Insostenible pacto de sostenibilidad
La Comisión Europea ha prometido hacer pública su propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) antes de que finalice la presidencia irlandesa de la UE. El comisario Solbes ya ha adelantado que se flexibilizará su aplicación, que los límites sobre el déficit (3% del PIB) y la deuda (60% del PIB) se mantendrán inalterables y que la sostenibilidad presupuestaria debe ser la nueva protagonista de un pacto reformado con ánimo de perdurar.
Es difícil adivinar el futuro, pero si reunimos los indicios que ha venido dando la Comisión y las recomendaciones incluidas en el Informe Sapir, los ejes de la propuesta de reforma deberían ser tres: introducción de consideraciones cíclicas para flexibilizar la interpretación del límite de déficit; reorientación del pacto para tener más en cuenta la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, y mejora de los mecanismos de prevención y supervisión de la Comisión.
Para introducir consideraciones cíclicas, es casi seguro que la Comisión propondrá reinterpretar la cláusula de excepcionalidad que permite superar el límite de déficit a los países en recesión (-2%), para apelar a la misma siempre que se experimente crecimiento negativo. Quizá a esto se añada la posibilidad de reinterpretar el límite del 3% de déficit nominal en términos de déficit cíclicamente ajustado, lo que habría salvado a la mayoría de los 'incumplidores'.
El PEC ha saltado por los aires por tres defectos de origen: su inflexibilidad, la falta de incentivos para cumplir el límite del 3% y su inaplicabilidad
Las iniciativas para incorporar como criterio la sostenibilidad de las finanzas públicas deberían centrarse en permitir mayores déficit a los países que incurran en ellos para financiar inversiones que aumenten su potencial de crecimiento, siempre y cuando su deuda pública acumulada se encuentre en niveles muy inferiores al 60% del PIB. Esta iniciativa es en la que más fe tiene la Comisión, ya que ayudará a los nuevos miembros, que necesitan hacer fuertes inversiones en el futuro y que tienen sus ratios de deuda bajo control. Sin embargo, es probable que ésta no sea tan bienvenida en países con niveles desorbitados de deuda, como Italia, Bélgica o Grecia, o en países con sistemas de pensiones insostenibles en el medio-largo plazo, como España.
Finalmente, las propuestas para mejorar los mecanismos de supervisión son los que se mantienen más en secreto, porque atañen a la actual distribución de poder entre la Comisión y el Consejo. En este sentido, es posible que la Comisión intente adquirir la capacidad de rechazar los planes de estabilidad que remiten anualmente los países de la zona euro, en aquellas situaciones en que los escenarios dibujados por las autoridades nacionales sean manifiestamente diferentes de los que maneja la Comisión. Quizá se insista además en la posibilidad de que la Comisión pudiera lanzar las 'alertas tempranas' que prevé el pacto sin depender de la ratificación del Consejo como hasta ahora, algo que ya está en el borrador de la Constitución europea.
De todas esas posibles reformas, es muy posible que salgan adelante la mayoría de las relacionadas con el ciclo y con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero hay que asumir que se bloquearán las que impliquen aumentar el poder de la Comisión.
Si las predicciones de este artículo se cumplen, la reforma del PEC será parcial y no definitiva. Habremos pasado del pacto de estabilidad al pacto de sostenibilidad, pero la permanencia del acuerdo seguirá en entredicho. El PEC ha saltado por los aires por tres defectos originales: su inflexibilidad (no tiene en cuenta la posibilidad de recesiones asimétricas); su falta de incentivos positivos para cumplir con el límite del 3% (los Gobiernos no ganan nada limitando su capacidad de gasto), y su inaplicabilidad (no hay forma de multar a países soberanos).
Reorientar el PEC de la estabilidad hacia la sostenibilidad solucionará el primero de los problemas, porque hará al pacto mucho más flexible. Pero el problema de la falta de incentivos y el problema de la aplicabilidad seguirán sin resolver, y por lo tanto el nuevo pacto de la sostenibilidad podría terminar siendo también insostenible. Hasta que no se diseñen fórmulas para que las sanciones sean efectivas y no se introduzcan incentivos para que los Gobiernos ahorren cuando la economía crece, olvidándose de expandir el gasto cuando las elecciones se acercan, cualquier nuevo acuerdo seguirá siendo muy frágil.
Pero la solución a estas dos cuestiones pendientes no depende de la Comisión, sino de los países miembros. En último caso, se trata de una decisión sobre el grado de soberanía que están dispuestos a ceder en el terreno de la política fiscal, para que la unión económica no tenga marcha atrás. Una soberanía que esos mismos países ya cedieron en la política monetaria durante los noventa como primer paso para la futura unión política, una ambición que no han sabido o no han querido mantener. Obviamente, la visión europeísta de los líderes de entonces no es comparable al bizqueo de los líderes de ahora.