El Congreso declara la guerra a la Ley de Acompañamiento
Los lobbies que se mueven en torno a los grupos parlamentarios verán reducido a partir de ahora su margen para satisfacer sus intereses a través de las demandas que periódicamente incorporan a la Ley de Acompañamiento presupuestaria.
Las leyes de este tipo aprobadas desde, al menos, 1996 han incorporado gran número de modificaciones normativas, una media superior a la treintena cada una, en su mayoría ajenas a las cuentas generales del Estado. De la inseguridad jurídica generada se han hecho eco todos los años los propios servicios jurídicos del Congreso, así como el Consejo Económico y Social sin que los sucesivos gobiernos del PP hayan atendido sus consejos.
El presidente de la Cámara baja, Manuel Marín, ha hablado con el presidente del Senado, Javier Rojo, para frenar en el futuro este tipo de iniciativas con el fin de que las Leyes de Acompañamiento a los Presupuestos no sigan siendo una especie de cajón de sastre en el que se responde a las demandas de todo tipo procedentes de los lobbies económicos sin apenas debate parlamentario.
En anteriores leyes se han introducido cambios legislativos que han afectado a normativas tan dispersas como las que afectan al Banco de España, la ley de residuos o el seguro de desempleo. El PP aprovechó también esta vía para reconocer a las eléctricas los costes de transición a la competencia.
'En muchas ocasiones se ha perdido el sentido del límite y se ha usado la Ley de Acompañamiento como un gran saco donde se resuelve cualquier cosa de espaldas al debate parlamentario', señaló ayer Marín. En caso extremo, advirtió, las Mesas del Congreso y el Senado se negarán a calificar iniciativas 'que no tiene nada que ver con el presupuesto'.
Oficina presupuestaria
Después de Navidades se creará en el Congreso una oficina presupuestaria a la que el nuevo reglamento de la Cámara encomendará una misión de vigilancia en la ejecución del gasto. El presidente del Congreso dejó claro ayer que esta oficina no podrá invadir competencias que son propias de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas, es decir, la fiscalización interna y externa de los Presupuestos.
'La oficina deberá ser el fiel que funcione como un notario para determinar como se está ejecutando el presupuesto', dijo Marín. Su director será un profesional independiente, en ningún caso un diputado, y dependerá directamente de la presidencia del Congreso.
Elevación del sueldo a los parlamentarios
Diputados y senadores verán aumentados sus ingresos mensuales en una proporción aún por definir, según anunció ayer Manuel Marín. De esta forma, desaparecerá el sistema actual de pluses en función de si se ocupa o no algún cargo en las mesas de las distintas comisiones o de si se actúa como portavoz de las mismas.'El Parlamento no puede ser la casa de los pluses, hay que recuperar el aumento salarial', añadió Marín. En la actualidad, un diputado percibe una asignación fija y otra en concepto de indemnización por ejercicio del cargo que varía en función de si es de Madrid o de provincias. La primera suma poco más de 2.700 euros y la segunda oscila entre 750 euros y 1.600. El anterior presidente del Congreso, Federico Trillo, no sacó adelante esta subida salarial por orden de José María Aznar.