Cumplir con Kioto
La Tierra se está recalentando. Los efectos de la ola de calor que asoló España y el resto de Europa el pasado verano fueron un aperitivo de lo que eso significa. Cientos, si no miles de personas, murieron por golpes de calor y enfermedades ligadas a las elevadas temperaturas; el fuego destruyó decenas de miles de hectáreas, y la agricultura española sufrió serios daños como consecuencia de una prolongada sequía seguida de tormentas e inundaciones.
Munich Re, la mayor reaseguradora del mundo, calcula en más de 10.000 millones de euros el coste de la ola de calor del año pasado para la economía europea. Y advierte que tendremos que acostumbrarnos a estas condiciones climáticas si no logramos mitigar el recalentamiento del planeta. Aparte del sufrimiento humano y del daño económico directo que causará, el fenómeno supondrá, por supuesto, primas de seguro más elevadas.
Pruebas científicas en todo el mundo apoyan este punto de vista. Y es por eso que tenemos que actuar ahora y aplicar el Protocolo de Kioto, único marco internacional para combatir el recalentamiento. En este acuerdo crucial, la UE se comprometió a que entre 2008 y 2012 sus emisiones de gas de efecto invernadero serían el 8% menos que en 1990. La consecución de esto se distribuye entre los diferentes miembros de la UE. Algunos, como España y Portugal, podrán incrementar sus emisiones hasta 2012: España, en un 15%, y Portugal, en un 27%. Otros tienen que lograr significativas reducciones; Alemania, por ejemplo, del 21%, y Reino Unido, del 12,5%.
Países como España están muy alejados de sus compromisos sobre reducción de emisiones contaminantes
Parece evidente que todos los sectores, de la industria al transporte, pasando por los hogares, tendrán que contribuir a la reducción de emisiones. En el Plan Europeo sobre el Cambio Climático hemos señalado las medidas más beneficiosas, desde el punto de vista medioambiental y de costes, que permitirán a la UE conseguir su objetivo. Nuestro sistema de comercio de emisiones, que comenzará en enero, es la piedra angular de esa estrategia en lo relativo al sector industrial, del que proceden la mitad de las emisiones de gases de invernadero.
El comercio de emisiones es un sistema auténticamente innovador. Aprovecha la dinámica del mercado y garantiza que, con un mínimo de costes, se reduzcan las emisiones de las empresas que producen energía o que la consumen de manera intensiva.
En este momento, los Gobiernos tienen que distribuir los derechos de emisiones entre las más de 10.000 plantas industriales cualificadas para participar en el mercado. El plan de reparto tiene que remitirse a la Comisión Europea antes de finales de este mes de marzo. Cuando el comercio comience en 2005, las empresas que mantengan sus emisiones por debajo del nivel autorizado podrán vender el crédito que no han usado a las compañías que tengan dificultades en mantener a raya su contaminación.
El sistema redunda en un doble beneficio. Medioambiental, porque garantiza que el objetivo marcado de emisiones se logre, pues los derechos concedidos corresponden a esa meta. Y económico, al facilitar que el objetivo se consiga con el menor coste posible para la sociedad en su conjunto.
No me sorprende que el proceso de reparto de derechos esté provocando debates acalorados, sobre todo en países como España, que están muy alejados de sus compromisos de Kioto. A menudo se apela a que la reducción exigida dañará la competitividad de la industria europea. Extraña e incorrecta afirmación. La industria, como el resto de la sociedad, tiene que contribuir a que se reduzcan las emisiones de gas con efecto invernadero. Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, se han comprometido a reducir en un 25% las emisiones de CO2 en los nuevos modelos entre 1995 y 2008-2009. Y el proyecto de directiva sobre ecoeficiencia de los productos que consumen energía afectará, entre otros, a los electrodomésticos.
El sistema de comercio de emisiones creará incentivos para que la industria desarrolle nuevas técnicas y asegure que la reducción se produzca donde salga más barato. Así, todos saldremos beneficiados económicamente. Nuestros cálculos indican que el mercado de emisiones podría reducir un 20% los costes de implementación de los compromisos de la UE en Kioto en comparación con un escenario en que no se hubiera permitido el comercio transfronterizo. Esto supone un ahorro de aproximadamente 1.700 millones de euros al año.
No hay duda de que la aplicación del Protocolo de Kioto es la única manera que tenemos para combatir el problema global del cambio climático. 121 Gobiernos lo han ratificado ya. Y confío en que Rusia, que ahora tiene en su mano el voto decisivo, haga pronto lo mismo, con lo cual el protocolo entrará en vigor. Es la única manera responsable de actuar. El cambio climático no va a desaparecer, y tampoco los compromisos que hemos aceptado. Cuanto antes entienda eso todo el mundo y se pongan manos a la obra, menos doloroso será cumplirlos.