Los derechos sociales, un activo en alza
España se sitúa a la cola de Europa en inserción laboral de personas con discapacidad. Según el autor, las barreras existentes, tanto físicas como psicosociales, reflejan el contexto de discriminación hacia los discapacitados que el programa del PSOE se ha propuesto atajar
El pasado 14 de marzo nos enfrentamos a una de nuestras más valiosas potestades: elegir a quién queremos que nos gobierne. Para la gran mayoría de ciudadanos, la decisión era determinar quién era el candidato más idóneo para presidir la próxima legislatura. Para muchas personas con discapacidad, la principal preocupación era cómo poder llegar a depositar su voto. Lejos de ser anecdótico, el ejemplo demuestra que, en pleno siglo XXI, muchos de los derechos fundamentales se ven truncados en la práctica cotidiana de las personas con discapacidad. Barreras de orden físico, principalmente de acceso, sumadas a otras de orden psicosocial -reticencias, cuando no prejuicios manifiestos, y desconocimiento- constituyen un contexto de discriminación generalizada que merma las oportunidades educativas y de inserción laboral de más de 3,5 millones de personas en España.
Según el barómetro Eurostat, 38 millones de europeos, alrededor de un 10% del total de ciudadanos de la UE, conviven con algún tipo de discapacidad. Si el referente son los 25 países tras la ampliación, la cifra se eleva a 50 millones y, en lo relativo al porcentaje de inserción laboral de estas personas, España ocuparía la posición número 21. Para conseguir la necesaria integración social, este colectivo necesita, al menos, alcanzar los niveles de inserción laboral del resto de la población y, en España, estamos a 20 puntos de distancia.
Dos de cada tres españoles discapacitados en edad de trabajar aún no tienen empleo
A este entorno hostil se ha llegado, además de por multitud de factores socioeconómicos, por el retraso que arrastramos con respecto al resto de Europa en la aplicación de políticas activas de inserción laboral para este colectivo. Por ejemplo, la Ley de Integracion Social del Minusválido, que en su día fue considerada una gran ley, todavía, 20 años después, sigue presentando lagunas en su cumplimiento. La pretendida reserva del 2% para personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados (luego aumentada al 3% y al 5% en las Administraciones públicas) aún está bastante lejos de cubrirse. Así, dos de cada tres españoles con discapacidad en edad de trabajar aún no tienen empleo, lo que representa un gran déficit de ciudadanía.
Resulta difícil entender por qué un número importante de personas con discapacidad no acceden al mercado laboral en igualdad de oportunidades si el entorno reúne las condiciones necesarias para su integración, su productividad es equiparable a la del resto de empleados y, por lo general, su nivel de motivación es mucho mayor. Nuestro país cuenta con ejemplos loables de compañías líderes que rebasan voluntariamente el cupo establecido por ley porque, simplemente, les es rentable. Tal es el caso de Carrefour, Alsa, IBM, Ford, McDonald's y otras muchas corporaciones. Si caen las barreras, hablar de discapacidad carece de sentido.
El año 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad, ha incrementado el grado de sensibilización de la sociedad con una percepción menos asistencialista y más normalizada hacia el colectivo. La discapacidad se ha incorporado a la agenda política en el plano de los derechos fundamentales y se ha reformado el marco jurídico con importantes leyes, algunas de las cuales insisten en el empleo como medida de integración. Pese a este notable avance, todavía queda mucho por hacer en aspectos como la dependencia, la integración sociolaboral y la accesibilidad que presumiblemente se irá paliando en posteriores desarrollos normativos.
En su programa electoral, el PSOE incluía una importante batería de medidas a favor de la discapacidad con un objetivo final: alcanzar un déficit cero de ciudadanía en un plazo de dos legislaturas. En el plano laboral, entre los compromisos programáticos, destaca la promesa de impulsar el empleo como medida para reducir la dependencia; un plan nacional de promoción de la formación y el trabajo, y el cumplimiento legal de la cuota de reserva del 2% en el sector privado y del 5% en las Administraciones públicas, empezando por La Moncloa.
A los ya enumerados beneficios sociales, estas medidas aportarían la generación de una importante actividad económica, así como el incremento en los ingresos fiscales y la reducción de las pensiones no contributivas.
Ante nosotros se abre un nuevo panorama esperanzador conformado por dos aspectos clave que impulsarán la integración social y laboral del colectivo: el cumplimiento de la normativa y de las cuotas de reserva y la apuesta estratégica por la responsabilidad social corporativa (RSC) que ya da frutos en el mercado empresarial.
Hacer realidad la reserva del 2% de la plantilla para personas con discapacidad situaría a las empresas en el camino de la RSC. Los analistas, los inversores y la sociedad demandan prácticas de buen gobierno y, qué duda cabe, que la incorporación de personas con discapacidad genera valor para la empresa. Contar en las empresas con la pluralidad que refleja la sociedad es una condición ineludible para poder entender las preocupaciones y necesidades del entorno social en el que se desenvuelve y, por ende, un activo al que ningún empresario debería renunciar.