La cesta y las manzanas

Los escándalos contables en grandes compañías tienen sus responsables en unos pocos ejecutivos. Pero, según los autores, también se ven facilitados por ciertas asimetrías entre el nivel de desarrollo alcanzado por los mercados y el marco regulatorio

Los casos de grandes empresas que falsearon sus estados contables, eludieron facilitar información relevante al mercado, pagaron desmesuradas remuneraciones a sus directivos y perjudicaron a sus accionistas han acaparado en los últimos tiempos buena parte de los titulares de la prensa económica. La circunstancia de que cada nuevo escándalo supere al anterior, que se sucedan sin solución de continuidad y que tengan como protagonistas a compañías reconocidas -en algún momento- como paradigmas de éxito y ejemplo a imitar han añadido dramatismo a una situación, de por sí, ya muy preocupante. A tal punto que incluso algunos expertos han llegado a cuestionar la bondad del actual sistema económico.

Kim Clark, decano de la Harvard Business School, aborda el tema con la metáfora de la cesta y las manzanas. Ante los escándalos financieros hay quienes atribuyen toda la culpa a unos directivos ambiciosos y corruptos -esto es, las manzanas podridas- y quienes opinan que el verdadero problema reside en la estructura misma de los mercados, o sea, en la cesta. Si las manzanas se han podrido es porque la cesta no reunía las condiciones debidas. Desde la perspectiva de las soluciones, mientras que los primeros ponen el énfasis en la persecución y castigo de los responsables, los segundos exigen una transformación más profunda, que incluye modificar los sistemas de gobierno del todo, aplicando mayores dosis de regulación.

Aplicar multas y sanciones más fuertes no produce resultado, al contrario, sólo contribuye a aumentar el tamaño de la manipulación

Medido en términos de crecimiento, aumento de la productividad e innovación tecnológica la eficacia del modelo económico de mercados es irrebatible. Constituyen un motor de progreso y desarrollo de extraordinario potencial, que ha permitido mejorar las condiciones de vida en casi todos los países del planeta. Una primera aproximación permitiría concluir, entonces, que estaríamos ante el caso de unas pocas -aunque notorias- 'manzanas podridas'. No obstante, un análisis más amplio permite constatar la existencia de disfunciones en 'la cesta', esto es, asimetrías entre el nivel de desarrollo alcanzado por los mercados y el marco institucional vigente.

Muchos organismos reguladores en todo el mundo ejercen sus funciones a través de reglas y circulares estrictas, que establecen qué puede hacerse y qué no, fijando condiciones, porcentajes, plazos y modo de reportar los diferentes hechos económicos que se suceden en el devenir de las empresas. Esta metodología tiene claras ventajas en términos de sencillez y claridad de aplicación.

Pero también tiene algunos inconvenientes, de progresiva importancia. En primer lugar, con la ingeniería financiera y la deslocalización geográfica es posible diseñar productos u operaciones que permiten soslayar muchas de las reglas vigentes. En segundo término, la velocidad a la que evoluciona el entorno económico supera algunas veces al ritmo con el que es posible redactar y promulgar reglas concretas. La realidad puede ir por delante del marco legislativo, tornando la regulación en obsoleta casi al momento de su publicación. Finalmente, como tales reglas especifican claramente qué incluyen y cuáles no, en sí mismas proporcionan un refugio seguro para cualquiera que desee iniciar algún tipo de práctica abusiva no explícitamente recogida en ella.

Una regulación basada en normas lo más amplias posibles, que impulsen una cultura de honestidad profesional constituiría una solución práctica a los problemas apuntados. En el límite, el mix ideal debería combinar reglas específicas con normas generales dirigidas a preservar y reflejar en todo momento la realidad de los participantes en los mercados. Por ejemplo, una norma referida a la transparencia habría de prohibir que las compañías revelen información contraria a la realidad económica, aún cuando una regla técnica contable así lo permita.

El cacareado Manual de Gestión de Riesgos de Enron especificaba lo siguiente: 'Las ganancias informadas han de seguir las normas y principios contables. Los resultados no siempre crean medidas que reflejan las condiciones económicas subyacentes. No obstante, el desempeño de la gerencia corporativa suele medirse por los ingresos contables, no por la realidad económica subyacente. Por lo tanto, las estrategias de gestión de riesgos han de apuntar al desempeño contable más que al económico'. Es decir, la compañía alentaba a sus ejecutivos a centrarse más en el efecto contable que en el impacto real de sus decisiones, en una materia -el riesgo financiero- donde la lógica apunta justamente a lo contrario.

En general, las personas no dejan de perpetrar acciones penales a menos que las consideren moralmente erróneas o perciban que los costos -incluyendo la posibilidad de ir a la cárcel- superan las ganancias. Por ejemplo, si el beneficio que se obtiene alterando las cuentas es sustancial y la probabilidad de ser castigado casi nula, parecería una decisión racional la de maquillar los libros.

Aplicar multas y sanciones más fuertes no produce resultado, al contrario, sólo contribuye a aumentar el tamaño de la manipulación. En 2002 el Congreso de EE UU duplicó la condena a prisión por fraude financiero a 20 años. Esta pena se ha aplicado en un pequeñísimo número de casos, por lo que apenas si ha tenido efecto disuasorio. Parece que, al contrario, cuanto más complejo es el ardid utilizado, menos probabilidad hay de que sus perpetradores sean castigados.

Una regulación instrumentada a través de reglas específicas complica la actuación de los fiscales, ya que, mediante su estricto cumplimiento, los responsables de montajes que aprovechan su inadecuación a una realidad concreta permanecen impunes, justificándose en que no tuvieron intención de defraudar.

A menos que aumente la probabilidad de castigo para quienes violan el marco legal vigente, el número de casos escandalosos no disminuirá.