Vetos y horas extras

E n este caldeado periodo preelectoral, 22 miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes han levantado la voz al presidente George W. Bush.

Fue la pasada semana, cuando votaron junto con los congresistas demócratas a favor de una enmienda casi a la totalidad sobre la nueva ley que regula la remuneración de las horas extras. La norma entró en vigor hace sólo 15 días y Bush amenaza con utilizar su derecho de veto para bloquear la enmienda.

El actual presidente nunca ha ejercido su derecho a veto, aunque ha amagado varias veces con hacerlo. Sin embargo esta vez la iniciativa de la Cámara ha disgustado especialmente a la Casa Blanca, desde donde ya se hizo una intensa presión a los republicanos para que aprobaran la joven legislación vigente.

Es evidente que el convencimiento de quienes votaron entonces a favor ha durado poco y ahora se han unido a la oposición para acabar con una regulación cuyo mayor problema es que es difícil cuantificar el número de trabajadores que beneficia y a cuántos perjudica por la ambigüedad de su redacción.

'Para ser honestos, nadie lo sabe', respondía Jerry Hunter, abogado laboralista a una pregunta de Associated Press sobre el impacto de la ley. Hunter fue consejero del Consejo Nacional de Relaciones Laborales durante la Administración de George Bush padre. 'No lo sabe el departamento de Trabajo y no lo saben muchas empresas', decía Hunter. Las estimaciones sobre los afectados varían según quien las haga.

Los sindicatos dicen que unos seis millones de trabajadores pueden perder o ver reducido su derecho a las horas extras. La Administración, apoyada por la Cámara de Comercio y asociaciones empresariales, dice que los perjudicados serán cientos de miles, mientras que 1,3 millones se verán beneficiados.

Lo único que se alaba de la nueva ley es que eleva la cifra a partir de la cual los trabajadores deben cobrar las extras (de 8.060 dólares al año se sube a 23.660). Ese punto no se enmienda.

Pocas normativas entran en vigor con tanta indefinición sobre sus efectos. Lo paradójico es que con la renovación se sustituye una regulación de más de medio siglo de existencia, apenas reformada hasta ahora, que daba lugar a muchas demandas por parte de los trabajadores, precisamente, por lo ambiguo de sus provisiones.

Antes de que el presidente decida no poner su firma en el papel que deroga esta estrenada reforma, el texto de la enmienda debe conciliarse con el del Senado y en este proceso la Casa Blanca espera que se descuelgue de la redacción final de la propuesta de ley. No obstante, en este embrollado debate de hechos y deshechos, un senador recordaba que tampoco el senado es partidario de las tesis del Gobierno y en mayo votó una propuesta que impedía la pérdida de derechos adquiridos con respecto a las horas extra.

El Congreso se pone así del lado (quien sabe con qué éxito al final) de la postura de los sindicatos quienes como certifica el veterano periodista del Washington Post, David S. Broder, eran hace 50 años el lobby de Washington más poderoso y ahora han perdido todo su poder. Si la enmienda triunfa será una victoria de los debilitados sindicatos que hasta ahora no han tenido fuerza ni para presionar por la subida del salario mínimo que lleva sin actualizar siete años.