Balance y retos de la política de empleo
Las reformas laborales aprobadas en los ocho años de Gobierno del PP se han centrado en la política de empleo, pero no han introducido cambios en otras áreas. El autor analiza los retos que debe afrontar el nuevo Gobierno para mejorar el mercado de trabajo
En los ocho años de Gobierno del PP se han aprobado diversas reformas laborales, centradas casi exclusivamente en la política de empleo (modalidades de contratación, incentivos económicos al empleo y prestaciones por desempleo), sin que prácticamente se hayan introducido cambios en otras áreas de las relaciones laborales, como las condiciones de trabajo, la negociación colectiva, el despido, la jornada laboral o los salarios.
La medida más relevante de todas las tomadas por los Gobiernos del PP en esta materia ha sido sin duda la creación en 1997 del contrato para el fomento de la contratación indefinida, dirigido a colectivos determinados y con un coste mínimo de despido improcedente (33 días de salario por año de servicio) inferior al de los contratos indefinidos ordinarios (45 días de salario por año). En esta reforma de 1997, la más ambiciosa de todas las aprobadas por el PP, el Gobierno se limitó a reproducir en norma legal el acuerdo que, previamente, habían adoptado los interlocutores sociales, UGT y CC OO, por una parte, y CEOE/Cepyme, por otra.
La importante reducción del paro ha sido producto más de la favorable situación económica que de los resultados concretos por las medidas del Gobierno popular
Por el contrario, a partir de 1997, las reformas laborales puestas en marcha supusieron un paulatino endurecimiento y alejamiento social, hasta llegar a aprobar unilateralmente, y con la oposición radical de los sindicatos, importantes medidas en 2001 y 2002, la última de las cuales, dirigida principalmente a modificar el sistema de prestaciones por desempleo, provocó la convocatoria de una huelga general, como consecuencia de la cual el Gobierno dio marcha atrás en casi todos los cambios aprobados en mayo de 2002.
Por otra parte, en algunas de las reformas aprobadas en los últimos ocho años se producen contradicciones, como en el caso de la contratación a tiempo parcial, en la que en 2001 se corrigieron muchos de los cambios introducidos en la reforma de 1998, aprobada con el apoyo de los sindicatos y con el rechazo de CEOE/Cepyme, y que, a su vez, había introducido significativas modificaciones con relación a la situación de 1997.
En cuanto a las modalidades específicas de políticas activas de empleo (excluidas las prestaciones por desempleo) instrumentadas por el PP, destacan los incentivos económicos a la contratación de las empresas privadas, a los que destinó en 2002, según datos de la OCDE, casi las dos terceras partes del gasto total en esas políticas de empleo, en perjuicio de otros tipos de medidas, como la formación profesional, los programas públicos de empleo y la mejora de los servicios públicos de empleo.
Sobre esta concentración de los recursos destinados a los incentivos al empleo privado, hay que tener en cuenta que estas actuaciones pueden ser de dudosa eficacia, ya que muchos de estos contratos, en particular las conversiones de contratos temporales en indefinidos, es posible que se hubieran efectuado igual (el llamado efecto ganga o de peso muerto), por lo que se produce un despilfarro de recursos.
Este problema se agrava, aún más, si se tiene en cuenta la práctica generalización a todos los colectivos de desempleados y la complejidad del sistema de incentivos, cuyas cuantías y duración son variables según el colectivo considerado, lo que puede hacer que en determinados casos, como el de las mujeres, dichos incentivos -inferiores a los de otros colectivos-, no sean efectivos para fomentar su contratación.
Además, los resultados han sido muy limitados, ya que, pese a la importante reducción del paro, producto más de la favorable situación económica que de los resultados concretos de la política de empleo, nuestra tasa de paro (11,2%) es la más alta de la UE, y su distribución sigue siendo muy desigual (la tasa de paro de las mujeres es el doble que la de los hombres y la de los jóvenes también el doble que la de los adultos). Igualmente, la temporalidad del empleo asalariado es la más alta de toda la UE, con más del 30%, y, en cambio, el porcentaje del empleo a tiempo parcial, el 8%, el más bajo después de Grecia.
De todo ello, cabe deducir los importantes retos que deberá abordar el nuevo Gobierno socialista. Entre estos retos, el prioritario parece, sin duda, la necesidad de un acuerdo social del futuro Gobierno con sindicatos y patronal que diseñe una política de empleo más profunda y eficaz que en los últimos años. Sin esto no será posible alcanzar tasas de paro cercanas al pleno empleo, reducir sustancialmente la temporalidad y aumentar la importancia del empleo a tiempo parcial.
Asimismo, la política de empleo deberá dar más importancia a aspectos que han sido relegados en los últimos años, como la mejora de la labor de intermediación entre oferta y demanda de trabajo y la formación profesional, así como al descenso de la tasa de temporalidad en las Administraciones públicas, que ha aumentado desde 1995 del 16,1% al 22,7%, mientras que la del empleo privado ha disminuido en dicho periodo del 40,7% al 32,5%.
Por último, en materia de incentivos económicos a la contratación deberá instrumentarse medidas más selectivas, dedicadas exclusivamente a los colectivos con menores posibilidades de integración en el empleo, al mismo tiempo que se destinan más recursos al gasto en políticas de empleo, que en la actualidad representa, incluyendo las prestaciones por desempleo, únicamente el 0,2% del PIB por punto de tasa de paro, el cuarto porcentaje más bajo de la UE tras Reino Unido, Italia y Grecia.