¿Será verdad que opinamos eso?
El verano es muy propicio a la publicación de estudios de opinión que, en teoría, permiten saber cuál es el criterio de los ciudadanos sobre los diferentes problemas que tiene planteados la sociedad, el juicio que merecen determinados líderes o instituciones, el partido al que se votaría en una próxima consulta electoral y cuestiones semejantes. Al tratarse de información de elevado componente subjetivo, los datos que aportan este tipo de encuestas resultan imposibles de contrastar con otras fuentes de información y sólo pueden hacerse algunas aproximaciones a la calidad de las estimaciones mediante sistemas indirectos, como la observación de la lógica de la evolución de las series de datos, en el caso de que se trate de estudios de carácter continuo, o comparando resultados de diferentes encuestas de opinión que hayan tratado materias similares.
No obstante, existen algunos datos de este tipo de estudios, como las características personales de los entrevistados o determinados hechos que, por pertenecer al ámbito de lo real, sí pueden ser contrastados con informaciones estadísticas disponibles.
A pesar de que los tamaños muestrales de los estudios de opinión suelen ser muy reducidos, sus datos poblacionales son siempre coincidentes con la información oficial, lo que no es signo de calidad sino de la mera aplicación de lo que se suele denominar equilibraje de la muestra, consistente en aplicar factores de elevación de manera sucesiva hasta conseguir que la estructura de dicha muestra por características básicas de edad, sexo, etcétera, se ajuste a la verdadera estructura poblacional. Sin embargo, en aquellos otros datos que no se someten a este proceso de ajuste, las diferencias al compararlos con otras fuentes de información permiten llegar a interesantes conclusiones.
A veces resultan comprensibles las diferencias apreciadas, como por ejemplo ocurre en materia de violencia doméstica, donde el temor a denunciar al agresor o la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones hacen que las encuestas arrojen resultados mucho más elevados que las estadísticas policiales o judiciales. Pero en otros casos las divergencias en las estimaciones encuentran más difícil justificación, como acaba de ocurrir en el Estudio número 2.567 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado inmediatamente después de las Elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio, donde se estima que votó el 60,8% del electorado cuando efectivamente lo hizo sólo el 45%.
En otros estudios del CIS, como el Barómetro número 2.570 del pasado julio, se aprecian divergencias semejantes, como en el voto al PSOE en las elecciones generales de marzo de 2004, que se estima en el doble que el voto al PP (40,6% frente al 20,1% del total del electorado), cuando el recuento oficial arrojó una diferencia entre ambos partidos de sólo cinco puntos porcentuales (42,6% frente al 37,6% de los votos emitidos).
Ante tan notables divergencias entre las estimaciones del citado estudio de opinión y los indiscutibles resultados de unos recuentos de votos que gozan de las máximas garantías constitucionales, lo primero que cabe es congratularse de la honestidad de que hace gala el CIS al no caer en la tentación de corregir un dato que, obviamente, se sabe que va a resultar chocante por su fuerte discordancia con la realidad observada. Pero, tras este reconocimiento, no puede evitarse la sospecha de que la fuerte distorsión apreciada en datos contrastables con la realidad pudiera extenderse a otros contenidos que, por pertenecer al ámbito de lo subjetivo, no pueden ser objeto de contraste.
Cualquiera que se asome a la metodología de los estudios de opinión y observe el pequeño error de muestreo que se suele reconocer (en el caso del CIS se fija en el 2% con niveles de confianza del 95,5%) puede pensar que las estimaciones aportadas por dichos estudios son bastante aceptables. Obviamente, a los errores que se deben al propio muestreo es preciso añadir aquellos los ajenos al muestreo, como los que se ha dicho que influyen en el tema de la violencia doméstica, pero deberían aplicarse métodos adecuados de investigación social para evitar que las estimaciones distorsionen la realidad tanto como se ha indicado en los ejemplos de las últimas consultas electorales.
Es preciso recordar en todo momento la trascendencia que tienen los estudios de opinión a la hora de la adopción de todo tipo de decisiones, dado el hábito de los políticos de fundamentar sus acciones en esa opinión pública impalpable a la que se viene suponiendo, al parecer incorrectamente, que podemos acercarnos a través de las encuestas de opinión.