Ley de Estabilidad Presupuestaria

Las agencias detectan 'coladeros' para elevar la deuda de las regiones

Las comunidades autónomas cuentan aún con muchos recovecos legales para elevar a corto plazo su volumen de deuda, a pesar de las limitaciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es la opinión de las principales agencias de calificación, que avisan de la existencia de verdaderos coladeros en la normativa actual.

Las agencias detectan hasta tres vías indirectas de actuación de los Gobiernos regionales. La primera de ellas se refiere al mantenimiento del equilibrio fiscal. La ley obliga a las comunidades autónomas a presentar un plan de saneamiento que convenza al Ministerio de Hacienda sobre el retorno al equilibrio presupuestario, en caso de que éstas no hayan podido cerrar el ejercicio con sus ingresos y gastos ajustados.

Sin embargo, según recalca la agencia Fitch, 'la ley no establece los parámetros para la evaluación de dicho plan de saneamiento', por lo que se crea un resquicio para perpetuar situaciones deficitarias o de elevado endeudamiento, hasta que se aclare la situación. 'El problema es que aún no hay reglamento publicado de la Ley de Estabilidad que especifique estos conceptos', recalca a Cinco Días, Míriam Fernández de Heredia, analista de deuda de la agencia Standard & Poor's. Se está a la espera también de aclarar cómo se determina la capacidad de financiación de la comunidad en cuestión y qué información habría que remitir al Ministerio de Hacienda.

Falta rigor en planes de saneamiento y en la definición de empresa pública

La segunda vía de actuación de las comunidades para mantener elevado su volumen de deuda tiene relación con la posibilidad de dejar fuera del cómputo del déficit público a algunas empresas adscritas a ellas, como permite el organismo oficial de estadísticas comunitarias, Eurostat.

Fitch considera, en este sentido, que algunos criterios 'se revelan ambiguos, especialmente la definición del perímetro de consolidación en función del grado de control que una comunidad ejerce sobre cada uno de sus entes públicos'. Como regla general, se establece que una empresa pasa a consolidar como administración territorial, y por tanto, computa como déficit público, si al menos el 50% de sus costes de producción no están cubiertos por ingresos propios.

Aunque el Ministerio de Hacienda cuenta con una lista de estas empresas públicas regionales que consolidan (válida para un plazo de cinco años), en la práctica el Gobierno central suele variar periódicamente esta clasificación y las comunidades tienen el derecho de pedir explicaciones. Ello ya ha producido discrepancias entre ambas Administraciones, que se han saldado en ocasiones con recursos de los Ejecutivos regionales a Eurostat, quedando en entredicho el volumen real del déficit y deuda regional. Es el caso de la Comunidad de Madrid con el déficit generado por Mintra, la empresa pública constructora del metropolitano.

Colaboración privada

El tercer coladero se refiere precisamente a los incentivos que tienen las comunidades autónomas, dadas las limitaciones para la contratación de nueva deuda, a participar en proyectos con el sector privado y asegurar así la ejecución de las grandes infraestructuras. Fitch asegura en un informe que seguirá de cerca estos proyectos y evaluará las implicaciones crediticias para las comunidades, 'particularmente, la existencia de avales y otro tipo de garantías sobre la deuda contratada para el montaje de estas operaciones, y los compromisos de pago de la región al concesionario'. Y es que los avales acaban reduciendo la escasa flexibilidad presupuestaria de las comunidades.

Las comunidades se comprometieron en el Consejo de Política Fiscal a no elevar su volumen de deuda en 2003 por encima de los 41.600 millones en que acabó 2002. Se desconoce si han podido cumplir. El Banco de España no dispone aún de los datos de cierre de año. A septiembre, el volumen de deuda ascendía ya a 42.882 millones, 1.100 millones más de lo permitido.

En busca del mercado internacional

Las agencias de calificación consideran que la salud financiera de las comunidades autónomas es buena. A pesar del aumento de deuda de los últimos años, sus ratings (calificaciones) se asemejan a los de cualquier Estado soberano de la UE. 'No veo tensiones a corto plazo, a pesar de las limitaciones impuestas en su financiación; tampoco se prevén cambios sustanciales de su estabilidad en los próximos dos años', señala Míriam Fernández de Heredia, desde Standard & Poor's.

Prueba de esta estabilidad es que parte de las comunidades acuden a los mercados extranjeros de deuda, y con éxito. Algunas de ellas, con peso específico reducido, como Castilla-La Mancha, están haciendo sus pinitos. En 2002 el Gobierno castellano-manchego lanzó al mercado europeo una emisión de bonos por 100 millones de euros, con un éxito rotundo. La demanda quintuplicó la oferta de títulos, que se repartieron entre ahorradores de Alemania, Irlanda y Luxemburgo. En 2003 repitió la operación.

Otro ejemplo es Galicia, con una emisión recurrente de bonos, colocados entre otros mercados, en Alemania. Andalucía comenzó a hacer uso de la deuda pública en 1991, cuando lanzó una primera emisión de pagarés.

En el caso de los municipios, la mayor parte no cuenta con el aparato técnico para recurrir a emisiones de deuda. Además, como recalca Adolfo Dodero, de la Federación Española de Municipios, existen otros problemas, que deben solucionarse antes, como la 'excesiva vaguedad de muchos de los conceptos aplicados por la Ley de Estabilidad' y que les afectan de lleno.