Un límite para los retiros anticipados

Una vez más reaparece en el escenario económico el debate sobre las jubilaciones anticipadas, sus costes para el Estado y su impacto sobre el mundo laboral. En esta ocasión por una iniciativa legal que estudia el Ministerio de Trabajo para poner un límite a las irregularidades que representan las jubilaciones anticipadas parciales. Una modalidad que implica una ventaja para algunos y una manifiesta desigualdad para el colectivo laboral.

El año pasado las jubilaciones parciales anticipadas crecieron un 40% en los primeros 10 meses. Esto se tradujo en que esta forma de jubilación representó en 2004 el 15% de las 130.000 nuevas pensiones de jubilación del Régimen General. Fuentes responsables de Trabajo anticipan que, en cinco años más, esta vía de jubilación representará el 50% del total. Si este porcentaje se alcanza, los gastos de la Seguridad Social se elevarán significativamente, pues esta modalidad no implica ningún recorte en la cuantía de la pensión.

Este sistema parcial está vigente desde 2001. Bien mirado, se trata de un mecanismo que no se corresponde con lo que debería ser la igualdad de cotizaciones a la hora del retiro. De hecho, esta fórmula permite que un trabajador pueda jubilarse a los 60 años y la única exigencia es haber cotizado un mínimo de 15 años. El Ministerio de Trabajo estudia, justamente, elevar ese requisito a 30 años, poniendo en pie de igualdad a quien opte por este retiro anticipado con aquellos que eligen otra fórmula de jubilación antes de los 65 años que marca la ley.

Pero la excepcionalidad de lo que se busca corregir es mayor, pues la cuantía final de la pensión a la que se accede a los 65 años no tiene ningún coeficiente reductor como pasa con otras vías de jubilación anticipada. Así, la Seguridad Social paga el 85% de la pensión anticipada durante cinco años y, a partir de la edad de jubilación, el 100%. La iniciativa oficial es una medida de austeridad fiscal y de igualdad ante la ley.