COLUMNA

La energía ibérica

Esta semana los ministros español y portugués de Economía anunciaron en Barcelona el retraso hasta 2006 de la puesta en marcha del Mercado Ibérico de la Energía (MIE), cuyo inicio se había previsto para 2003 en un protocolo que firmaron los dos Gobiernos en el año 2001.

Son muchas las razones que explican el retraso de este interesante proyecto. Por un lado, el cambio de Gobierno en Portugal, donde el nuevo ministro de Economía conservador ha resultado ser más nacionalista y menos liberal que su antecesor socialista, que era un firme partidario de la ampliación del mercado. Parece que no sólo en España, sino también al otro lado de la Península, resulta que la derecha es, en la práctica, menos liberal que la izquierda.

También el Gobierno español ha sido responsable del retraso en la ampliación del mercado de la energía. La polémica suspensión de los derechos políticos de la compañía EDP en Hidrocantábrico sólo ha servido para irritar a los portugueses. Y el Gobierno español hizo algo peor el año pasado, tomó la decisión de aumentar los ingresos de las eléctricas españolas en torno a un 20% durante los próximos años sin discutirla con la parte portuguesa. Esa decisión de dar dos veces (una vez ingresando más por generación y otra -el llamado 'déficit tarifario'- como consecuencia de haberse pagado a ellas mismas esos mayores ingresos de generación) más de 1.000 millones de euros a las eléctricas españolas para salvarlas de las fracasadas aventuras en Latinoamérica y en las telecomunicaciones era tan inconfesable que, intentando ocultarla al máximo a la opinión pública española, se olvidaron de los portugueses, quienes se enteraron también por los periódicos.

Si hay infraestructuras, ni los Gobiernos podrán retrasar el mercado energético entre España y Portugal

Y es que, si la confianza y la credibilidad es siempre necesaria para construir juntos cualquier cosa, es mucho más necesaria para construir algo nada fácil, como un mercado común de energía. La tarea es inmensa, pues supone la armonización y convergencia de legislaciones, de normativas de desarrollo, de instituciones y de formas de operar que hoy son muy diferentes.

Pero el proyecto del MIE merece todo el esfuerzo, incluso aunque no seamos tan ingenuos de pensar que vamos a pasar de la noche a la mañana de tener dos países donde no funciona el mercado a disponer de un mercado común que funcione en competencia.

Para que el MIE pudiera funcionar correctamente, sería necesario privar del poder de mercado a las empresas que hoy lo detentan a un lado y otro de la frontera, y esto no está en la cabeza de los políticos conservadores -que no son liberales- que hoy gobiernan los dos países.

Pero aun sabiendo que el MIE no va a resolver todos nuestros problemas, su construcción puede ayudar a ambos países a mejorar sus regulaciones e instituciones. En el camino de crear un mercado nuevo, Portugal podría aprender mucho de España sobre el diseño regulatorio y España podría aprender mucho de la Comisión reguladora portuguesa, que tiene más competencias que la española, es independiente del Gobierno y, por cierto, mucho más barata. Además, ambos podrían aprovechar para corregir errores detectados por ellos mismos, pero que la inercia burocrática ha impedido corregir.

Además, algunos frutos ya se están recogiendo. Esta misma semana en Cáceres, en una jornada organizada por la Junta de Extremadura, las empresas española y portuguesa responsables de las redes de transporte (REE y REN) anunciaron que el año que viene podría doblarse la capacidad de interconexión entre los dos países. Esta es la mejor noticia que han recibido los consumidores porque, al final, si hay suficientes infraestructuras de transporte, habrá comercio, y ni siquiera los Gobiernos podrán seguir retrasando el funcionamiento del mercado.