Regularicémonos todos
Agrupémonos todos en la lucha final, dicen las últimas estrofas de la Internacional. Pero si el letrista trabajara sobre un encargo de estos días hubiera sustituido lo de agrupémonos por regularicémonos. Es lo que correspondería cantar a los nuevos proletarios venidos a Europa desde tierras más o menos lejanas del subdesarrollo para hacerse cargo del cuidado de nuestros hijos pequeños y de nuestros padres ancianos, y para asumir los trabajos más penosos e insalubres, rehusados por los indígenas del lugar más o menos establecidos. Son los inmigrantes llegados en pateras, como polizones en los vehículos pesados o desembarcados en puertos y aeropuertos con documentos más o menos simulados.
Las últimas normas reglamentarias dictadas por el Ministerio de Trabajo, que tiene al frente a Jesús Caldera, no han desencadenado entre sus posibles beneficiarios el movimiento masivo que se esperaba.
La afluencia a los centros designados ha sido muy inferior a lo previsto, dicen que a causa del bajo interés de los empleadores por seguir las pautas indicadas y abandonar sin penalización la recluta de trabajadores fuera de las normas, a precios muy por debajo del salario mínimo y sin pago alguno de cuotas a la Seguridad Social para mejor lucro de la economía sumergida.
Sobre la inmigración reverberan multitud de apriorismos cerriles y de mitos benévolos y faltan datos contrastados
Pero, frente los escasos efectos sobre los que debieran resultar agraciados, la bronca organizada en las filas del Partido Popular por parte de los que veneran a Ángel Acebes ha sido de campeonato. Todo es insistir en el efecto llamada que multiplicará la llegada de los irregulares cuya extinción se deseaba.
Además, los reglamentos de Caldera han venido a coincidir de manera casi sincrónica con las medidas anunciadas por el primer ministro laborista Tony Blair en la Cámara de los Comunes, para endurecer las condiciones de aceptación de los inmigrantes, a quienes se exigirá en adelante un buen conocimiento de la lengua inglesa y que se ajusten al perfil de las necesidades detectadas previamente en el mercado laboral, según las pautas que desde hace años aplican en Australia.
A falta de un examen pormenorizado de la nueva reglamentación ministerial, en otros países de la UE ha cundido el desconcierto porque hace años, a partir del Consejo Europeo de Tempere (Finlandia), quedó claro que el fenómeno de la inmigración, como el problema de la droga, es imposible abordarlo con soluciones diseñadas para su aplicación en el ámbito de un solo país. Mucho más con los acuerdos de Shengen, a tenor de los cuales quien ingrese en la UE por cualquiera de sus fronteras tiene la posibilidad de desplazarse sin impedimentos dentro de ellas.
Sobre la inmigración reverberan multitud de apriorismos cerriles y de mitos benévolos y faltan datos contrastados. Por eso, suscitó enorme interés el análisis de dicha cuestión dentro de una de las Jornadas sobre la Constitución de la UE que promueven la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Carlos de Amberes. En ese marco tuvo especial relevancia la intervención del ex ministro Carlos Solchaga porque acertó a situar el fenómeno en su perspectiva histórica, a considerar los aspectos económicos y demográficos, a tratar de los efectos en los lugares de origen y destino y a sintetizar el tratamiento que recibe en la UE.
Solchaga pulverizó algunos mitos ingenuos sobre los efectos que algunos atribuyen a la inmigración y dejó claro que los jóvenes que ahora vienen a cotizar a favor de nuestras pensiones, si persisten, acabarán por ser también beneficiarios de las mismas. Subrayó que los aportes demográficos irán decreciendo porque los índices de natalidad de los que llegan en la siguiente generación se aproximarán a los nuestros.
En definitiva, todos los panelistas, entre los que se encontraban también el europarlamentario Enrique Barón, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal; el sindicalista Julián Ariza; el investigador principal del Real Instituto Elcano, Rickart Sandell, y el periodista Joaquín Estefanía, estuvieron concordes sobre la necesidad de proceder con máxima atención después de depurar con rigor los datos, y de procurar el consenso reservado a las grandes políticas de Estado.