Autonomías y mercado
La evolución del marco autonómico es hoy uno de los principales temas de la agenda política española. Aunque cada partido mantiene propuestas diferentes -y dentro de los mismos podemos ver posiciones encontradas- existe un amplio consenso acerca de la idea de que el Estado de las autonomías ha sido clave en la convergencia real de España hacia los Estados europeos más avanzados. Aunque el consenso no sea tan claro, también parece que, después de 25 años, es necesario mejorar este marco y adaptarlo a una realidad diferente a la de la España que vio nacer esta democracia.
Si en otros momentos el debate giraba principalmente en torno al reparto de competencias y recursos financieros entre las Administraciones estatal y autonómicas, ahora lo hace alrededor de los ingresos y gastos públicos que cada comunidad debe aportar y recibir. Mientras que las regiones menos ricas son partidarias de que el acceso a los recursos públicos este condicionado por el nivel de renta per cápita, las demás prefieren que se base en el número de habitantes.
Por eso, la reforma fiscal que el Gobierno ha anunciado para la segunda parte de la legislatura seguramente no sólo va a reformar la normativa en materia de tipos o de fraude fiscal, también se va a orientar hacia la definición de nuevos criterios de reparto y hacia el establecimiento de nuevas competencias autonómicas en materia impositiva. Es más, si nos atenemos a las últimas declaraciones del ministro de Economía, parece que ésta va a ser la parte más innovadora, mientras que la imposición del ahorro, del trabajo o de las empresas va a sufrir escasas modificaciones.
Desde un punto de vista puramente empresarial las reformas que pueden llevarse a cabo en el ámbito autonómico generan diferentes inquietudes. Los emprendedores de cada comunidad están interesados en que sus centros de producción dispongan de las mejores infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía. Al tiempo, quieren soportar la menor presión fiscal posible, o al menos similar a la de sus homólogos en los países del Este. Y, por otra parte, ningún empresario que desee crecer y ser verdaderamente competitivo quiere un marco legal que pueda suponer una fragmentación del mercado nacional.
El desarrollo del marco autonómico debe garantizar el equilibrio entre todas estas demandas. Si no podemos encontrarnos con comunidades con grandes infraestructuras cuyas empresas no pueden acceder adecuadamente a los mercados de otras que carecen de ellas; con fugas de empresas y patrimonios hacia las comunidades donde se paguen menos impuestos -lo que significaría empeoramiento de los servicios públicos en todas, independientemente de la dirección de los flujos del capital y la inversión-; o con tribunales de defensa de la competencia autonómicos que aplicasen diferentes criterios e incrementasen la politización y burocracia de las instituciones que deben garantizar el correcto funcionamiento de los mercados.
Ahora ya estamos asistiendo a alguna situación similar a las descritas. Por ejemplo, en el Impuesto sobre Sucesiones. Como consecuencia de la exención de este gravamen en el País Vasco, las comunidades geográficamente más próximas se ven obligadas a adoptar medidas similares, como en el caso de La Rioja o de Cantabria. Pronto, las comunidades vecinas de éstas tendrán que adoptar una medida similar, sea cual sea el signo del partido que las gobierne. Es decir, las políticas de unas comunidades están condicionando a través del llamado efecto frontera las de las demás, adelantándose así a la propia iniciativa política de sus gobiernos. Este efecto es totalmente contrario al espíritu del Estado de las autonomías, cuyo fin es lograr que cada región adapte su política a sus realidades y problemas, y no a las de otras comunidades.
Existe un problema añadido: cuanto mayores sean las diferencias legales, mayores serán los costes para las empresas. A medida que las normativas fiscales, de etiquetado, de calidad o medioambiental se alejen de un modelo común, mayores serán los costes de producción y menos competitivos seremos. Tampoco lo serán las multinacionales que deseen invertir en España y que preferirán Estados con marcos legales más homogéneos.
La competencia interregional entre empresas es buena, pero entre Administraciones no beneficia a nadie. Esto lo saben perfectamente nuestros socios europeos, entre ellos, países con una larga tradición federal -como Alemania-, que han sabido evitar estos problemas. No se trata de frenar el desarrollo autonómico, sino todo lo contrario. Es importante mejorarlo. En la medida en que las reformas del marco legal, de los estatutos y del Senado, que desea llevar a cabo el Gobierno sirvan verdaderamente para lograr mayor coordinación entre Administraciones y no para crear nuevas diferencias, estaremos logrando este objetivo.