La era de las garantías para la integración laboral
Dos de cada tres personas con una discapacidad en España está en el paro, una tasa que dobla el nivel de desempleo respecto al resto de la población. Este dato nos sitúa en el penúltimo puesto dentro de los 25 países de la Unión Europea en lo que se refiere a la integración laboral de discapacitados, una situación incomprensible si se tiene en cuenta que desde el año 82 existe una ley (Lismi) que exige que cualquier compañía con más de 50 empleados debe reservar el 2% de los puestos de trabajo a personas con minusvalías. Muy pocos son los que han cumplido con la ley.
'El primero en no cumplir ha sido el sector público', comenta Carlos Rubén Fernández, presidente de la Fundación ONCE, quien cree que las cosas empiezan a cambiar poco a poco. Con la aprobación de la ley de igualdad de oportunidades en 2003 y otra serie de iniciativas, la administración ha querido ganar el tiempo perdido pues parte de una situación muy desequilibrada. Las instituciones tenían que cumplir con una cuota del 3%, pero en realidad el número de discapacitados que trabajan en organismos públicos representan al 0,8% de los funcionarios.
Lejos de amedrentarse, el ejecutivo decidió ampliar su compromiso y reservar el 5% de las ofertas públicas de empleo a personas con discapacidades. Además, se ha ampliado las ayudas al fomento del empleo, que en 2005 van a sumar 500 millones de euros en bonificaciones y subvenciones; y se han puesto en marcha distintos programas de formación.
'Desarrollar un catálogo punitivo sirve de muy poco', cree Valcárcel
'En una primera fase se hizo una declaración de derechos y ahora hemos entrado en la fase de garantizar de forma efectiva que se cumplan', explica Amparo Valcárcel, secretaria de estado de Asuntos Sociales ante las circunstancias que se han vivido en los últimos años. 'Una de las prioridades del gobierno es reducir significativamente el desempleo de este colectivo a lo largo de esta legislatura y reducir la brutal brecha respecto al resto de los ciudadanos', insiste Valcárcel.
La importancia de la nuevas medidas en el sector público es que van acompañadas de compromisos como el reservar las plazas que no sean cubiertas para las siguientes convocatorias de empleo público de mono que no se pierdan esos plazas. La política del gobierno, y la que también apoya la Fundación ONCE, para el sector privado rehuye de las sanciones u otras medidas de presión. Aunque sí se contempla un aumento de las inspecciones de trabajo, las medidas van siempre enfocados a estímulos fiscales y otros incentivos.
'Desarrollar un catálogo punitivo sirve de muy poco. Siempre hay una excusa para no cumplir, basta con decir que no se presentaron candidatos o que éstos no cumplían con el perfil necesario', reflexiona Valcárcel. Carlos Rubén Fernández está de acuerdo con la secretaria de estado y asegura que 'lo más importante es ponérselo fácil al empresario. Y después, no hay nada más eficaz que el boca a boca'.
La Fundación ONCE, a través de su programa Inserta, ha logrado que 54 empresas incluyan en sus plantillas a personas con discapacidad. 'El empresario pierde el miedo al comprobar que una persona con discapacidad es igual o más productiva que cualquier otro trabajador'. Fernández cree que el empresario ha tenido muchos tabúes, que en la práctica desaparecen en poco tiempo pues en seguida descubren que estas personas pueden cubrir puestos de lo más dispares en cualquier sector de actividad desde la distribución como ya hacen en Carrefour o Eroski hasta en la paquetería urgente como es el caso de MRV.
La Fundación ONCE ha empezado a notar que son las propias empresas las que llaman a su puerta. 'Las políticas de RSC dieron lugar a acciones puntuales, que a raíz de su éxito, han hecho que estos programas formen parte de la estrategia empresarial', concluye.
Certificados de responsabilidad social
Entre las medidas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fomento del empleo de personas dicapacitadas destaca una iniciativa que aún está en fase de desarrollo. El ministerio quiere crear un certificado de responsabilidad social corporativa que será entregado a las empresa que, entre otras cosas, cumpla con las cuotas de contratación del 2%. 'Tenemos que realizar una labor pedagógica para explicar que las empresas quieran cumplir con este cupo no sólo forzados por la ley, si no por otras ventajas. Las empresas se sorprenden de los niveles de formación, la gran motivación y la productividad de estas personas para las cuales un trabajo supone, además de la autonomía económica, un medio fundamental para integrarse en la sociedad', comenta Valcárcel.Una de las ventajas de incluir en la plantilla a alguien con una discapacidad es la sensación de tranquilidad y normalización. La ONCE insiste en recortar que hay 35.000 familias que conviven con una discapacidad y que en España hay un total de 3,5 millones de personas con algún problema físico o psíquico, una situación que comparten 45 millones de personas en toda Europa.Desde el sector privado se echa de menos más información. 'Para promocionar este tipo de contratación habría que desplegar una gran campaña dando todas las claves y contestando a todas las preguntas que pudieran surgir y que fuese dirigida a las grandes compañías pero también a las pymes', comenta Pilar Salgado, directora de Acción Social de Laboratorios Indas.