Llegamos tarde
La expresión pública de preocupación medioambiental puede tomarse como un síntoma de modernidad y buena crianza, de cultura y de sensibilidad. A veces, sin embargo, no es sino un tópico entre los muchos que integran los discursos políticamente correctos. Resulta inapropiado expresarse con reticencia hacia el medio ambiente. Pero, en realidad, no hay necesidad de hacerlo con palabras: basta hacerlo con los hechos, por acción o por omisión, como es fácil de comprobar entre nosotros.
Desde el 25 de octubre de 2003, en que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, está en vigor la Directiva 2003/87/UE de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Los Estados miembros habrán de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La verdad es que ya andamos tarde. No tanto en la transposición de la directiva, pero sí en la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos ambientales a los que España se ha comprometido.
Como se sabe, la directiva no hace sino adelantar en Europa las previsiones del Protocolo de Kioto sobre la organización de un mercado internacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Una decisión que acredita el compromiso europeo con la preservación del medio ambiente, antes incluso de que el protocolo entre en vigor y, a la vez, contribuye a minimizar el coste económico de la reducción de emisiones pretendida. Sin embargo, los preparativos españoles para su efectiva aplicación van con retraso. No sé si ello se debe a que se confía en una moratoria que permita el aplazamiento de los problemas que hemos de afrontar o porque, realmente, se ha renunciado ya a su definitivo cumplimiento.
Los datos disponibles acreditan el alejamiento de España de los compromisos sobre medio ambiente
La verdad es que las dos posibilidades tienen fundamento. Por ejemplo, diversos representantes de las empresas afectadas por la directiva tanto como el presidente de la CEOE, señor Cuevas, han expresado su inquietud por los efectos de la misma. Y nuestras autoridades no han dado muchas pistas de las iniciativas que pensaban adoptar en este terreno, a no ser las de esperar, primero, a la aprobación de la directiva y confiar, después, en que el retraso en la ratificación del Protocolo de Kioto acabara por darnos algo más de margen.
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto, una vez que el señor Bush dejó clara la oposición de EE UU, depende de modo crítico de la ratificación por Rusia, que o se lo está pensando o, más probablemente, negocia algunas contrapartidas. En efecto, a pesar de que 117 Estados han ratificado el protocolo, su peso es sólo del 44,2% de las emisiones totales. Para alcanzar el 55% exigido para su entrada en vigor se requiere el 17,4% de contribución de la Federación Rusa.
Mientras tanto, los datos disponibles acreditan el alejamiento de nuestro país de los compromisos asumidos. De modo muy breve, si son pocos los países cumplidores en la UE, el caso de España es el más preocupante. La mayor desviación la protagoniza España, cuya emisión de gases de invernadero en 2001, según los últimos datos españoles enviados a la Comisión Europea en marzo de 2003, era un 32,1% mayor que la de 1990. El compromiso de España para el periodo 2008-2012 era no incrementar las emisiones por encima del 15%. Pues bien, el propio Gobierno parece haber renunciado ya a cumplir estos objetivos puesto que en abril de este año preveía unas emisiones de CO2 para 2010 entre un 28% y un 48% superiores a las de 1990.
Hay tantas cosas en juego que, al menos dos, debieran ser clarificadas. La primera, si vamos a apostar por el cumplimiento o por el retraso. Porque el alivio a corto plazo en la necesaria adaptación podría convertirse a medio plazo en una penosa contribución a la pérdida de competitividad. Y la segunda, si el Gobierno va a impulsar de modo efectivo, como otros Gobiernos lo vienen haciendo ya, la organización institucional de los mecanismos flexibles que, como la aplicación conjunta (AC) y el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), pueden facilitar, junto al comercio de derechos de emisión (CDE), la adaptación de nuestras empresas y el cumplimiento de los objetivos.
Profesor de Economía de la Universidad Carlos III