La encrucijada de la financiación autonómica
El actual modelo de financiación autonómica está cuestionado. El autor destaca la escasa duración de su vigencia, analiza la propuesta de cambios acometida por el Gobierno catalán y reclama que el Ejecutivo central explicite el marco de las reformas que se aplicarán
Cuando avanzado el año 2001 se aprobó el actual modelo de financiación autonómica, hubo dos novedades respecto a los precedentes que fueron extensamente alabadas. Una fue la unanimidad en su aprobación, en la que coincidieron todas las comunidades autónomas afectadas y todos los partidos políticos significativos. La otra novedad fue el plazo indefinido de su vigencia, por lo que dejaba de ser necesaria la recurrente renegociación del modelo.
El actual escenario en el que nos movemos y que viene arrastrado desde los albores de la precampaña electoral revela la velocidad con la que pueden cambiar los entornos. En este caso, transcurridos apenas dos años de suscrito el acuerdo, éste empezó a ser cuestionado con contundencia, incluso por alguno de sus firmantes.
El ministro de Adminis-traciones Públicas dice cada día y en cada sitio una cosa diferente
La rebelión empezó en Cataluña, donde tras los fuegos de artificio de las promesas electorales, cambiar el sistema de financiación autonómica fraguó como uno de las piezas sustantivas del programa de gobierno del Tripartito.
A partir de ahí se produjo una reacción en cadena: se apuntan al carro otras comunidades autónomas con Ejecutivo socialista como Andalucía o Extremadura, la propuesta recibe el aval de varios responsables nacionales del PSOE, en tanto que CiU, muy en su línea, ha dado tres pasos adelante para desbordar al Gobierno catalán. Finalmente, el cambio de Ejecutivo habido tras el 14 de marzo nos sitúa cara a cara frente a una auténtica encrucijada. La aproximación a sus claves revela con nitidez su enorme envergadura.
La pretensión del Gobierno catalán y de los tres partidos que lo integran es evidente, dado que su sinceridad ha sido brutal: Cataluña debe recibir más de la Hacienda estatal. Argumentan que lo recaudado en Cataluña por los impuestos estatales es mayor que la inversión del Estado en Cataluña, y por ellos reclaman que ésta aumente significativamente.
El problema es que estamos ante un juego de suma cero, de modo que el plus de financiación del Estado para Cataluña supondría, de modo automático, una minoración de los recursos estatales para otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Extremadura, lo que no facilitaría la aceptación pacífica de la reclamación catalana por el resto de comunidades. Como tampoco parece ni sencillo, ni natural, ni lógico, su asunción por una fuerza política de ámbito nacional.
La fundamentación técnica con la que se pretende dar cobertura a la pretensión es ciertamente débil. Tanto el presidente Maragall en sus declaraciones públicas como hace unos días el conseller en cap Bargalló lo han expresado así: 'Cataluña debe pagar por su nivel de renta y recibir según su nivel de población.' Aún más, en tanto que la renta per cápita en Cataluña es mayor que en el resto de España, alegan que su propuesta lleva a que Cataluña recibiese menos de lo que aportan los contribuyentes que residen en Cataluña, lo que demostraría, según dicen, su solidaridad. En todo caso, una solidaridad en rebajas, puesto que reconocen que su fin es aumentar el trozo del pastel que reciben, y eso reducirá el de los otros trozos.
En el mismo paquete y calificándolo de cuestión instrumental, el Gobierno catalán exige una Agencia Tributaria propia que gestione, recaude y controle todos los impuestos, incluidos los estatales. Esta exigencia ha encontrado apoyos en el PSOE, pese a que hace poco más de un año su comisión de expertos nombrada para elaborar 'una alternativa fiscal para España' apostó de forma nítida por una única 'Agencia Tributaria integrada o de corresponsabilidad, en la que se debería profundizar en la participación de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales'.
Más allá de la contradicción, lo cierto es que la pretensión del Tripartito apunta a un sistema de cupo, similar al existente en el concierto vasco o en el convenio navarro. Pero ello exige no la reforma del Estatut, sino una reforma trascendente en la propia Constitución, sin que se den las razones históricas que se esgrimieron en 1978 para reconocer a los regímenes fiscales especiales hoy existentes.
De otra parte, la aspiración del nacionalismo catalán supondría un fraccionamiento del poder tributario del Estado, con el correspondiente aumento de riesgo de uso clientelista de sus resortes. La tentación de utilización indebida de los instrumentos de una Administración Tributaria aumenta objetivamente conforme disminuye el rango del poder político en el que se incardine. Como aviso, recientemente hemos conocido la poca edificante experiencia de la Hacienda Foral de Vizcaya.
Finalmente, imaginemos que el Gobierno Tripartito se saliera con la suya, e imaginemos que para diluir la imagen de privilegio se extendiera el fenómeno hacia otras comunidades. Se habrá dañado gravemente la unidad de mercado en España, pues según qué territorios habría diferentes plazos en las devoluciones de IVA, diversos criterios para hacer inspección tributaria a las empresas, múltiples políticas de aplazamiento de las deudas tributarias, divergentes modos de gestionar los procesos concursales...
La gravedad de las cuestiones apuntadas justifica que frente a la política de declaraciones erráticas del ministro de Administraciones Públicas, que dice cada día y en cada sitio una cosa diferente, fuera el vicepresidente económico o, por qué no, el propio presidente del Gobierno, el que de forma clara, responsable y transparente explicitara cuando menos los límites de la reforma de la financiación autonómica.