El desarrollo del Fondo de Cohesión como clave
La Comunidad Valenciana tiene desde 1988 las competencias sanitarias; unas transferencias que han supuesto una mejora de la calidad de la asistencia que nos ha permitido avanzar hacia un modelo con gran oferta. Con cerca de 1.000 centros sanitarios, en los últimos años hemos centrado los objetivos en tener la última tecnología así como promover una sanidad cada vez más humanizada, haciendo un importante esfuerzo en mejorar el confort y autonomía del paciente como principal protagonista de la práctica sanitaria.
Desde el traspaso de las competencias sanitarias a la Comunidad Valenciana, la financiación se revela como claramente insuficiente, pues se tomaba como punto de partida el gasto realizado por el Estado el año anterior ya por debajo de la media nacional. Si a este déficit sumamos lo que supuso el gran cambio del sistema español al pasar de una cobertura ligada al trabajo a otra universal, junto con factores como crecimiento imparable de demanda, envejecimiento de la población, o el gran avance tecnológico... estamos ante una situación en que el gasto crece año a año de forma exponencial y los recursos han quedado estancados. A esto se suma un fenómeno que ha superado cualquier previsión: la inmigración.
En 2001 las comunidades autónomas aprobamos por unanimidad un nuevo sistema de financiación autonómico que integraba la financiación sanitaria. El modelo nos ha posibilitado avanzar en la corresponsabilidad fiscal de las autonomías, permitiendo a aquellas regiones más prósperas incrementar sus recursos, al tiempo que contempla los mecanismos compensadores para que las comunidades con menos capacidad recaudadora no vean mermados sus recursos. El propio sistema ya recogía la necesidad de desarrollarlo y actualizarlo y es el momento para acometer el desarrollo que preveía la ley de 2001.
Nuestra propuesta para desarrollar el modelo de financiación se articula sobre la actualización del censo poblacional sobre el que pivota el sistema y el desarrollo del fondo de cohesión.
La diferencia entre la cápita por la que la Comunidad Valenciana recibe financiación sanitaria y la población realmente atendida es muy grande, tanto por el desfase del censo que se toma como punto de partida, como por el importante número de población flotante atendida a diario. En esta población no censada figuran tanto los inmigrantes con residencia legal en la Comunidad, como los desplazados temporalmente, tanto de otras comunidades como otros países, y los extranjeros sin cobertura. Si actualizásemos el censo recogeríamos una parte del impacto, pero se resolvería sólo una parte del problema.
La Comunidad Valenciana gasta cada año más de 100 millones de euros en atención a desplazados y recibe del Fondo de Cohesión menos de cinco. Evidentemente, como preveía el modelo de financiación y el anterior Ministerio de Sanidad, el Fondo debe ser revisado para que cumpla su verdadera función.
Para la revisión reclamamos que el Fondo compense el gasto realizado por las comunidades receptoras de desplazados tanto de los residentes de países que tienen con España convenio bilateral para la asistencia, como a los desplazados de otras comunidades españolas y a los extranjeros sin cobertura. Sobre el primer grupo, desde la Generalitat reclamamos que el dinero que los países pagan por la asistencia en España de sus pacientes revierta en las arcas autonómicas, compensando el gasto que las prestaciones originan. La Comunidad Valenciana atiende al año cerca de 900.000 pacientes desplazados de otras comunidades, que originan un importante gasto. æpermil;ste debería recuperarse con una aportación adicional del Fondo, como se pactó en el modelo de financiación.
Finalmente, nos encontramos con la importante presión que ejercen los extranjeros con residencia irregular. La Comunidad Valenciana puso en marcha en 2000 la tarjeta solidaria para garantizar asistencia y prestación farmacéutica gratuita a extranjeros sin recursos y, desde entonces, se han expedido más de 100.000. La Comunidad Valenciana va a pedir que el Gobierno central incluya una partida presupuestaria en el Fondo para compensar el gasto originado por la inmigración ilegal.
Para afrontar la sostenibilidad financiera de nuestro Sistema Nacional de Salud, es necesario el debate riguroso entre todas las comunidades. Por eso, desde aquí quiero instar una vez más a la ministra de Sanidad a que incluya en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el tema de la financiación sanitaria. Sólo entre todos, podremos dar con las soluciones que aseguren el futuro de la sanidad pública española huyendo de medidas que impliquen un copago por parte del ciudadano y que, por lo tanto, puedan atentar contra la universalidad y equidad, principios que deben presidir cualquier política sanitaria a adoptar en nuestro país.