Bruselas considera ilegal el acuerdo aéreo España-EE UU
Por primera vez, la Comisión Europea atacó ayer oficialmente el convenio de aviación comercial sellado por Madrid y Washington en 1973. Bruselas concede a España dos meses para justificar su vigencia antes de pedir la cancelación definitiva.
El viejo acuerdo sobre transporte aéreo firmado por España y EE UU había disfrutado hasta ahora de una cierta benevolencia por parte de la Comisión Europea, a pesar de que excluye a las compañías europeas que no sean españolas de las rutas transatlánticas con origen o destino en Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca.
España era junto a Irlanda el único de los socios veteranos de la UE que no había sufrido todavía el rigor de la Comisión en ese terreno. Pero la clemencia se ha acabado. El nuevo comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot, que en noviembre del año pasado sustituyó a Loyola de Palacio, emplazó ayer a Madrid y Dublín a adaptar sus acuerdos de aviación comercial con Estados Unidos a la legislación comunitaria.
Los términos firmados por Washington y Madrid, enmendados por última vez en 1991, son bastante limitados, porque restringen las rutas entre ambos países a aeropuertos concretos (en España, a los cuatro mencionados), sin dar libertad absoluta a las líneas aéreas respectivas.
Aun así, Bruselas ha optado por denunciar su aplicación. En aras, según el equipo de Barrot, 'de dar el mismo trato a todos los países de la UE que tienen acuerdos bilaterales'. Ayer mismo, la CE expedientó también a cinco de los países que ingresaron en el club el pasado 1 de mayo. En el caso español, sin embargo, Bruselas ha observado con inquietud la intención del Gobierno de intentar renovar y ampliar los términos del actual convenio.
El comisario recuerda al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que el Tribunal de Justicia de la Unión declaró ilegales en 2002 las llamadas cláusulas de nacionalidad de los tratados bilaterales de aviación.
Los jueces ya han fallado en contra de ocho países (Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, y Luxemburgo) por reservar en exclusiva para sus líneas de bandera la cobertura de las rutas transatlánticas.
Bruselas, sin embargo, no ha conseguido todavía cerrar un acuerdo comunitario con EE UU que permita revocar esos convenios bilaterales.
Ultimátum para la directiva de electricidad
España deberá incorporar a su legislación en un plazo de dos meses las directivas europeas de liberalización de los mercado de gas y electricidad. La Comisión Europea advirtió ayer que de no cumplirse ese plazo presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas considera inaceptable que España y otros nueve países de la UE aún no hayan adoptado unas directivas aprobadas en junio de 2003.La CE subraya que no basta con liberalizar el mercado, sino que debe ofrecerse al consumidor las garantías de suministro, la transparencia de tarifas y el etiquetado con la procedencia de la energía que establecen las directivas.Bruselas medirá próximamente el grado real de competencia en los mercados energéticos, verificando el número de usuarios que han cambiado de suministrador.