Un corsé para la deuda regional

La Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene entre sus ventajas la definición de un espacio público de control de las finanzas, que asegura la viabilidad del sector público a todos sus niveles (estatal, autonómico y local). El control del déficit y del endeudamiento sirve, según los defensores a ultranza de la citada norma, para garantizar en el futuro servicios públicos esenciales, como las pensiones o la sanidad. Sin embargo, este corsé financiero debe definirse con reglas claras e idénticas para todos los agentes económicos.

Claras, porque no se puede dar paso a la arbitrariedad institucional. Idénticas, porque es de justicia pedir el mismo rigor a quien desempeña responsabilidades desde la esfera pública, ya sea desde un ayuntamiento, un Ejecutivo regional o el Gobierno central. En este entorno, las agencias de calificación avisan de que la consabida Ley de Estabilidad cuenta, de momento, con numerosos recovecos que permiten a las comunidades autónomas mantener, e incluso elevar, su volumen de deuda. Recovecos que pasan por una falta de concreción en asuntos claves como la definición de lo que es una empresa pública o el desarrollo de planes de saneamiento financiero.

Con la deuda pública no se juega, ya que de este instrumento, como de otros, las comunidades obtienen gran parte de sus recursos. Es mejor relajar el corsé, permitiendo a los Gobiernos regionales mayores posibilidades de financiación que cubran sus inversiones, que cerrar el grifo al recurso al endeudamiento autonómico a sabiendas de que estas administraciones harán todo lo posible por aprovechar los coladeros que ofrece la ley, incluida la vía del recurso. Los desarrollos reglamentarios pertinentes deben llegar cuanto antes para eliminar toda laguna legal que provoque que la norma sea ineficiente desde su nacimiento.