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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Impulsar la competencia

El Gobierno prepara un paquete de medidas liberalizadoras con las que pretende dar un impulso a la competencia en industrias estratégicas como la energía, el transporte y las telecomunicaciones. A falta de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el Ejecutivo socialista pretende incluir estos cambios normativos en una especie de ley escoba que debería servir para ejecutar las siempre amagadas y nunca materializadas liberalizaciones sectoriales. Para el nuevo equipo de gobierno, se trata de una oportunidad histórica para poner en marcha muchas de las promesas liberalizadoras hechas durante los años de oposición parlamentaria.

El Gobierno del Partido Popular ya aprobó varios paquetes de medidas urgentes para impulsar la competencia, pero sus efectos han sido bastante pobres en la mayoría de los sectores, y un fracaso rotundo en el caso específico del suelo. En cuanto al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se estrenó en esta materia con una modificación de la ley de horarios comerciales que, de hecho, suponía un paso atrás.

Es de esperar que la normativa que prepara ahora sirva, entre otras cosas, para dar un empujón decisivo a la libre competencia en los sectores energético y de hidrocarburos, avanzar todavía más en el de telecomunicaciones, aclarar y ampliar el mapa audiovisual, y profundizar en muchas de las reformas liberalizadoras iniciadas durante los años de gobierno del Partido Popular.

El equipo socialista se ha comprometido a mantener la estabilidad presupuestaria y a simplificar el modelo fiscal. Pero también ha prometido a los votantes impulsar la productividad y la competitividad de la economía española, algo que resulta imprescindible para frenar la escalada inflacionista y garantizar el crecimiento futuro. España es un país en el que se ha privatizado mucho y se ha liberalizado muy poco de manera efectiva. Algo que beneficia fundamentalmente a los accionistas de las empresas privatizadas, en detrimento del bien común de los ciudadanos.

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