Lo que está en juego
Los que somos menores de 60 años sólo hemos conocido una Europa en paz. Es la excepción: lo normal en la historia de nuestro continente ha sido la guerra.
Esa trayectoria de violencia y enfrentamientos se superó por primera vez en 1957 con el Tratado de Roma, compromiso de seis Estados para crear un mercado común que mejorase su desarrollo económico y permitiera competir en mejores condiciones con EE UU y el bloque del Este.
Por ello, la crítica que hizo buena parte de la izquierda política y social, tenía una base real. Se apostaba por la Europa de los mercaderes, no por la Europa de los ciudadanos. En el tratado de Roma las referencias políticas estaban en segundo plano y las de contenido social eran prácticamente residuales y concebidas para posibilitar la libre circulación de trabajadores.
Lo que esas posiciones críticas y desconfiadas no podían prever es el profundo cambio cualitativo, que en sólo 48 años y muy en especial en los últimos 15, nos ha conducido de un tratado mercantil y económico a una unión política cada vez mas intensa, a una Constitución, que inserta el tradicional modelo de bienestar social del centro y norte de Europa en el proceso de construcción de la Unión.
La izquierda más critica debe hacer un análisis riguroso de lo que supone integrar y cohesionar realidades tan diversas en lo político, cultural, económico, demográfico, social, etcétera. Lograr puntos de encuentro entre intereses socioeconómicos de 25 Estados, mucho más heterogéneos de lo que eran los seis países fundadores del Mercado Común, con niveles de empleo, políticas de bienestar social, sectores productivos, competitividad, inmigración o infraestructuras tan dispares, requiere una cultura de pacto y negociación que hasta ahora nunca se habían conseguido. Sin olvidar la gran diversidad de las fuerzas políticas que participan en sus Gobiernos o están representadas en el Parlamento Europeo, lo que hace especialmente complejo alcanzar consensos políticos.
Este proceso que estamos desarrollando no es una referencia cómoda para los otros grandes modelos de sociedad: el neoliberal compasivo de EE UU, el capitalismo salvaje de Rusia o la dictadura desarrollista de China. Para sus intereses económicos, sociales y políticos, la Unión Europea no es algo que les entusiasme. Somos sus rivales económicos y una referencia alternativa de su modelo de Estado y sociedad para decenas de países en desarrollo.
Sólo partiendo de esta realidad podremos valorar adecuadamente y no en términos abstractos el proyecto de Constitución que vamos a votar en referéndum.
Por eso no valen análisis cortoplacistas o localistas de la Constitución. Hay sectores de la izquierda que se mueven entre el polo del idealismo nostálgico y el deseo del arbitrismo hasta la última coma. Pero olvidan algo tan obvio como que el desarrollo y la aplicación progresista o conservadora de la Constitución van a venir dados, no tanto por la mera interpretación jurídica de la letra como por la correlación de fuerzas que haya en cada Estado y en la Unión en su conjunto.
Es necesario ver la aprobación de la Constitución europea como una pieza clave y un paso político fundamental para conseguir a largo plazo otro tipo de globalización.
Pero es que además el contenido de la Constitución es en líneas generales progresista. Quizás no tanto para los trabajadores suecos o austriacos. Bastante más para nosotros, los portugueses o los italianos y muchísimo para los 10 nuevos Estados, tan alejados aún de los derechos que se consagran en el texto constitucional.
Es evidente que la Constitución podría haber sido mucho mejor. Tener menos cautelas. Ser más ambiciosa políticamente y mas avanzada socialmente. Pero una hipotética constitución más a la izquierda, ¿la habrían aprobado Reino Unido, Irlanda, Austria, Italia? ¿O la práctica totalidad de los 10 nuevos Estados? Seguramente, no. ¿O es que no estamos enterados de cuáles son las correlaciones de fuerzas políticas en Europa? El fracaso y la alternativa de esta Constitución no es más democracia política o más progreso social: es más influencia y poder de los neoliberales a ambos lados del Atlántico.
Los sindicatos de nuestro país y la Confederación Europea de Sindicatos, lo tenemos clarísimo. Hubiera sido bueno que este debate político se hubiera producido en Izquierda Unida, porque mucha gente de ésta organización no comparte o tiene serias dudas de la posición que precipitadamente se adoptó al calor de un proceso congresual, presionados por sus sectores más radicales.
Izquierda Unida y sus aliados europeos no deberían correr riesgos de mayor aislamiento social, en especial del movimiento sindical, y prepararse y buscar amplias alianzas para el desarrollo progresista de la Constitución. Estamos a tiempo de reflexionar políticamente de lo que nos jugamos con la aprobación o no de la Constitución.