Kioto y más deslocalización
Compaginar la lucha contra el cambio climático que impone Kioto sin descuidar los niveles de desarrollo industrial, de creación de riqueza y de empleo no es imposible, según el autor, pero requiere de un compromiso medioambiental que involucre a todos los sectores
Si el protocolo no cambia, tendremos que irnos de Europa', declaraba Guy Dollé confirmando el rumor que circula desde que Arcelor presentara ante el Tribunal de Luxemburgo una denuncia contra la directiva comunitaria emanada de los objetivos de Kioto. Como las de Arcelor, muchas otras plantas europeas de otros muchos grupos pueden iniciar su traslado a América del Sur, China, Turquía, Rusia o Estados Unidos. No es un caso aislado, la deslocalización industrial va a verse agravada como consecuencia del cumplimiento con Kioto.
El Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste acaba de clausurar un ciclo de conferencias sobre el impacto de Kioto y las conclusiones arrojan un mar de dudas sobre el futuro. La protección del medio ambiente es una prioridad, pero tenemos que ser capaces de hacer compatible ese objetivo con el crecimiento económico.
Compaginar la lucha contra el cambio climático sin descuidar los niveles de desarrollo industrial, de creación de riqueza y de empleo es una tarea complicada. Encontrar la armonía entre desarrollo y entorno natural no es imposible. Ahora bien, el compromiso medioambiental involucra a todos los sectores, al conjunto de la economía y, por supuesto, al consumidor final, al ciudadano de a pie.
La situación es sobradamente conocida: España superará en un tercio el objetivo de emisiones contaminantes que debe cumplir en el periodo 2008-2012. Kioto limita el crecimiento de nuestra contaminación a un 15% frente a 1990, lo que equivale a 333 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2010 (fecha de referencia). Para Pricewaterhousecoopers, el exceso de emisiones estará entre 110 y 157 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, dependiendo de las medidas que se acometan. Es decir, entre un 33% y un 47% por encima del objetivo. El desfase costará 5.000 millones de euros en compra de derechos de emisión en el mercado europeo que funcionará en 2005. Y en las estimaciones de CC OO el horizonte tampoco mejora, el sindicato da un desfase de 113 millones de toneladas con un gasto de unos 3.600 millones.
Y los que no cumplan tendrán sanciones de entre 40 y 100 euros por tonelada. En el mercado de derechos se comprará la tonelada de dióxido de carbono entre 10 y 30 euros. La industria afectada experimentará automáticamente un incremento en los costes por la compra de derechos de emisión, lo que generará una pérdida de competitividad y probablemente un aumento de la deslocalización de la producción con traslado de instalaciones a países no afectados por Kioto. Y, lógicamente, pérdida de empleos y ralentización del PIB.
La caída de la producción en los sectores industriales de la directiva tendrá efectos sobre las eléctricas; al caer la actividad caerá el consumo y caerán los ingresos por ventas de electricidad. Además se producirá una pérdida de competitividad añadida en la industria española con respecto a los países con mejor situación de cuota de emisiones. Y cuando vayamos al mercado de derechos, los vendedores serán los más ricos -Alemania, Francia, Gran Bretaña...- que a golpe de millones irán recuperando los fondos estructurales desembolsados para España en los últimos años.
Las 4.500 empresas afectadas -sin contar eléctricas- tendrán que gastarse entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año a partir de 2005. La comisaria Margot Wallström ha declarado que 'no es justo que la industria cargue con todo el peso' y que cree en la necesidad de poner en marcha 'todos los mecanismos de flexibilidad que prevé el Protocolo de Kioto', pero afirma tajantemente que 'el mercado europeo de comercio de emisiones arrancará sin retrasos y que renegociar las cuotas es abrir la caja de Pandora'.
Si hacemos un reparto del objetivo para 2010, un 24% corresponde al sector eléctrico, un 20% al resto de sectores y el restante 56% son los no afectados. El efecto de la competencia de fuera de la UE resulta más leve en el sector eléctrico, que cuenta con posibilidades reales de reducir emisiones, puede asumir el impacto financiero y puede ampliar su campo en tecnologías limpias a partir de energías renovables. Según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, los consumidores están dispuestos a pagar más por una energía verde. Los otros sectores están muy limitados en su capacidad de reducción y si lo hacen sería a costa de bajar su producción, es decir, a costa de empleos y de una merma en la riqueza del país.
Numerosas voces se vienen alzando, sin éxito, para solicitar en la Comisión que se reabra un debate para la revisión de los acuerdos, adoptando los mecanismos de flexibilidad que prevé el protocolo. Deben alzarse más.
Exijamos que las empresas adopten medidas para hacer descender las emisiones, que las tecnologías limpias sean las predominantes y que crezcan las inversiones medioambientales. Según el estudio Entorno 2003, la inversión total en tecnologías limpias de las empresas industriales españolas, incluyendo mineras y de producción de energía, está cayendo, ¿cómo es posible?
El colectivo de ingenieros de minas cree que la aplicación inadecuada de la directiva provocaría cambios tecnológicos económicamente ineficientes, comprometería los objetivos del desarrollo energético del país y produciría la supresión de capacidad productiva eficiente, viéndose sustituida por la de terceros países con menor restricción medioambiental. Reabrir el debate para estudiar nuevos escenarios, para flexibilizar las directivas, es ahora vital. Si Rusia no firma, debería existir un plan alternativo que no ponga en peligro la competitividad de algunos de los países miembros. Estamos a tiempo.
Secretario general técnico del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste