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Tribuna
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Un futuro para el Estado de bienestar

El autor analiza el llamado tercer sector o economía social, un segmento complementario del público y el privado tradicional. En su opinión, se trata de un sector próspero que se enfrenta a un entorno hostil, con dificultades para autofinanciarse y sin reconocimiento institucional

Si nos preguntaran por un sector de nuestra economía cuyo perfil de empleo destacara por su estabilidad, que presentara una mayor cabida para la mujer, para los jóvenes que buscan su primer empleo, para los inmigrantes, para las personas con discapacidad y que incorporara una alta proporción de trabajadores de muy alto nivel formativo, probablemente dudaríamos de que realmente existiera algo así en nuestros días. Si a estos parámetros tan necesarios como atípicos le añadiéramos los atributos de prosperidad y rentabilidad, a priori lo podríamos catalogar de utopía. Sin embargo, ese segmento existe ya en nuestra economía y, si su desarrollo coincide con sus previsiones, seguirá creciendo y ganado peso en el mercado. Se trata del tercer sector o economía social.

Asociaciones, fundaciones, entidades singulares, obra social de cajas de ahorros, cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo y empresas de inserción constituyen un sector altamente dinámico que no viene a sustituir a los dos grandes sectores de nuestra economía -el público y el privado tradicional-, sino que su verdadera función es la de servir de complemento. Un entramado de actividades sociales que irrumpen en nuestra economía como la respuesta creativa de la propia sociedad ante las nuevas necesidades sociales que surgen con el desarrollo económico.

Bajo el título Las cuentas de la economía social. El tercer sector en España, ha salido a la luz un estudio de investigación dirigido por el profesor José Luis García Delgado y de un nutrido elenco de investigadores de primera línea procedente de distintas universidades españolas. Una obra rigurosa que pone en valor de mercado la actividad de ese plural universo institucional en el marco de la economía española.

Según los datos globales que arroja el estudio, se trata de un tercer sector que agrupa a 165.000 entidades (un 6,5% del total de España); a un millón de asalariados (aproximadamente un 7% del colectivo nacional) -casi un 10% del empleo equivalente si incorporamos el trabajo voluntario-. En definitiva, más de 31.000 millones de euros de valor añadido bruto que representan alrededor de un 5% del total nacional.

Un sector que es capaz de producir riqueza y de distribuir recursos a la vez que se muestra socialmente responsable hacia los colectivos más vulnerables. Compatibilidad que sitúa a las entidades de la economía social de nuestro tiempo en una posición relevante para encarar algunos de los problemas básicos de las sociedades avanzadas. Una renovada vía estratégica con enormes posibilidades tanto en el campo asistencial como en el empresarial, capaz de reconciliar la economía con la sociedad y hacer factible el tránsito hacia una verdadera sociedad de bienestar.

Hasta aquí hemos hablado de la prosperidad de un sector que avanza pero que a menudo se enfrenta a un entorno hostil que no ha sido diseñado a medida de sus necesidades. Por un lado, todavía existen entidades -sobre todo las de acción social- con dificultades para autofinanciarse y que siguen dependiendo de las subvenciones públicas. Por otro, la falta de reconocimiento institucional que da lugar a consecuencias de índole variada. Desde las puramente legislativas que no contemplan este tipo de entidades ni obviamente sus rasgos diferenciadores, hasta la ausencia de interlocución en asuntos públicos que les deja fuera de las consultas que el Gobierno hace con el resto de representantes empresariales. Sirva de ejemplo algo tan incongruente como la repercusión del IVA. Las ONG están obligadas a desembolsar el IVA a sus proveedores sin que después lo puedan repercutir en productos y servicios que frecuentemente ofrecen gratuitamente al público.

El tercer sector, por la magnitud que ha alcanzado y por el tipo de tareas que despliega, precisa de fuentes de recursos estables acomodados a sus peculiaridades que garanticen su desarrollo y no comprometan su autonomía de gestión. Si el empresario capitalista lo que precisa es crédito, el empresario social también. Pero las posibilidades de este último no son nada halagüeñas: la estructura económico-financiera de las entidades del tercer sector no es muy pujante, su inmovilizado es mínimo y su capacidad para generar recursos propios suele ser menor. Un panorama a menudo desfavorable que dificulta el acceso a los canales de financiación bancarios y no bancarios, reduciendo y encareciendo los fondos disponibles.

En definitiva, el tercer sector es un sector dinámico y pujante que para liberar a las Administraciones de multitud de servicios sociales y hacer viable el Estado de bienestar necesita institucionalizarse. Alcanzar la legitimación con un doble propósito: disponer de regulación y protección específica y formar parte activa del diálogo civil en la proporción que realmente le corresponde.

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