COLUMNA

Fiscalidad de los combustibles

Ante las medidas que adoptará el Gobierno para paliar el alza del precio del petróleo en los sectores agrícola y pesquero, el autor sostiene que sería erróneo reducir la fiscalidad de los combustibles y subraya que la opción correcta es reducir la de las rentas de las unidades de producción afectadas

Los precios del petróleo se encuentran en máximos históricos en términos nominales, pero lejos aún de su máximo histórico en términos reales (que es la magnitud relevante). Es posible que sigan su escalada y es probable que, con altibajos, se mantengan altos por mucho tiempo. Para siempre quizá. La combinación de incertidumbre internacional en las zonas productoras, fuerte crecimiento de la demanda, dificultades para aumentar la producción a corto plazo y lento crecimiento de las reservas de un recurso no reproducible, configuran un escenario de precios altos que puede ser menos transitorio de lo que algunos suponen.

El encarecimiento energético tiene efectos macroeconómicos, que por ahora no están siendo muy graves pero que lo serían más si continuara la escalada. Junto a estos efectos contractivos sobre el conjunto de las economías, se producen consecuencias negativas sobre los sectores productivos que utilizan más intensivamente derivados del petróleo, que sufren de forma inmediata un aumento significativo de sus costes. La consecuencia es o un aumento de los precios de sus productos, y por tanto una reducción de la demanda de los mismos, o una reducción de sus márgenes, si no pueden trasladar el aumento de costes a los precios.

En esta situación, para contrarrestar los efectos macroeconómicos, sobre todo si estos son más graves, se suele solicitar la puesta en marcha de una política macroeconómica expansiva. La experiencia de la crisis del petróleo de los setenta y principios de los ochenta fue que todos los países que dieron este tipo de respuesta macroeconómica fracasaron en su objetivo y retrasaron el ajuste de la economía a la nueva situación.

Sería un error mantener el precio de los combustibles por la vía de reducir sus impuestos

Para paliar las consecuencias sobre los sectores más intensivos en petróleo, se pide una reducción de la fiscalidad de los combustibles. Tal medida ya ha sido solicitada por grupos políticos en España y, al parecer, ya está poniéndose en marcha en Francia (el récord de errores y posteriores rectificaciones en la política económica francesa durante los últimos 25 años daría para una monografía).

En los sectores en los que los oferentes tienen la posibilidad de repercutir el aumento de costes no hay razón para alterar la fiscalidad de los combustibles. Las decisiones de producción de esos sectores están tomadas teniendo en cuenta ese nivel de fiscalidad -justificado por tratarse de un factor no reproducible que tiene, además, consecuencias contaminantes- y lo que se trata ahora es que sean más eficientes en el uso del recurso escaso que se ha encarecido, por lo que sería erróneo mantener los actuales precios, por la vía de reducir los impuestos indirectos por el uso de los combustibles.

Al poder trasladar a los precios los mayores costes, el precio del producto de esos sectores (ya sean manufacturas o servicios) se elevarán, con lo que los márgenes apenas se resentirán pero la demanda final de los mismos se reducirá. Esa reorientación de la demanda final y el uso más eficiente de los combustibles por parte de los sectores productivos contribuirá a un ahorro global de petróleo. La elevación de los precios de esos productos podrá tener su repercusión en un agregado relevante, el IPC. Pero sería una torpeza, con consecuencias negativas a medio plazo, afectar a la asignación de recursos en aras a mejorar el IPC a corto plazo.

En sectores en los que el combustible es un elemento importante del coste y en los que los precios están relativamente intervenidos o la capacidad para trasladar el aumento de los costes a los precios es limitada (la pesca, y quizá la agricultura, estarían en estos supuestos), tampoco hay que reducir la fiscalidad de los productos petrolíferos. Ni un céntimo ni ninguna otra cantidad.

Pero está justificada otro tipo de intervención fiscal para paliar las consecuencias del encarecimiento energético sobre las rentas de los productores. La opción correcta es reducir la fiscalidad de las rentas de estas unidades de producción. Así se mantendría el incentivo a un uso más eficiente del factor escaso, pero se paliaría la reducción de los márgenes.

Lo más lógico sería una rebaja lineal, quizá por tramos según el consumo de combustible por unidad de producto. ¿Debería ser esta bonificación permanente o transitoria? Desde luego debería eliminarse si los precios del petróleo se redujeran. Pero incluso si no lo hicieran, no parece lógico que la bonificación permaneciera durante muchos ejercicios.