La liberalización del sector servicios divide a la Unión Europea
La cumbre europea para impulsar la modernización económica del Viejo Continente se vio ayer dominada por la polémica sobre la liberalización del sector servicios. Francia, atenazada por el referéndum sobre la Constitución, exige una congelación del proyecto. La Comisión Europea se niega a ofrecer esa tregua.
La liberalización del sector servicios domina la cumbre europea iniciada ayer en Bruselas. La decisión del presidente francés, Jacques Chirac, de convertir en casus belli un proyecto de directiva que había pasado desapercibido hasta ahora ha secuestrado la agenda de la cumbre que debía impulsar las reformas económicas pendientes en la Unión Europea.
La reunión de ayer y hoy debía permitir a los líderes de la UE evaluar los progresos cosechados por el plan de reformas económicas pactado hace cinco años en Lisboa. La conclusión, según el borrador de conclusiones, es que 'el balance mitigado' no basta para cumplir el objetivo de transformar a la economía europea en la más competitiva del mundo antes de 2010.
Los Veinticinco no aspiran ya a desbancar a EE UU. Y en un ejercicio de realismo, se conformarán a partir de hoy con mantener la competitividad de la UE frente al empuje de China, Brasil, India y Rusia. 'El precio a pagar en caso de que las reformas sigan retrasándose es elevado', advierte el borrador del documento consensuado por todos los socios.
Pero no todos coinciden en las recetas necesarias para evitar que siga creciendo 'la fosa que separa el potencial de crecimiento de la UE y el de sus principales socios comerciales'. París y Berlín han decidido secundar las tesis más catastrofistas de las organizaciones sindicales (francesas y belgas, sobre todo) y rechazar la apertura de los mercados del sector servicios (que supone el 70% del PIB europeo). Chirac llegó a la cumbre dispuesto a dinamitar el proyecto de directiva que aspira a esa liberalización, a pesar de que fue aprobado en enero de 2004 con el apoyo de los dos comisarios franceses: el socialista Pascal Lamy y el conservador y actual ministro francés de Exteriores, Michel Barnier.
La nueva Comisión ofreció el mes pasado establecer todas las salvaguardas precisas para evitar que la norma pueda propiciar una competencia desleal de los países con costes laborales más bajos. Bruselas excluirá también la aplicación del texto a servicios de interés público. Pero Francia, que afronta un difícil referéndum el próximo 29 de mayo, ha decidido exigir la retirada del proyecto.
Cada país establecerá su propia lista de prioridades
Los objetivos globales pactados en el año 2000 para impulsar la economía de la UE se convertirán este año en planes de reformas nacionales. Los Veinticinco aparcan así el largo listado de metas que no han logrado cumplir. La tasa de actividad, que debía ser del 67% este año, está en el 62,9%. La de empleo femenino, a dos puntos del objetivo del 55%. El gasto en Investigación y Desarrollo, estancado en el 1,9% del PIB (1% en España), lejos aún del 3% previsto para 2010. A partir de ahora, 'cada país preparará su propio programa nacional de reformas', según el borrador de las conclusiones del Consejo que concluye hoy en Bruselas. La Comisión dictará normas sobre su elaboración. Aún así, fuentes diplomáticas prevén que 'cada capital se cortará un traje a la medida'.