COLUMNA

Una Constitución a la británica

La Conferencia Intergubernamental (CIG) europea inició el pasado sábado sus trabajos mientras en las calles de Roma miles de trabajadores reclamaban, convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (e incitados por Berlusconi con su decisión de retrasar la edad de jubilación en Italia), una Europa más social.

En el proyecto de tratado constitucional hay avances indudables, pero se han impuesto las tesis intergubernamentales más que las federales. Y las liberales más que las sociales. Políticas clave, como la extranjera y la de defensa, estarán sujetas a la unanimidad. Igual sucede con la política fiscal. La gobernanza económica apenas si ha cambiado.

En la Europa social se ha avanzado más en la parte declarativa (valores, objetivos, reconocimiento del papel de los interlocutores sociales...) que en la dispositiva: aspectos centrales de la política social seguirán requiriendo la unanimidad; los derechos sindicales trasnacionales siguen pendientes; los servicios de interés general estarán supeditados a la política de competencia; el Banco Central Europeo no incorporará el objetivo del empleo al de la estabilidad de precios. El presupuesto de la Unión no podrá superar el 1,27% del PIB comunitario.

Pese al éxito de la manifestación sindical de Roma, no es muy probable que, en una CIG polarizada en torno al reparto de poder, se logren los objetivos sociales que no se han conseguido en la Convención.

En todo caso, al movimiento sindical europeo no le queda más opción que la de apoyar el tratado constitucional que emane de la CIG (otra cosa iría contra su propia trayectoria, perjudicaría a los sindicatos de los países de la ampliación y contribuiría a un fracaso que encallaría el funcionamiento institucional de la UE).

Pero, al mismo tiempo, corre el riesgo de perder sintonía con una parte de la ciudadanía que, en varios países, se muestra crítica con el proyecto; dejando, así, mayor campo de aceptación social a organizaciones y foros que contestan el tratado constitucional que se propone.

Además, algunos de los escenarios que pueden derivarse del nuevo contexto -uno, de mínimos sociales, en una Europa a 25 y con el veto empresarial a un verdadero marco europeo de relaciones laborales; otro, de cooperación reforzada entre algunos países para avanzar en los aspectos sociales y laborales; un tercero, a la nórdica, en el que los mejor dotados socialmente traten de evitar el contagio comunitario en materia social- dificultarían la unidad estratégica del movimiento sindical europeo en el futuro.

En política, los resultados siempre dependen de la relación de fuerzas. Esta propuesta de Constitución europea, denominada por un ex ministro de Mitterrand como 'la británica' por la impronta que en ella han marcado en algunos temas centrales los representantes del Reino Unido, es el reflejo del actual contexto político europeo y de la situación en la que se encuentra la izquierda en Europa.