Los precios de los alimentos
Un problema para la política económica es establecer cuándo existen situaciones límite que justifiquen una intervención. Bajo esa premisa, el autor analiza la escalada de los precios de alimentos frescos en España y esboza la responsabilidad de la demanda
La sociedad está alarmada por la escalada de los precios en algunos alimentos frescos, que hace peligrar el IPC. Todos hemos percibido este fenómeno, aunque no solamente en los precios de la alimentación. Resulta paradójico que el modelo actual de la política económica se basa precisamente en el principio de que los precios libres permiten una asignación eficiente de los recursos y, en consecuencia, es en los mercados competitivos donde deben fijarse, evitando cualquier intervención pública. Algunos hechos revelan que este complejo proceso puede derivar en fracaso, no porque la teoría de la formación de los precios no sea conocida y exacta, sino que los mercados y sus circunstancias estructurales y sociológicas condicionan decisivamente el equilibrio oferta-demanda, incluso en situaciones en que la competencia está aparentemente garantizada.
La actual política económica pretende intervenir en los mercados tan sólo en situaciones límite. Bajo dicha premisa, el problema es establecer dicho límite, ya que, por ejemplo, en la vivienda aún no se ha alcanzado. Instrumentos para regular los mercados existen, pero es obvio que no se desea ni regular ni intervenir.
En el caso de las frutas y hortalizas frescas, España es posiblemente el primer exportador mundial, existiendo una estructura de comercialización amplia en el mercado doméstico: una red de mercados centrales (Mercasa), donde se localizan 1.500 empresas de distribución mayorista, un sistema capilar de tiendas tradicionales donde se compran el 47,4% de las frutas y el 43,5% de las hortalizas, supermercados (29,5% y 28%), hipermercados (11,6% y 12%), hasta mercados callejeros (6,5%). Es un sector con una estructura muy alejada de cualquier situación oligopolística.
Las Administraciones con alguna competencia en la materia son todas: la europea, la nacional, la autonómica y la local. Existe un 'observatorio de precios', múltiples estudios, larga tradición de conflictos, polémicas interadministrativas... Ahora se ha encargado una investigación al Servicio de Defensa de la Competencia, para determinar causas y responsabilidades. Pero la realidad es que no se desea interferir en los mecanismos de 'formación de los precios'.
Independientemente de las causas naturales de subidas de precios, por pérdidas de cosechas, por mermas y deterioro en productos perecederos, por diferencias en la gama de calidades y variedades, por servicios añadidos en el proceso de manipulación y distribución, etcétera, si la competencia está garantizada, las estrategias comerciales en la fijación de precios son legítimas. Y especialmente en el caso de existencia de miles de puntos de venta al público y de multitud de productos sustitutivos en el consumo. Por tanto, además de investigar las estructuras de la oferta, yo recomendaría investigar también las circunstancias de la demanda.
Frecuentemente, se dice que estamos en un escenario regido por la soberanía del consumidor. Tal y como se plantea el problema, el consumidor también desempeña una función clave al ejercer el derecho a rechazar las ofertas de precio desproporcionado, siguiendo su propia investigación de mercados. Ahora bien, ¿qué ocurre en un contexto de consumidor anestesiado por la publicidad, ebrio por el consumo y la compra masiva, obsesionado por llenar el carrito lo más rápidamente posible, ya que tiene mal aparcado el coche? Es muy posible que las grandes superficies se aprovechen de estas circunstancias sociológicas, ya que, al menos, han resuelto el problema del aparcamiento.
En definitiva, sin el menor ánimo de disculpar ni a productores, ni a distribuidores, ni al euro, ni al Gobierno, no parece que en el medio plazo esta sociedad vaya orientada a precios baratos en la alimentación. Existe un rechazo psicológico y mediático a los sistemas productivos intensivos, una tendencia creciente a la compra simultánea de 'todo lo necesario', una cierta pereza a la hora de efectuar cálculos con los precios o buscar el punto de venta adecuado para cada uno de los productos que adquirimos y, además, una política económica no intervencionista en los mercados.
Si a todo ello añadimos las preocupaciones de la actual política agraria, de carácter medioambiental, reforzamiento de normas y exigencias de todo tipo, atención al bienestar de los animales, limitaciones al uso de nuevas tecnologías genéticas, etcétera, es más probable que estemos avanzando hacia una sociedad con precios elevados en la alimentación.