COLUMNA

El valor de la confianza

Los Estados democráticos modernos, además del voto igual, se basan en la limitación y división de poderes, así como en la rendición de cuentas, el control de los gestores públicos y el imperio de la ley, encargada a una justicia. La Constitución señala los límites del poder, y, entre otros aspectos, menciona procedimientos, establece atribuciones, regula derechos y obligaciones y los mecanismos para su propia modificación. La fidelidad en el seguimiento de los procesos de elaboración y aprobación de la normativa son una parte importante de la eficiencia de las normas, en el doble sentido de su pertinencia y de su grado de aplicación, los primeros porque evitan sesgos y garantizan la superación de filtros adecuados, la segunda porque aporta legitimidad y permite exigir el incumplimiento y penalizar el incumplimiento.

El grado de respeto a la ley permite deslindar entre los países prósperos y los que se estancan o decaen. En los primeros las propias Administraciones públicas se someten a las normas y son ejemplares en su adecuación a los procedimientos prescritos, entre otras cosas, porque sirven para proteger a los administrados y a los propios funcionarios que supervisan y exigen su cumplimiento. Por el contrario, donde la ley cambia según la conveniencia inmediata de los gobernantes y donde el grado de cumplimiento es ínfimo, los derechos, aunque se recojan en alguna norma básica, no suelen ser respetados, y en esos casos la actividad económica languidece. En el primer caso, el entorno legal es básicamente estable, aunque con adaptaciones que son previsibles y no suponen expropiaciones ni quebranto de derechos o procedimientos. En el segundo, es aleatorio en todos los aspectos, máxime cuando los propios gobernantes hacen alarde de su fuerza para exigir comportamientos no amparados por las normas o, incluso, contrarios a ellas.

La inversión, que supone permanencia en la actividad, contratación de personas y anticipación de futuro requiere una unidad de medida estable, como el valor de la moneda, para calcular debidamente. Tanto la naturaleza como la vida económica aportan riesgo e incertidumbre, el primero es medible y asegurable, la segunda es imprecisa y se asume, dentro de ciertos límites, en la esperanza de obtener ganancia si hay una previsión razonable, aunque sea subjetiva. Con valor cambiante de la moneda el inversor está como arquitecto obligado a usar un metro de longitud variable e impredecible, la inversión se retrae y el capital se va del país. Con inseguridad en las normas y su grado de cumplimiento por parte de las Administraciones y los ciudadanos se está como el agricultor que siembra sin saber si tendrá clima polar o tropical, la actividad económica se centra en el compadreo con las autoridades que aportan un invernadero protegido. Si riesgo e incertidumbre son moderados dejan de ser desincentivadores.

El grado de respeto a la ley permite deslindar entre los países prósperos y los que se estancan o decaen

Sin necesidad de llegar al extremo heroico de respeto a la ley, ejemplificado en la sujeción voluntaria de Sócrates que se aplica la sentencia de muerte injusta a la que ha sido condenado, y de la que puede escapar si lo desea, quienes deben aplicar las normas han de cumplirlas o cambiarlas. Las normas legítimas son de ámbito general y el poder evita extralimitarse con sanciones, exigencias y amenazas que, o se realizan en el ámbito del amparo legal y actúa el funcionariado competente, o deben implicar penalización de quien se excede. Si desde la política se insta al incumplimiento y, aún peor, se proclama, se desacreditan todos los ámbitos de gobierno.

En los países donde la dimensión empresarial media es pequeña, como España y otros del mediterráneo, el grado de respeto a la ley, aunque ha mejorado, es menor al existente en países donde el cumplimiento es mayor, como Suiza o Alemania, donde la dimensión media de las empresas es mayor. Estos vínculos no son concluyentes porque hay una miríada de factores que afectan a esta relación, algunos tratados por Fukuyama en su libro La confianza, pero siempre que las normas se desacreditan (que suele acompañarse de la explotación de sentimientos que pueden dar una popularidad efímera) toda la sociedad paga el coste con menor crecimiento. Esto vale para los Estados, para autoridades supranacionales que cuestionan pactos en el ámbito monetario o fiscal, presionan indebidamente a las autoridades encargadas de aplicarlos o gobiernos subcentrales que se arrogan potestades arbitrarias en localización de actividades o licitación pública.