Juicio

Botín defiende que el consejo avaló las jubilaciones millonarias

Maratoniana sesión del juicio a Emilio Botín. El presidente del Santander afrontó casi cuatro horas de interrogatorio del fiscal y su letrado firme y a ratos incómodo. Reiteró que los pagos millonarios realizados al ex copresidente y al ex vicepresidente, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, fueron aprobados por varios consejos 'por unanimidad' desde enero de 1999. Y negó que hubiera habido 'un cheque en blanco'.

Más madrugador aún que en el primer día de comparecencia, el pasado miércoles, Botín debió pensar que el escenario no era el más apropiado para empezar su interrogatorio. Por la celebración simultánea de otros juicios en la Audiencia Nacional, el banquero y los otros dos imputados en el caso de las jubilaciones millonarias tuvieron que encarar la sesión en la sala con cámara blindada que suele reservarse a vistas de terrorismo. Afortunadamente su sitio estuvo fuera del habitáculo, que quedó reservado para periodistas de radio y televisión.

Como primera táctica, el presidente del Santander optó por sortear a los letrados de las acusaciones (el condenado por el caso Banesto y ex consejero Rafael Pérez Escolar y el abogado y accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui) y se acogió a su derecho de no responder. Aunque, luego indirectamente contestó a muchas de las cuestiones a través de las preguntas de uno de sus abogados defensores, el ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren (hoy en Uría & Menéndez).

A través del interrogatorio de Bueren y del fiscal Fernando Burgos, Botín, con rostro grave, urdió su defensa alrededor de esta premisa: el bonus de 43,75 millones a Amusátegui y la jubilación de 108,1 millones a Corcóstegui fueron conocidos y aprobados por el consejo de administración en varias reuniones celebradas entre el 15 de enero de 1999 (cuando se acordó la fusión) y el 13 de febrero de 2002 (cuando se aprueba la salida de Corcóstegui) 'por unanimidad'. Y pasaron por las juntas de accionistas en el momento de aprobar las cuentas.

'Eran los pagos que el consejo debía fijar y no se pagó una peseta más. Volvería a pagarlos de nuevo si tuviera que decidirlo hoy', dijo el banquero

Ni luchas de poder ni discrepancias

En el caso de Amusátegui, el fiscal generó dudas sobre si el contrato de enero de 1999 en el que constaba la jubilación y su salida prevista en la junta de 2002 tenía la cifra del bonus completada a mano posteriormente. Botín, en el momento en que mostró mayor nerviosismo del interrogatorio, negó que se hubiera dado un 'cheque en blanco' a Amusátegui y que 'comprara su cese' para no obstaculizar la fusión entre BCH y Santander, como preguntó la acusación. Bueren se molestó con el fiscal y se apresuró a hacer leer el texto de enero que incluye la cifra manuscrita.

El banquero negó de plano luchas de poder entre la rama BCH y la del Santander y afirmó categórico que 'en absoluto me sentía incómodo por compartir el poder' ejecutivo del nuevo SCH con Amusátegui y Corcóstegui.

Sobre los pagos, señaló que 'eran los que el consejo debía fijar' y 'no se pagó ni una peseta de más'; 'volvería a pagarlos de nuevo si tuviera que decidirlo hoy'. Justificó las salidas anticipadas de los ejecutivos porque ambos se lo pidieron. Amusátegui le dijo, según palabras del banquero, 'que la misión que tenía había acabado' y que 'era bueno' presentar su renuncia 'cuanto antes' (consejo del 16 de agosto de 2001) y Corcóstegui le comunicó que 'estaba cansado' y no podía seguir.

Hoy está previsto el interrogatorio a Amusátegui, que tendrá que corroborar lo declarado por Botín. En la larga sesión de ayer hubo momentos de distensión e incluso carcajadas, casi todos a cargo del fiscal que preguntó a Botín si consideraba que el banco era 'generoso o cutre' en sus retribuciones.

El ex juez Carlos Bueren se impone en el estrado

La aparición del ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren (conocido por varios casos relacionados con terrorismo) como portavoz de la defensa de Botín causó sorpresa en la sesión de ayer. Impuso su estrategia y logró que el banquero armara mejor el argumento para defenderse de los presuntos delitos societario que plantea la acusación, apropiación indebida o administración desleal por los que piden penas de prisión de entre seis y doce años.

El juez, que hace tiempo fichó por el prestigioso bufete Uría & Menéndez (del que el Santander es cliente habitual), ya estaba en el equipo de la defensa de Botín, junto con el letrado y catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo. Pero fue éste quien presentó la batería de pruebas el primer día de comparecencias, el pasado miércoles, cuando se aplazó el interrogatorio.

Sin embargo, ayer Carlos Bueren tomó claramente las riendas y defendió lo que podía haber perjudicado a Botín, dadas sus respuestas, en la cuestión sobre la línea completada luego a mano con bolígrafo con la cifra que incluía el bonus pagado a Amusátegui en el contrato de enero de 1999.

El fiscal, Fernando Burgos, por su parte, proporcionó oportunidades al banquero para que dejara claro que los pagos pasaron por la supervisión y aprobación del consejo, que es éste órgano, según los estatutos del banco, el que fija las retribuciones y que no hubo 'cheque en blanco' a Amusátegui. La fiscalía ha pedido cuatro veces archivar la causa.

Botín, que sigue sin perdonar la corbata corporativa de color rojo, tuvo de su parte la amabilidad del presidente del tribunal, Antonio Díaz Delgado, quien le evitó al final repetir preguntas ya contestadas con anterioridad.

acusaciones Cantidades excesivas y 'en secreto'

La estrategia de las acusaciones se centró en una batería de 160 preguntas con las que intentaron demostrar que las cantidades que se pactaron con Amusátegui y Corcóstegui, 'en secreto', eran excesivas, dado 'el corto periodo de tiempo' que ambos estuvieron en el nuevo SCH y perjudicaron a los accionistas. El veterano letrado de Rafael Pérez Escolar, José Manuel Gómez Benítez, cuestionó que por tres años en el nuevo banco, Corcóstegui 'recibiese 108 millones y lo mismo para Amusátegui'.

Mientras, Pep López, abogado de Juan Francisco Franco Otegui (fundador de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes) fue más agresivo en sus planteamientos y remató las cuestiones de su colega. Planteó que Amusátegui cobró para irse y 'no obstaculizar la fusión entre el Santander y el BCH' y cuestionó que cobrara el 3,3% el beneficio del banco en 2001. Expuso también que Corcóstegui podía haber percibido el equivalente a cinco anualidades (unos 28 millones de euros), algo que le hubiera salido más barato a la entidad.

175 millones para Corcóstegui era la retribución que en principio le hubiera correspondido si se hubiera jubilado a los 55 años y no a los 50, explicó ayer Botín, quien destacó que la retribución final se redujo un 42%. Añadió que la pactó con Amusátegui y el consejo vio un borrador del contrato sobre remuneración el 17 de abril de 1999, dos días antes de firmarlo Corcóstegui.

El presidente del tribunal, Antonio Díaz Delgado (que fue ponente en el caso Banesto), decidió ayer estudiar si acepta las pruebas presentadas por las dos acusaciones para rebatir las aportadas por las defensas el miércoles. Entre ellas, figura una relación de las retribuciones cobradas por ex presidentes del Central Hispano, BCH y Banesto, además de una certificación del cargo que ocupó el catedrático Manuel Olivencia (autor del informe de buen gobierno) en el SCH. A esto se une una lista de 26 inspectores del Banco de España para que declaren los correspondientes.

Botín arremetió contra Pérez Escolar al inicio de su declaración para explicar por qué no contestó las preguntas de las acusaciones. Emilio Botín afirmó que es un 'grupo' que 'persigue insistentemente' al banco desde que en 1994 compró Banesto e 'intentó recuperar lo que pudo de deudores', entre ellos, Rafael Pérez Escolar.