Privatizaciones en España
Las privatizaciones en España se iniciaron a mediados de los ochenta dentro de las medidas articuladas en torno al Real Decreto-Ley 2/85, de 30 de abril, con el que comparten una orientación favorable a la liberalización económica. En esos años se presentaron como medidas puntuales tendentes a racionalizar el conjunto de empresas públicas, reducir el déficit o aumentar el patrimonio del grupo. Se tomaron decisiones difíciles como el cierre de Altos Hornos de Sagunto. Paulatinamente, se colocaron en Bolsa tramos importantes de grandes empresas, y, poco a poco, se eliminaron prejuicios contrarios a la pérdida de titularidad pública y, así, tras la experiencia previa de la nacionalización del grupo Rumasa, los distintos Gobiernos socialistas presentaron credenciales de privatizadores en la misma época en que Reagan y Thatcher las hicieron populares.
En 1996 se dio un carácter más profundo a la función de las privatizaciones al entenderlas como elemento de la política de liberalización y modernización del tejido productivo, lo que se acompañó de procesos de desregulación y creación de agencias reguladoras en ámbitos sensibles como telecomunicaciones y electricidad. Cambió el método de transmisión de propiedad sujetándolo a pautas aprobadas por el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, donde se explicitaban los principios rectores de publicidad, transparencia y concurrencia; eficiencia económica; sometimiento a control de las operaciones; separación de propiedad y control de las empresas; defensa de los intereses económicos y patrimoniales del Estado, de los accionistas y terceros; continuidad del proyecto empresarial de las privatizadas; aumento de la competencia; extensión de los mercados de capitales y ampliación de la base accionarial.
La aportación de asesores externos a la valoración de empresas, colocación de las acciones, seguimiento del proceso, búsqueda de socios, etcétera, profesionalizó el proceso y lo desvinculó de la gerencia de las empresas vendidas. Se creó el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que debía emitir dictamen previo sobre cada operación. Se impuso la presencia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en cada caso y el poder del Tribunal de Cuentas para fiscalizarlas, añadiéndose control parlamentario a través de la Subcomisión de Privatizaciones. Las ventas se hicieron a través de ofertas públicas en Bolsa, de ventas industriales por concurso o por procedimiento mixto combinando la venta a socios con la OPV.
Se debe frenar y revertir la tendencia de algunas Administraciones a crear empresas o participar en ellas
Entre 1996 y 2002 se vendieron 45 empresas y participaciones minoritarias en otras cuatro, se hicieron 13 OPV. Los ingresos rebasaron los 26.562 millones de euros. Esto contribuyó al ajuste presupuestario del sector público, más por la vía de saneamiento y eliminación de déficit de otras empresas que por ingresos directos. Se lograron unos ocho millones de nuevos accionistas ampliando los mercados de valores. El aumento de la competencia derivado de la combinación de desregulación y privatización llevó a que las tarifas telefónicas y eléctricas pasaran de rebasar la media europea a quedar por debajo, aún cuando las medias en la UE también descendieron. El conjunto de empresas privatizadas aumentó su internacionalización, por vía directa y, también, gracias a la integración en grupos que aportaron tecnología, mercados y capacidad financiera. El empleo del grupo, su inversión en I+D y sus exportaciones subieron. El diseño de las operaciones y la supervisión del Tribunal de Defensa de la Competencia disuadió o frenó que las posibles situaciones de abuso de dominio se plasmaran en empresas que abusaran de su posición de dominio.
El proceso ha sido humano y por tanto no exento de errores, si bien la capacidad de reacción permitió rectificar con rapidez y sin lesión de derechos o patrimonio. La participación sindical en los procesos de seguimiento de los planes industriales de las empresas vendidas por concurso y la suavidad de la polémica académica respecto al proceso avalan una trayectoria inacabada. Es posible blasonar de lo hecho, pero importa más continuar porque quedan empresas y activos (solares y terrenos), en la SEPI y en distintos organismos, que pueden ponerse en valor generando recursos la venta o diferidos por impuestos que gravan la base económica derivada de su puesta en actividad. Se debería frenar y revertir la tendencia de algunas Administraciones subcentrales a crear empresas, o a participar en ellas.
La experiencia adquirida en el proceso puede llevar, (como ocurre en Italia) a que el equipo responsable asuma competencias para compensar los conatos de desindustrialización que se están dando, sea captando nueva inversión extranjera o estimulando, con participaciones transitorias, el despegue de iniciativas empresariales nacionales.