A vueltas con la productividad
En la reciente publicación de la OCDE Economic Policy Reforms. Going for Growth hay muchos datos sobre uno de los mayores problemas de la economía española: el escaso crecimiento de su productividad. En el Global Competitiveness Report del World Economic Forum de 2004 también se aportan algunos datos relevantes para ese mismo problema.
El informe de la OCDE pone de manifiesto que en el período 1994-2003 el crecimiento de la productividad por hora trabajada es en España el menor de la Organización (exceptuando México), con una diferencia sustancial respecto del resto de los países. El crecimiento ha sido del 0,3% anual cuando para el conjunto de la OCDE ha estado en el entorno del 2%.
La afirmación de que la diferencia de productividad entre Europa y Estados Unidos se debe a que aquí se trabaja menos horas que allí, pero que en productividad por hora trabajada hay poca diferencia es cierta para el conjunto de Europa. Pero no aplica a España. Nuestra economía tiene una productividad por hora mucho más baja que la de Estados Unidos (y que la mayoría de Europa) y está creciendo mucho menos (está divergiendo fuertemente). Somos uno de los países europeos que más horas trabajamos, y entre 1995 y 2003 el número de horas ha disminuido muy poco. Gracias a eso la productividad por persona no ha divergido aún más. Y todo ello pese que el capital físico por trabajador ha aumentado en España más que en la media de la UE-15.
El capital humano que se acumula con la educación es importante para el crecimiento de la productividad y en España hay un retraso cuantitativo (el porcentaje de la población con, al menos, educación secundaria sigue siendo más bajo) y, probablemente también, cualitativo, pues el valor del Índice PISA sobre capacidad de lectura y conocimientos de matemáticas y ciencias es menor que la media de la OCDE. Pero en los últimos 20 años la educación se ha extendido sustancialmente. Más que en la mayoría de los países de la OCDE. El porcentaje de la población con educación secundaria completa (bachillerato) es del 60% entre los españoles de 25 a 34 años y del 30% entre los de 45 a 54. En pocos países hay esa diferencia de 30 puntos (Irlanda, Corea y Grecia, solamente; países que están entre los cinco en los que la productividad por hora más ha crecido) que pone de manifiesto una notable extensión de la educación. Igual sucede con la educación superior, para la que hay una diferencia de 20 puntos entre el porcentaje de los españoles de 25 a 34 años que la han obtenido y ese mismo porcentaje en la población de 45 a 54. La mayor diferencia en Europa y una de las mayores de la OCDE.
Por tanto, la pobre, y divergente, evolución de la productividad no está asociada a un crecimiento menor de capital físico y de capital humano. Se debe probablemente a que los empresarios y empleados españoles no tienen los incentivos adecuados para mejorar la productividad.
El propio Informe de la OCDE sitúa a España entre los peores desde el punto de vista de varias regulaciones, tanto en el mercado de trabajo como en algunos aspectos de los mercados de productos y en sus recomendaciones específicas por países insiste en la necesidad de reducir la temporalidad, rebajar los costes de despido, descentralizar hacia el ámbito de la empresa la negociación colectiva y mejorar la educación secundaria y superior.
Del Informe Doing Business 2005 del Banco Mundial, que ya he comentado en otros artículos, se deriva que las regulaciones españolas son sustancialmente más restrictivas que las de los países más avanzados, tanto en el mercado de trabajo, como en algunos aspectos de los mercados de productos, y que la resolución de los conflictos relevantes para los empresarios es en España peor que en aquellos países.
En el Global Competitiveness Report, y con datos de encuestas a empresarios de muchos países, se comprueba que España se encuentra mal clasificada en aspectos relevantes para el clima que propicia o desincentiva decisiones eficientes. Mal en corrupción, tanto en corrupción ilegal (pagos para obtener favores públicos) como en corrupción legal (influencias políticas) y también en lo que llaman la ética del sector público desde la perspectiva de los empresarios. Y especialmente mal en la eficacia del sistema legal y judicial para propiciar la actividad empresarial.
Probablemente las deficientes regulaciones y estos aspectos institucionales perversos se refuerzan mutuamente, potenciando sus consecuencias negativas sobre las decisiones que mejoran la productividad.