'Queremos penas más duras para quien ayude a defraudar'

Los inspectores denuncian la práctica de algunos bufetes de abogados, economistas y entidades financieras que asesoran para defraudar a Hacienda

Lleva al frente de los inspectores de Hacienda poco más de dos meses, tras 20 años de experiencia en la profesión. José María Peláez conversa con Cinco Días sobre el borrador del plan de prevención del fraude que ha presentado la Agencia Tributaria. Cree que falta personal y medios para desarrollarlo y propone, entre otras medidas, un endurecimiento de penas para quien preste asesoramiento técnico para defraudar.

Pregunta. ¿Cómo valora el plan contra el fraude?

Respuesta. Tiene muchos defectos. El fundamental, y que lo hace inviable, es que se necesitan mayores medios materiales y personales para llevarlo a cabo. El plan tiene 351 medidas, algunas de una complejidad enorme. Se pide que con los mismos medios se haga mucho más y no sé cómo lo vamos a hacer. Me pregunto por qué no se ha hecho antes si eran suficientes los medios. En segundo lugar, no contiene medidas normativas. Sólo propuestas. Nosotros proponemos varias. Entre ellas, una reforma de la ley general tributaria, otra del código penal para mejorar la figura del delito fiscal, y que se apruebe de una vez el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria, para que su director tenga independencia política.

'Lamentablemente, la policía fiscal se ha caído del plan. Se limita a un convenio'

P. ¿Se necesita una ley?

R. Sí. Consideramos imprescindible que las reformas del plan se recojan en una norma con rango de ley.

P. ¿Piden, entonces, cambios en el delito fiscal?

R. Sí. Es un auténtico fracaso. No cumple las funciones de represión del gran fraude. La única modificación que se ha aprobado en los últimos años ha sido elevar la cuantía necesaria para considerar un expediente como delito fiscal. Primero fue 15.000 euros, luego 30.000 y ahora 120.000. Se ha hecho como alivio para desatascar los tribunales pero no ha evitado que los grandes defraudadores eludan la cárcel. Algunas conductas deben ser más castigadas.

P. ¿A quién afectaría?

R. A las personas que ofrezcan instrumentos a otros para que defrauden. Todos tenemos en mente experiencias de entidades bancarias que han colaborado en canalizar y ocultar dinero negro. Por tanto, queremos tipos específicos y penas más duras para quien ayude a defraudar, no sólo la banca, también para otros sujetos como asesores, despachos de abogados o economistas. Y quien tenga relación con paraísos fiscales.

P. ¿Y la policía fiscal?

R. Lamentablemente su creación se ha caído del plan. Se limita a un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior. Es casi lo que se está haciendo ahora. A nosotros nos es indiferente si la policía fiscal la debe formar funcionarios civiles de vigilancia aduanera, con una especialización, o algún cuerpo de seguridad del Estado (policía nacional o guardia civil), dependiendo de Hacienda.

P. ¿Para qué es necesaria?

R. Sobre todo, para investigar determinados fraudes. No se trataría de utilizarla para comprobaciones rutinarias sino, por ejemplo, para tramas de IVA. En estas tramas hay un conjunto de empresas sin actividad real, muchas veces de personas residentes en el extranjero. Estas piden deducciones y después hacen desaparecer las sociedades. Ese tipo de fraudes, con los medios que hay, es absurdo tratar de combatirlos. Se necesitan métodos policiales para identificar a los contribuyentes y ver si las empresas tienen actividad real o no. Son medios que exceden a los procedimientos habituales de comprobación. La policía fiscal ayudaría también a la justicia, en expedientes penales (delito fiscal o blanqueo de capitales).

P. ¿Critican también que se hiciera público el borrador del plan antifraude?

R. Desarrollar medidas con el detalle que se ha hecho constituye una auténtica irresponsabilidad. Estamos de acuerdo en que se publiquen las directrices generales pero no el contenido pormenorizado. Se pierde virtualidad si se avisa a los defraudadores de lo que se va hacer.

P. ¿Qué medidas organizativas se necesitan?

R. En el plan hay mucha coordinación de departamentos, pero es insuficiente. Creemos necesario una reestructuración completa de la Agencia. En concreto, queremos que exista un departamento de control que asuma todas las competencias de comprobación de cualquier contribuyente. Incluido el sistema de módulos.

P. ¿Se deben impulsar las comprobaciones limitadas?

R. No. La Agencia pretende potenciar esa línea para corregir la 'zona de sombra' que hay en contribuyentes con ingresos medios. Es absurdo pensar que con este tipo de comprobaciones (no se pueden ver contabilidades, sólo pedir documentos simples) se vaya a descubrir masivamente ingresos no declarados.

P. La Agencia dice que en sus quejas influyen sus reivindicaciones salariales.

R. Van al margen. La dirección de la Agencia ha decidido que cualquier aumento de retribución para los inspectores, por pequeña que sea, vaya vía productividad. Estamos negociando.

P. ¿Hay demasiados cargos de libre designación?

R. Casi la mitad de los inspectores están así. Significa que en cualquier momento te pueden cesar, por lo que te tienen silenciado. Se ha abusado mucho de esto. Hay que volver a un equilibrio entre puestos técnicos y de libre designación.

'Faltan, al menos, 4.000 subinspectores y cientos de inspectores'

José María Peláez insiste en la falta de personal para abordar el nuevo plan contra el fraude. 'La dirección de la Agencia dice que con los 27.000 trabajadores actuales es suficiente. Lo dice porque tiene que defender las limitaciones presupuestarias que le han impuesto desde arriba. Sin embargo, eso no quiere decir que no haga falta más. De hecho, es conveniente que se efectúe un nuevo estudio de la plantilla', comenta. 'La Agencia ya hizo un estudio hace cuatro años (plan de evaluación de recursos humanos, Perha), donde llegaba a la conclusión de que había que incrementar sustancialmente la plantilla.Entonces ya reconocía que eran necesarios 4.000 o 5.000 subinspectores y otro buen número de inspectores. Por tanto, cuatro años más tarde se puede decir que faltan al menos 4.000 subinspectores y cientos de inspectores. No lo digo yo. Lo dice la propia Agencia. Por eso es necesario que la dirección haga un nuevo estudio. Nosotros no debemos ser quienes calculemos los que faltan', y resalta que Administraciones tributarias similares como la francesa cuentan con más personal que la española.Para solucionar la supuesta falta de recursos, los inspectores proponen una nueva fuente de financiación. 'Destinar el 18% de los ingresos en caja (liquidaciones cobradas) de la Agencia para autofinanciación. El porcentaje se aplicaría a los ingresos que excedieran de los previstos inicialmente, lo que exigirá que trabajemos más, es decir, más productividad. Este método no generaría más gasto al presupuesto del Estado, ya que opera sobre exceso de ingresos', resalta.

'Investigar cuentas corrientes'

El colectivo de inspectores reclama que se investiguen las cuentas corrientes sin necesidad de notificación. 'Ya se hace, pero se necesita pedir autorización administrativa al delegado de Hacienda. Sin embargo, en determinados supuestos como fraudes organizados, donde se hace un seguimiento especial, es absurdo que tengamos que pedir autorización a nuestros jefes para investigar cuentas bancarias', comenta Peláez.