sobre el consumo.