El Gobierno suavizará la 'acción de oro' de las empresas privatizadas
El futuro paquete de medidas urgentes sobre competitividad tendrá un protagonista destacado: la acción de oro. En un movimiento que afecta a las cinco mayores empresas del país, el Gobierno ultima una nueva regulación en la que los controles se suavizan al mínimo. Telefónica, Repsol, Endesa, Móviles e Iberia quedarán desprotegidos frente a entradas en su capital. Sólo se vigilarán algunas decisiones ulteriores.
El Gobierno es consciente de que la reforma de la acción de oro española es un camino por el que, antes o después, tiene que pasar. El expediente abierto contra esta norma el verano pasado por la Comisión Europea lo convirtió en una cuestión de tiempo y el Ejecutivo ha decidido que el momento es ahora. En esta conclusión pesa tanto la necesidad de hacer un gesto hacia las instituciones comunitarias como la intención de dar un impulso definitivo a la liberalización del sector empresarial.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que la modificación de la acción de oro es la principal sorpresa que aguarda en el complejo y variado paquete de medidas urgentes para fomentar la competitividad y productividad que se está preparando en estos momentos. La intención del Ejecutivo es que se incluya en este paquete, pero la modificación se aprobará en cualquier caso aunque tenga que ir en solitario.
Todavía se está trabajando sobre la redacción final del documento, pero fuentes conocedoras de los objetivos del Gobierno explican que la acción de oro no se eliminará, pero sí se suavizará. Todos los condicionantes se están mirando con lupa, puesto que se trata de una normativa que afecta a las cinco principales empresas de este país.
Es cierto que el Gobierno dejó que venciera el pasado marzo sin renovarse la golden share de la más pequeña de las compañías controladas, Indra, pero todavía quedan las más importantes. Telefónica, Repsol YPF, Endesa, Telefónica Móviles e Iberia están sujetas a la supervisión del Gobierno en determinadas actuaciones hasta 2006 o 2007.
Ahora, la tesis sobre la que se está trabajando es la eliminación total de los controles en las entradas en el capital de las empresas privatizadas. Ya no dependerá de que las tomas de participación sean financieras o no, o de que se queden por debajo del umbral del 10%, como establece la regulación actual.
Este aspecto es el más conflictivo de la reforma, entre otras cosas porque la protección de las empresas que tienen en sus manos los servicios públicos del país es la razón de ser de cualquier control gubernamental. Hasta el momento, las cinco compañías que cuentan con golden share no tenían nada que temer en este sentido, ya fuera una entrada hostil o no. La última variación de la acción de oro, acometida durante el Gobierno del PP, flexibilizó la norma para permitir la compra de participaciones financieras superiores al 10%, pero siempre que el comprador no tuviera intención de participar en el control o la gestión de las compañías. En caso de que la tentación fuera otra, se exigía notificación previa y el Gobierno podía oponerse.
Esta flexibilización suponía, en la práctica, mantener el mismo control sobre las empresas privatizadas, pero ni siquiera se hizo extensible a todas ellas. Para evitar cualquier problema, Repsol YPF quedó excluida, en un intento de reforzar su protección frente a entradas hostiles.
La nueva norma que prepara el Gobierno liberalizará estos movimientos, pero no todos los controles desaparecerán. El Ejecutivo seguirá teniendo la posibilidad de intervenir, y parar, en su caso, determinadas decisiones ulteriores que tomen las compañías privatizadas después de que se produzcan cambios en el capital.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que, una vez modificada, los restos de la acción de oro seguirán la línea de la regulación que tiene Bélgica en esta materia. Y es que la normativa belga es la única que, hasta el momento, ha pasado el filtro y cuenta con el visto bueno comunitario.
Protecciones hasta 2007
La acción de oro ha afectado durante su existencia a un buen número de empresas, pero ahora son cinco las que quedan protegidas.Con la actual regulación, la compañía que antes verá extinguirse su golden share -en caso de que nada cambie- sería Repsol YPF. Según el decreto particular que regula a la petrolera en esta materia, el 6 de febrero de 2006 perderá la protección.La siguiente en la lista es Iberia, cuya acción de oro también caduca en 2006, aunque en su caso existe la posibilidad de prórroga.Para 2007 quedan Telefónica y Endesa. La primera la tiene hasta febrero y la eléctrica se quedaría sin ella en junio.En los últimos años, sin embargo, son varias las empresas que han perdido la protección. El Gobierno dejó en marzo que expirara la golden share de Indra sin renovarla. Argentaria también tuvo controles en su día, que ya han pasado a la historia. Lo mismo ha sucedido con Tabacalera, totalmente liberalizada cuando se ha convertido en Altadis.
Con la imagen del modelo belga en la cabeza
1La revisión que va a acometer el Gobierno sobre la normativa de la acción de oro no es la primera que se realiza para cumplir con las exigencias comunitarias. Después de años de resistencia, el Gobierno de PP se avino a plantear una reforma el último día del año 2003. Lo hizo porque el proceso contra la golden share española había llegado ya a un punto insostenible, con la posibilidad de enfrentarse a una multa diaria por incumplir los dictados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.2Después de estudiar la situación durante meses, la reforma del PP entró en vigor. El Gobierno dulcificó de alguna manera la entrada en el capital de las empresas privatizadas, pero sólo si se trataba de participaciones financieras, y excluyendo del grupo a Repsol. Cambió la autorización previa para las compras no financieras superiores al 10% por una notificación, aunque en el fondo las posibilidades del Ejecutivo de vetar las operaciones y privar a los compradores de derechos políticos eran exactamente las mismas que en la anterior regulación.3En ese momento, el Gobierno aseguró que los cambios pasarían el filtro de la Comisión Europea, ya que la nueva normativa se asemejaba mucho a la belga. Pero las instituciones comunitarias no lo entendieron así. Bruselas se aplicó muy pronto en el estudio de la reglamentación y en julio, menos de siete meses después de su aprobación, hizo público su veredicto. Otra vez, la legislación sobre la acción de oro era contraria a las normas comunitarias y España debía modificarla.4Eso está haciendo ahora el actual Gobierno del PSOE. Fuentes conocedoras de los cambios que se avecinan aseguran que, en esta ocasión sí, la nueva norma pasará el filtro de Bruselas porque será muy similar a la belga. Habrá que esperar al documento definitivo para constatarlo.