La incógnita de las balanzas fiscales
No es de extrañar que en un panorama electoral donde se dan extrañas coincidencias entre fuerzas políticas contrapuestas la entrada en escena de algunos problemas de orden territorial, como es el caso de la financiación autonómica y la consiguiente reforma de estatutos de autonomía -donde sí se dan profundas diferencias en los enfoques de los distintos partidos-, esté centrando, y vaya a seguir haciéndolo, el interés del debate político.
Lo malo es que este debate, en lugar de apoyarse en análisis económicos sobre las cargas y los beneficios de las comunidades autónomas, lo que podría resultar fructífero, se viene caracterizando por la ausencia de argumentos objetivos y el uso de un lenguaje crispado, donde aparecen conceptos de viejas resonancias como los de unidad patria, vertebración y otros de similar carga ideológica.
Pero esa distorsión del debate no sólo se produce por la habitual búsqueda del voto, sino que obedece también a la falta de datos sobre la materia, cuestión en la que las distintas Administraciones públicas tienen mucho que ver, por cuanto son corresponsables de las carencias de información tributaria, contable e interventora, fundamentales para elaborar unas cuentas de las diferentes Administraciones públicas que permitieran poder describir, con una metodología aceptada por todos, cómo se generan en cada una de las comunidades autónomas los flujos económicos de tipo real, fiscal y financiero.
Existe un vacío de información desde hace siete años que distorsiona el debate sobre la financiación de las autonomías
En estas circunstancias, no es de extrañar que en fechas recientes la presidenta de la Comunidad de Madrid se basara en el estudio de Balanzas fiscales de las comunidades autónomas, dirigido por Ezequiel Uriel y publicado por la Fundación BBVA a finales de 2003, para lanzar la increíble afirmación de que 'los madrileños contribuyen cuatro veces más que los catalanes a la solidaridad general', omitiendo el detalle, poco banal por cierto, de que los últimos datos contenidos en dicho estudio se refieren al año 1996, con lo que existe un vacío total de información de lo ocurrido durante nada menos que los últimos siete años.
La carencia de datos recientes, que curiosamente no es objeto del menor comentario en la citada publicación del BBVA, impide conocer la situación actual de las balanzas fiscales de las diferentes comunidades autónomas y sólo permite saber que, en el periodo 1991-1996, los saldos fiscales negativos por habitante correspondieron exclusivamente a las tres comunidades con mayor PIB por habitante, Madrid (-206.835 pesetas), Baleares (-144.973 pesetas) y Cataluña (-65.574 pesetas), siendo positivos en el resto de las comunidades, incluidas la Foral de Navarra y el País Vasco, a pesar de que, en dicho periodo, ocupaban, respectivamente, los puestos cuatro y cinco en la ordenación de comunidades según su PIB por habitante. Por la información que se aporta en el libro, la diferencia entre Cataluña y Madrid no está en unos gastos per cápita extraordinariamente parejos (618.493 frente a 618.956 pesetas. de media anual en el periodo 1991-1996, respectivamente), lo que indica una interesante igualación en las dotaciones de capital público para todo tipo de servicios públicos (sanidad, enseñanza...) y de rentas por pensiones, subsidios de desempleo, etcétera. Por el contrario, la diferencia se encuentra en los ingresos (684.067 frente a 825.791 pesetas, respectivamente), por lo que habría que profundizar en los criterios de imputación de dichos ingresos y ver, por ejemplo, si la distribución territorial por domicilios fiscales de los declarantes ha evitado las perturbaciones de la capitalidad de Madrid en la distribución territorial del IRPF o cómo ha podido afectar la ubicación de sedes centrales a la imputación territorial del impuesto de sociedades.
La falta de explicaciones sobre las diferentes estructuras económicas regionales y sobre las implicaciones que haya podido tener la metodología que se ha seguido en el trabajo impide entender la todavía exagerada diferencia de tres a uno que existe entre los ingresos fiscales por habitante de Madrid y Cataluña, sin que la precisión de la página 401, relativa a que sólo 'se realiza un análisis descriptivo, sin entrar en ningún tipo de valoración', constituya suficiente justificación para la ausencia de explicaciones, que no han de implicar necesariamente valoración alguna.
En cualquier caso, será preciso tener en cuenta que los cambios que se han operado desde 1996, tanto por la vía de ingresos, debido a la disminución de la imposición directa y aumento de la indirecta, como por vía de gastos, con importantes recortes en el gasto social, han debido alterar el panorama de un modo que sería digno de poderse conocer.
Economista y estadístico