Una RSC de dominio público
La responsabilidad social corporativa de las empresas (RSC) es un concepto que debe abrirse paso y superar el ámbito de los debates para iniciados y los foros empresariales más selectos, para pasar a ser de dominio público. La RSC avanza de forma imparable y para confirmarlo basta asomarse al revuelo que su debate está originando, a la proliferación de informes e iniciativas de todo tipo y a la oportunidad que la implantación de la RSC brinda a grupos de asesores, consultores y a las denominadas escuelas de negocios. Pero, reconociendo muchas de las valiosas aportaciones que se están haciendo, debemos ir más allá.
La elaboración y publicación de informes/memorias de gobierno corporativo, sostenibilidad, responsabilidad social, o conceptos parecidos, se extiende en las prácticas de muchas de las grandes empresas españolas y la mayoría de las multinacionales sin que se haya podido introducir el concepto de RSC en las pymes. Este no es un fenómeno genuinamente español; en esto, como en tantas otras cosas, nuestro país va a rebufo.
Son conocidas las iniciativas en RSC de muchas de nuestras empresas; las que producidas a nivel europeo (Comisión y Consejo: Libro Verde -2001-, Comunicación 347 La RSC una contribución empresarial al desarrollo sostenible' -2002-, Resolución de 2003 y conclusiones del foro multilateral -multistakeholders- de 2004), y diferentes iniciativas mundiales (directrices para buenas prácticas empresariales de la OCDE, Pacto Mundial vinculado a la ONU, derechos fundamentales del trabajo de la OIT, etcétera). A pesar de ello, en España no hemos pasado de sostener los últimos tres años un debate inconcluso en torno a la RSC en el seno de Aenor y crear, en diciembre de 2002, una Comisión de Expertos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para tapar una iniciativa en forma de Proposición de Ley RSC del PSOE, que finalmente no prosperó en el Congreso de los Diputados. Esta última Comisión no sólo no ha dado señales de vida, es que ni siquiera se conoce su composición.
La mayoría de las memorias e informes de responsabilidad social publicados por las empresas utilizan parámetros distintos
El PSOE, que en la oposición realizó la única iniciativa política conocida y tiene un compromiso electoral con la RSC, tiene ahora una ocasión para impulsar el asunto y darle el marco jurídico necesario para su implantación en las prácticas de las empresas y organizaciones, sin obviar a las Administraciones. Un impulso que debe empezar por garantizar la participación y el diálogo con todos los agentes sociales y partes involucradas en la fase de elaboración de los proyectos, participación que, por cierto, es consustancial a la propia RSC.
La RSC plantea muchas incógnitas, dudas y desafíos, y sin duda un primer problema que hay que resolver, y no es otro que su propia definición. Alcanzar un consenso sobre la definición de la RSC podría contribuir a orientar los trabajos que se vayan a acometer en el futuro y, sobre todo, ayudaría a despejar incertidumbres. Porque sobre RSC se ha escrito mucho y se ha hecho poco y de forma muy dispar. Así, se puede comprobar que la mayoría de las memorias y/o informes de responsabilidad social, publicados por las empresas utilizan parámetros distintos y carecen de la parte más esencial: la credibilidad. Y esto último es debido al problema no resuelto de la participación, verificación y escrutinio público de los compromisos y resultados contenidos en los informes. Y si esto no se arregla, el esfuerzo realizado por los más convencidos de las ventajas de adoptar criterios de RSC, se puede ir por el desagüe convirtiendo los compromisos sociales y medioambientales en mera política de imagen y marketing, por mucho que se auditen ellos mismos.
CC OO entiende que la RSC es una pieza más del diálogo social y, por ello y en el contexto actual, debe formar parte del conflicto positivo de intereses capital-trabajo. En lo que respecta a los contenidos y comportamientos RSC en los países europeos, la asunción de estas prácticas de transparencia económica, compromisos sociolaborales y medioambientales, debe ser un hecho más allá del cumplimiento de la legislación más básica. Son prácticas que deben integrarse en todos los aspectos de la gestión, ubicándolas en el marco de estrategias europeas de 'crecimiento económico sostenible, más y mejores empleos y mayor cohesión social'.
Para nosotros ese debe ser el enfoque de la RSC en Europa y España, sin perder de vista el control de los impactos y las prácticas de las empresas en los países en vías de desarrollo y la cadena de subcontratación y de proveedores en terceros países.
Para CC OO, la RSC nada tiene que ver con la tentación de colocar los derechos sociolaborales en el terreno de los compromisos voluntarios y unilaterales. Es mucho más que una iniciativa filantrópica o de mecenazgo, políticas de solidaridad o acción social de las empresas. Por el contrario, es una oportunidad para el desarrollo sostenible, el progreso y la cohesión social.
Y por ello, con independencia del necesario marco jurídico que promueva la RSC, hoy tenemos en nuestras manos el marco de la negociación colectiva que puede y debe jugar un papel importante en el impulso de los compromisos de responsabilidad social en las empresas (cláusulas de no discriminación, igualdad, salud laboral, conciliación de vida laboral y familiar, jornada de trabajo, medio ambiente, transparencia, participación, etcétera).
En el aire están cuestiones como la voluntariedad, la etiqueta social, los organismos certificadores, la evaluación, la auditoría independiente, los incentivos, cuestiones a las que hay que ir dando respuesta y que son las que más incertidumbre generan en el gobierno de las empresas. CC OO cuando habla del Gobierno de la empresa hace hincapié en el hecho de que los trabajadores y trabajadoras tienen no sólo interés, sino también derecho, a que las empresas se gobiernen adecuadamente y, sobre todo, que perduren en el tiempo.
La apertura a la participación de las patronales y los sindicatos en la Comisión Técnica que en su día se creó, junto a la constitución reciente en el seno del Congreso de una subcomisión parlamentaria, son para nosotros buenas noticias. Ahora hay que pasar de decir lo que se hace o se quiere hacer a hacer lo que se dice.
De acuerdo con lo aprobado al respecto en nuestro último Congreso Confederal, reiteramos el compromiso de CC OO con la RSC, más, aún si cabe, por nuestra condición de sindicato general que representa intereses y articula propuestas dentro y fuera de la empresa y los centros de trabajo.