COLUMNA

La agricultura de cartón piedra

Los olivos italianos de cartón piedra cobraron cierta notoriedad hace años, al descubrirse que fueron utilizados para engañar fraudulentamente en los controles que se hacían para evaluar el potencial productivo, a través de la fotogrametría aérea. El objetivo era cobrar ayudas comunitarias por una actividad productiva inexistente.

La reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC) simplifica notablemente los esfuerzos de los denominados cazaprimas, ya no tendrán que cubrir privadamente sus campos de apariencias productivas, debido a que los nuevos reglamentos no exigen actividad concreta alguna para seguir percibiendo las ayudas comunitarias. Tan sólo tendrán que cumplir unos requisitos de carácter medioambiental: bienestar de los animales, si se tienen, lo cual no será obligatorio; de salubridad de los productos, si se producen, lo cual tampoco será obligatorio, así como el mantenimiento de las tierras abandonadas en buenas condiciones agrícolas, por si alguna vez en el futuro fuera preciso recurrir a las antiguas prácticas productivas.

En definitiva, se ha recubierto toda la agricultura europea de un ficticio manto de cartón piedra, por el módico precio de unos 40.000 millones de euros anuales, que gasta el Feoga Garantía en la ¿regulación? de los mercados agrarios, para la UE-15.

El objetivo públicamente confesado de tan insensata estrategia es el de aparentar que la agricultura europea no percibe ayudas que distorsionen los mercados mundiales de productos alimentarios, de modo que se pueda alcanzar un nuevo acuerdo de liberalización comercial internacional en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En definitiva, señores tipo Lamy y Fischler intentan engañar a señores tipo Lula, cubriendo la realidad de la agricultura europea de una densa cortina de humo, con el riesgo de terminar confundiéndonos a todos. Porque ¿cuál es hoy día la realidad de la agricultura?

El saldo de la balanza comercial mide la capacidad de cubrir, con el valor de nuestras ventas al exterior, el de nuestras compras en otros países. En el caso español, es bien conocido nuestro déficit comercial con el exterior, que se elevó a más de 46.000 millones de euros en 2003. Lo que tal vez sea más ignorado es el hecho de que, desde 1996 e ininterrumpidamente cada año, el único capítulo de dicha balanza comercial que arroja saldo positivo es el de los alimentos, con un superávit de 2.393 millones en 2003.

La agricultura incluso compensa un fuerte déficit pesquero, superior a los 2.000 millones de euros. El resto de los grandes capítulos de la balanza comercial (productos energéticos, materias primas, semimanufacturas, bienes de equipo, bienes de consumo duradero y manufacturas de consumo) arrojan anualmente déficit comerciales con el exterior. Tan sólo es excepción el sector del automóvil, que desde 1999 se debate en el fiel de la neutralidad, aunque con un reducido saldo positivo de 173 millones en 2003.

Si atendemos al saldo comercial de productos agrarios de la UE-15 que tradicionalmente arrojaba un fuerte déficit, entre 6.000 y 7.200 millones de dólares en 1995-96, ha tendido al equilibrio, alcanzado en 2000 y 2002. Ello se ha logrado a pesar de ser el primer importador mundial de productos agrarios (74.000 millones de dólares), muy por delante de EE UU (45.000) y Japón (34.500), debido a la creciente potencialidad exportadora comunitaria que, además, se ha comprometido a renunciar al ya residual sistema de restituciones a la exportación.

Esta realidad de las agriculturas española y europea requeriría del apoyo de un aparato administrativo renovado. La nueva regulación comunitaria amplía el campo de la subsidiaridad, de las decisiones y las políticas nacionales y exigiría una reforma administrativa.

En España, la continua pérdida de competencias del MAPA (sector forestal y medio natural en Medio Ambiente; comercio y OMC en Industria; I+D+i, no se sabe dónde; sanidad; comunidades autónomas; Bruselas…) hace también de este ministerio una estructura de cartón piedra dedicada a distribuir las ayudas que pagarán las comunidades autónomas. Aterrador panorama para uno de los sectores más dinámicos de la economía española.