Del 'nuclear no, gracias' a 'el agua es nuestra'

El autor analiza las consecuencias de la paralización del trasvase del Ebro. A su juicio, como ocurriera tras el parón nuclear, por el cual la economía española arrastra una pesada hipoteca, el Gobierno va a cometer una equivocación similar y de consecuencias igualmente graves

En el juego de la democracia, cuando un partido político gana las elecciones desde la oposición se enfrenta al dilema de administrar aquellas banderas electorales que, siendo útiles para desgastar al poder, resultan nocivas como equipaje de gobierno. En su anterior etapa de gobierno, el PSOE tuvo que enfrentarse a alguna de estas banderas y lo hizo de forma desigual. En ocasiones supo asumir el coste inherente a toda rectificación y reorientar su posición a favor de los intereses generales del país.

El caso mas paradigmático es el de la OTAN, pues tras promover desde la oposición riadas de opinión pública por el 'OTAN, de entrada, no', tuvo el coraje de rectificar y convocar un referéndum para mantenernos en la OTAN, realizando como Gobierno lo que histórica y estratégicamente le convenía a España. Como ejemplo contrario, aquel Gobierno socialista no quiso, no supo o no pudo hacer algo análogo con su posición ante la energía nuclear, y acabó enrocándose en el parón, autosecuestrado por el vendaval del '¿nuclear?, no gracias', que él mismo había alentado. Desde entonces, la economía española arrastra una pesada hipoteca, que condiciona el crecimiento de su oferta energética, encarece innecesariamente sus costes de producción y sin obtener ninguna ganancia de seguridad, pues el posible riesgo nuclear nos acecha desde las centrales nucleares francesas situadas al otro lado de los Pirineos. Como consecuencia directa del parón, la energía nuclear en España representa aproximadamente un 25% de nuestra potencia instalada, cuando en nuestra vecina Francia supone casi un 80%. De ahí se derivan varias consecuencias negativas.

La posición actual del Gobierno afectará seriamente al sector turístico y con enorme gravedad al sector agrario del Levante español

En primer lugar, la dificultad para aumentar la producción. Así, el crecimiento medio de nuestra demanda de energía en los últimos seis años ha sido el 6%, tasa que casi duplica al del PIB en el mismo periodo. Nuestras reservas de potencia eléctrica se han reducido en estos años a su tercera parte, y se aproximan peligrosamente al mínimo de seguridad que consideran los expertos, y desgraciadamente ya no es irreal la posibilidad de que la escasez de energía yugule nuestras posibilidades de crecimiento económico y de aumento de bienestar.

En segundo orden, el encarecimiento de la energía que consumimos. Nuestra moratoria ha provocado que soportemos costes energéticos innecesariamente altos. Recordemos que en el mercado mayorista el precio del gas y el precio del carbón duplican al del kilovatio nuclear, y que el fuel y la energía eólica son significativamente más caros. Este derroche en la factura energética encarece los costes de producción de nuestras empresas y las hacen menos competitivas, afectando a la productividad de la economía española.

Finalmente, la renuncia a la energía nuclear nos provoca otras importantes debilidades: de dependencia exterior (gas o fuel), de carácter medioambiental (carbón), o de supeditación climatológica (hidráulica o eólica).

Veinte años después la historia puede repetirse, dado que estamos en curso de cometer como país otra equivocación de origen similar y de consecuencias igualmente graves. Después de encabezar la feroz e irracional lucha contra el Plan Hidrológico del anterior Gobierno popular, los actuales gobernantes socialistas parecen condenados de nuevo a ceder ante la bandera electoral suya y de alguno de sus socios, impidiendo que España pueda realizar el aprovechamiento racional de sus recursos hidráulicos.

Siendo Indalecio Prieto ministro de Obras Públicas de la Segunda República, elaboró un Plan de Obras Hidráulicas para resolver un problema: en varias regiones españolas, los ríos llevan más agua que en el Levante español, pero en las tierras de éste el riego intensivo produce mayor aumento de rendimiento que en aquéllas. La solución de Prieto era la racional: trasvasemos el agua.

Pues bien, la posición actual del Gobierno que, contra la lógica de don Indalecio, se niega al trasvase, afectará seriamente al sector turístico y con enorme gravedad al sector agrario del Levante español, sectores particularmente exportadores, dañando a la economía española en su conjunto, porque sustituir la opción de trasvasar agua por la de su desalación va a tener varias consecuencias y ninguna positiva.

En términos de tiempo, retrasará en varios años la disposición del agua necesaria en las regiones necesitadas, al abandonarse un proyecto en avanzado estado de ejecución y cambiarse por una idea que sólo empieza a desarrollarse.

En términos de coste, encarecerá el correspondiente al agua necesaria, pues según los diversos estudios técnicos que se conocen, el coste del metro cúbico de agua desalada resulta entre tres y cuatro veces mayor que el de agua trasvasada.

En términos medioambientales, generará problemas por los desechos del proceso de desalación, e incertidumbre sobre los efectos que a largo plazo puede sufrir la tierra regada con agua desalada.

Aun mas, y como guiño a la ironía, ¿somos capaces de imaginar el chiste que contaría Gila, sobre un país que permitía que el agua dulce de sus ríos se mezclase con la salada del mar, para tener que extraerla y gastarse una riñonada en quitarle la sal?

Todavía se está a tiempo de evitar en la política hidráulica el drama que sufrimos en el caso energético. La envergadura de la cuestión bien mereciera una salida al estilo Zapatero. Constitúyase un comité de sabios, expertos, notables o ilustrados, que permita enfriar el tema y ganar tiempo para escenificar la deseable rectificación, evitando así cometer otro error histórico del que nos tengamos que lamentar nosotros y nuestros hijos.