La OMC autoriza sanciones a EE UU por sus leyes antidumping
La Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó a la UE y a otros siete países a imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por las medidas antidumping ilegales que mantiene ese país en una disputa que podría avivar las tensiones comerciales a pocos meses de las elecciones presidenciales en el país norteamericano.
La decisión ha sido adoptada por el ârgano de Solución de Diferencias (OSD) de esa institución multilateral tras la negativa de Washington de modificar su legislación para acabar con el mecanismo conocido como Enmienda Byrd, considerado como una subvención indirecta a sus empresas.
La Enmienda Byrd, que anteriormente había sido declarada ilegal por la OMC, autoriza al servicio de aduanas de EE UU a distribuir directamente entre sus empresas nacionales denunciantes de prácticas antidumping el dinero recaudado por las sanciones impuestas.
La Unión Europea, Japón, Canadá, Brasil, India, México, Chile y Corea del Sur argumentaron con éxito en la OMC que estos pagos a las empresas estadounidenses constituían un subsidio ilegal. Por ello, estos países habían pedido que se les permitiera emprender represalias en forma de sanciones por igual cantidad, pero la fórmula planteada por los árbitros establece la cifra en el 72%. Lamy puntualizó que, aunque la decisión no ha sido adoptada, la multa podría alcanzar los 125 millones de euros.
La Enmienda Byrd, que goza de un fuerte respaldo político en el Congreso de Estados Unidos, hasta ahora ha distribuido unos 700 millones de dólares entre empresas estadounidenses, pero la cifra podría aumentar a varios miles de millones en el futuro. La disputa es una de varias que involucran al gobierno del presidente George W. Bush, un declarado defensor del libre comercio acusado por sus críticos de ser reacio a ceder a las reglas de la OMC cuando éstas son en contra de EE UU. En el caso de la Enmienda Byrd, Bush ha propuesto derogar la cláusula, pero se ha encontrado con la fuerte oposición, tanto de los republicanos, como de los demócratas en el Congreso, quienes dicen que la OMC se está excediendo en su autoridad.
Desde Washington, por su parte, se aseguró que las autoridades de Comercio se someterán a las exigencias de la OMC en materia de legislación antidumping.
'Estados Unidos se someterá a sus obligaciones en el seno de la OMC y el Gobierno trabajará estrechamente con el Congreso para hacerlo apoyando el empleo y a los trabajadores americanos', declaró Christopher Padilla, portavoz del representante estadounidense de Comercio, Robert Zoellick. Padilla hizo hincapié en que esta decisión de la OMC 'no afectará a la capacidad de EE UU a seguir aplicando sus leyes para imponer derechos aduaneros a los países que venden sus productos subvencionados de forma no equitativa en el mercado estadounidense'.
El portavoz también incidió en que el órgano para la solución de conflictos de la OMC ha estimado que las peticiones de algunas de las ocho potencias comerciales implicadas en este caso eran 'exageradas'.
'Aunque los montantes fijados por las sanciones del órgano de arbitraje siguen estando muy por debajo de las exigidas por los solicitantes, EE UU se compromete a que este problema pueda resolverse de modo que promueva la competitividad de los trabajadores estadounidenses', concluyó.
Una disputa más con la UE
Hay dos propuestas de cambio de la Enmienda Byrd paradas en el Congreso sobre las que trabajarán los legisladores cuando se incorporen al Congreso tras el receso del verano. Pero ésta no es la única reforma comercial pendiente. Senadores y Representantes se fueron de vacaciones dejando también en el aire la conciliación de dos propuestas cuyo objetivo es acabar con otro de los grandes contenciosos comerciales con la UE: las ayudas a los exportadores. Estas subvenciones, de 5.000 millones de dólares, fueron declaradas ilegales en 2002 y desde marzo Europa ha impuesto tarifas sobre varios productos americanos que aumentan cada mes y suponen una sanción. El Congreso empezó a actuar, pero no ha llegado a redactar un texto conciliado que presentar a Bush para su firma. La derogación de estas subvenciones puede costar más a EE UU que las actuales, pues en ambos proyectos se sustituyen con otras a un amplio abanico de productores que se calcula que cuesten al fisco más de 200.000 millones de dólares en la próxima década. Se especula que Bush podría vetar esta ley, informa Ana B. Nieto.