Catalán, gallego y euskera se abren paso en la UE

Quim Monzó, Manuel Rivas y Bernardo Atxaga podrán dirigirse por escrito en su lengua materna a las instituciones europeas y podrán leer la futura Constitución europea en catalán, gallego o euskera. Y como ellos, los más de seis millones de personas que en España hablan català, los dos millones largos que hablan galego y las 600.000 que hablan euskera.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Unión Europea que la futura Constitución reconozca a los ciudadanos europeos el derecho a dirigirse a Bruselas en cualquiera de las lenguas oficiales en su país de origen. Catalán, gallego y euskera obtendrían así un rango equivalente al que disfruta actualmente el gaélico, la lengua hablada por poco más de un millón de irlandeses.

Bruselas recuerda, no obstante, que los gastos adicionales de traducción que puedan derivarse del reconocimiento de lenguas cooficiales correrán a cargo del Presupuesto del Estado miembro en cuestión.

Cada lengua de trabajo en las instituciones comunitarias suele requerir un equipo de 60 traductores (para el castellano hay 102). Sólo en la Comisión Europea, el departamento de traducción cuenta con más de 1.200 especialistas a tiempo completo y su presupuesto en 2002 ascendió a 220 millones de euros. Sin embargo, en el caso de catalán, gallego y euskera, como ya ocurre con el gaélico, el volumen de trabajo será previsiblemente mucho menor, porque no será necesario traducir todos los documentos y textos legales de la Unión.

Si la petición española prospera, la Constitución europea deberá traducirse al menos a 24 lenguas. Las 20 oficiales (entre ellas, el castellano) más las cuatro reconocidas parcialmente. El texto tendrá valor jurídico en todas ellas, lo que supone un primer reconocimiento de las lenguas peninsulares más allá de los Pirineos.

Se colma así, en parte, una de las aspiraciones que las comunidades autónomas con lengua propia han perseguido desde que España se incorporó a la UE en 1986. La reciente ampliación de la Unión Europea ha puesto en un contexto nuevo ese deseo. Desde el pasado 1 de mayo son oficiales en la UE lenguas como el maltés (400.000 hablantes), el estonio (millón y medio) o el esloveno (dos millones). En toda la UE, según los datos de la Generalitat de Cataluña, 11 millones de personas hablan o entienden el catalán.

La propuesta de Zapatero se presentó el pasado 4 de mayo en la reunión técnica que los expertos comunitarios celebraron en Dublín sobre el proyecto constitucional europeo. Pero no trascendió hasta ayer, cuando fuentes de la Comisión Europea identificaron la iniciativa como uno de los asuntos que deben resolverse para concluir la Constitución en la cumbre del 17 y 18 de junio en Bruselas.

'Es un paso adelante muy positivo', elogia Anna Terrón, presidenta del Patronat Català en Bruselas. Fuentes comunitarias no prevén ningún obstáculo mayor 'porque no afecta al resto de los Estados'. 'Se trata simplemente de una situación bastante única como es la nuestra', coincide Terrón.

En Europa, sin embargo, hay al menos ocho lenguas llamadas 'minoritarias' que podrían aspirar a un tratamiento similar. 'El luxemburgués es un buen candidato', apuntan en la Comisión. El bretón y el corso han ganado pujanza en los últimos años, mientras que más de dos millones de personas hablan el occitano, a caballo entre Francia e Italia.

'La Unión es una organización democrática y tiene que comunicarse con sus ciudadanos en su propia lengua', defiende la Comisión desde su servicio de traducción. Y recuerda que 'más de 200 millones de europeos no hablan otra lengua que la materna'.