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Columna
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Crítica a la Ley de Acompañamiento

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado llega todos los años al Parlamento tras cubrir algunos trámites, entre ellos la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto inicial y la posterior adenda, para el preceptivo dictamen de este órgano consultivo del Gobierno. En torno a este proceso se ponen siempre de manifiesto hábitos políticos que son un tanto preocupantes.

El primero de ellos es la tantas veces denunciada costumbre de utilizar esta ley para masivas modificaciones de la legislación vigente, lo que, inevitablemente, acarrea cierta inseguridad jurídica a los ciudadanos.

Entre leyes, reales decretos y decretos lo enviado al CES -anteproyecto y adenda- afecta a nada menos que a 74. Las normas modificadas van desde las que regulan la energía nuclear, pasan por las de la función pública, siguen por las numerosas de la fiscalidad y, así sucesivamente, hasta llegar a leyes de título tan sugestivo como la de plantas y viveros.

Al Consejo Económico y Social se le otorgan diez días como máximo para que emita su dictamen, lo que, precisamente por la heterogeneidad de materias y la necesidad de conciliar hasta donde es posible las opiniones de las organizaciones sociales y económicas en él representadas, que son las más importantes del país, se convierte en un maratón digno de mejor causa. Para más inri, como también viene siendo habitual, el Gobierno remite la adenda una semana después del Anteproyecto, este año acompañada de un escrito en el que comunica que el plazo para dictaminarla cuenta desde la fecha que envío el anteproyecto. En otras palabras, reduce el plazo a 72 horas.

No hace falta decir que, una vez más, dicha adenda no se ha podido dictaminar. De todo lo cual se infiere que la proclamada participación de los agentes económicos y sociales en el Consejo Económico y Social para que, según la ley, se oigan sus opiniones y planteamientos antes de que el Gobierno adopte sus decisiones, queda convertida en un trámite burocrático, incompleto y frustrante.

Es necesaria la denuncia de estas prácticas no tanto por la mayor o menor disponibilidad de tiempo para dictaminar una Ley, sino por lo que significa de abuso por parte del Gobierno a la hora de modificar leyes muy importantes, así como por su falta de respeto a instituciones que tienen asignados cometidos relevantes en el entramado del que nuestra Constitución define como Estado social y democrático de derecho.

Lo tradicional ha venido siendo que, tras este trámite y el de la conversión del anteproyecto en proyecto de ley, se le incluyan algunas docenas más de modificaciones. Pero a los grupos del CES no les consuela pensar que el Gobierno trivialice también al Parlamento y a los grupos parlamentarios.

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