Las auditoras tendrán que elaborar un informe anual de transparencia
La directiva que prepara la UE y que establecerá el marco legal de la auditoría en Europa endurecerá las características que debe tener un auditor para analizar y certificar las cuentas de las empresas de interés público. La norma europea (la octava directiva) impondrá además la obligación de que las llamadas sociedades de interés público (empresas cotizadas, bancos, entidades financieras y de seguros y otras grandes compañías) dispongan obligatoriamente de un comité de auditoría.
La directiva también exigirá a las firmas auditoras que certifiquen las cuentas de este tipo de empresas que hagan una declaración anual de independencia. El informe deberá publicarse en la web de la firma auditora. Este fue precisamente uno de los asuntos que se trataron durante la celebración del XIV Congreso Nacional de Censores Jurados de Cuentas de España y del I Congreso Europeo de Firmas de Auditoría, celebrado la semana pasada en Sitges (Barcelona), que además analizó la situación de la profesión, que aún no dispone del reglamento que preveía la Ley Financiera. La publicación del reglamento, se ha visto retrasada por el relevo de José Luis López Combarros al frente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
De acuerdo con el texto que prepara la CE, las firmas que certifiquen las cuentas de sociedades de interés público deberán elaborar un informe de transparencia en el que tendrá que explicarse la estructura legal de gobierno y propiedad de la firma, la red a la que pertenezca y los acuerdos legales o estructurales que mantenga. También deberán detallarse los sistemas de control de calidad internos que mantiene, la fecha de la última revisión de calidad realizada y el listado de entidades de interés público auditadas. Además, las auditoras tendrán que realizar una interpretación de las prácticas de independencia de la firma y una manifestación de que se han llevado a cabo.
El documento igualmente deberá contener información relativa a la cifra de negocio de la firma, detallada por líneas de servicio y se habrá de informar acerca de la base de remuneración de los socios. Esta última exigencia trata de evitar, según Jonás González, socio de Deloitte & Touche, que alguna firma pague a sus socios en función de los trabajos que consiga.
La exigencia de la directiva supone en la práctica que la mayor parte de las firmas auditoras deberán elaborar un informe anual similar al que publican anualmente las sociedades cotizadas de acuerdo con la Ley de Transparencia.
Los auditores españoles se declaran encantados con las normas de buen gobierno. Para Jesús Peregrina, socio de KPMG, la ola de transparencia ha beneficiado de manera importante a la profesión. 'La existencia de comités de auditoría, por ejemplo, nos ayuda mucho porque hay un grupo de consejeros que están especialmente preocupados por el control y la supervisión de las empresas y son los interlocutores directos del consejo con los auditores. El buen gobierno nos da más confianza a la hora de hacer nuestro trabajo', señala.
Peregrina considera una buena idea el hecho de que el buen gobierno se extienda también a las firmas de auditoría. Pero asegura que en España hay un aspecto que falta 'y es que realmente se aplique lo que se dice y que lo que se hace se haga bien. Por ejemplo, que la empresa que diga que tiene cuatro independientes en el consejo tenga unos administradores que sean realmente independientes'.
Responsabilidad con límites
Los auditores aseguran que apoyan la mayor parte de las cuestiones contempladas en la directiva. Sin embargo tienen algún pero que poner al texto en lo referente al régimen de responsabilidad.Según este colectivo debería aprovecharse para racionalizar este asunto y limitar de alguna forma la que hasta ahora es una responsabilidad ilimitada. Estos profesionales consideran que debería establecerse un límite máximo para esta responsabilidad o que ésta fuera proporcional al daño causado.El resto de las críticas realizadas a la propuesta de directiva que se aprobará durante el primer semestre del próximo año son, en opinión de los auditores españoles, asuntos menores.
El reto de recuperar la confianza del mercado
Los auditores se enfrentan a la dura tarea de recuperar la confianza y la credibilidad. Así lo aseguró el pasado viernes el hasta ahora responsable de la coordinación de los asuntos de auditoría de la comisaría del mercado interior de la CE, Karel Van Hulle, durante su participación en el congreso anual de censores jurados de cuentas.Para Van Hulle, que ahora pasará a ocuparse de los temas de las aseguradoras dentro de la CE, el futuro de la profesión pasa por explicar a la gente qué es lo que realmente hace el auditor y asumir nuevas reglas como las que se derivarán de la directiva que se encuentra en preparación y que, según el presidente de auditoría de la CE, podría estar aprobada la próxima primavera, ya que cuenta con un alto grado de consenso. 'Tenemos que recuperar la confianza del mercado, pero no va a pasar por sí solo. La reforma comunitaria va a contribuir a reinstaurar la credibilidad en el auditor', explicó Karol Van Hulle.La directiva en preparación hace hincapié en la necesidad de la educación continuada de los auditores que deberán estar inscritos en un registro europeo, y a la importancia de disponer en un futuro de normas uniformes de auditoría.Los auditores reivindican que su trabajo no es la simple verificación de una lista y se muestran convencidos de que este es el momento de curar viejas heridas. 'Si ahora lo hacemos bien, la auditoría tendrá un futuro brillante', dicen.El nuevo presidente del ICAC, José Ramón González, que clausuró el congreso, se limitó a pedir y ofrecer la colaboración del Instituto 'para recuperar los niveles de prestigio que corresponden a la auditoría por su papel para lograr la transparencia'.