Espíritu de consenso
La financiación sanitaria es un asunto complejo y delicado que compromete uno de los pilares, tal vez el más sensible, del Estado de bienestar. Un enfoque equivocado puede afectar a la perdurabilidad del sistema nacional de salud tal como hoy lo entendemos (cobertura universal, público, gratuito y corrector de desequilibrios territoriales). Su abordaje requiere, pues, sosiego y espíritu de consenso, bajo la única óptica del interés general.
Afrontamos un reto crucial: conjugar la necesaria reducción del déficit público, con el también necesario incremento de los fondos para atender la creciente demanda de servicios generada por circunstancias de todos conocidas (demográficas, presión tecnológica, incremento del gasto farmacéutico...). Constatemos, además, que el gasto sanitario público en España permanece estancado en el 5,4% desde 1997, porcentaje bastante alejado de la media de los países de nuestro entorno, que supera el 6%.
El actual modelo de financiación de la sanidad, acordado en 2001 e integrado en el Sistema General de Financiación de las comunidades autónomas, ha aportado mayor capacidad y autonomía a las mismas en muchas vertientes financieras y fiscales. De ahí que sea un modelo válido, aunque susceptible de posibles ajustes.
El primero de ellos sería determinar la cuantía adecuada para que la financiación sanitaria de las comunidades sea suficiente. Partimos de una situación de insuficiencia estructural del modelo, carencia que debería asumir el Estado una vez acordado cómo calcular su cuantía para las distintas comunidades autónomas.
Esta insuficiencia estructural responde principalmente a dos factores: De un lado, la base poblacional de partida. æpermil;sta ha sufrido una modificación tan importante en pocos años, debido entre otras cuestiones al crecimiento de la población inmigrante, que ha originado que el modelo no considere el número real de habitantes que recibe servicios. De otro, la existencia de determinados costes (farmacia, tecnologías...) que se han incrementado hasta distorsionar gravemente la suficiencia del modelo. Por ello es necesario aumentar la masa de financiación dedicada a Sanidad, pero debe acompañarse de una mejora de la eficiencia optimizando la gestión.
Otro aspecto clave del modelo son las variables y ponderaciones para calcular las necesidades de financiación de cada comunidad. El modelo actual distribuye los recursos en base a la población, un criterio equitativo. Pero las correcciones para ajustarla y paliar desigualdades pueden hacer perder equidad si no están suficientemente ponderadas. Por ello proponemos que se tengan en cuenta además otros criterios sanitarios y socioeconómicos.
Es necesario también abordar el origen de los recursos destinados a financiar la sanidad. No somos partidarios de incrementar fórmulas de participación directa de los ciudadanos por el acceso o uso de los servicios sanitarios. Con estas medidas podría penalizarse de forma injusta a pacientes crónicos y ancianos; es más, no existe evidencia de que estos mecanismos de participación directa del usuario supongan un elemento de disuasión real al uso abusivo de la sanidad. Por otra parte, los previsibles costes de gestión de esas medidas minimizarían el volumen de recursos generado.
Respecto al incremento de la participación de las comunidades en impuestos indirectos y especiales, es un planteamiento coherente con el modelo, entendiendo mejor la cesión de impuestos que su subida, sobre todo de los que gravan hábitos no saludables, como el tabaco, más que otros, como los hidrocarburos, que podrían afectar a la competitividad de un sector estratégico como el transporte.
El modelo también prevé la existencia del Fondo de Cohesión Sanitaria, con el objetivo de corregir desigualdades sanitarias y garantizar la equidad de atención en los desplazamientos fuera de la comunidad de residencia. Sin embargo resulta necesario proponer la revisión de sus criterios de reparto, pues algunas comunidades, singularmente las que dedican importantes recursos a atender visitantes en los períodos vacacionales, resultan especialmente perjudicadas.
Todos los elementos citados no suponen de entrada un cambio radical en la base teórica del modelo de financiación, sino una profundización o reforma de los elementos y variables que determinan la suficiencia financiera, la mayor equidad, la cohesión territorial y la corrección de desequilibrios entre comunidades.
Por último, pero no menos importante. Es clave que las posibles reformas no se negocien, en ningún caso, de forma bilateral Estado-comunidades autónomas. El debate, el diálogo y el acuerdo deben producirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y deberíamos hacer un esfuerzo para que fuese precedido de un gran Pacto de Estado por la sostenibilidad futura del Sistema Nacional de Salud.