Mutuas y fraude laboral

La gestión de la incapacidad temporal siempre ha ido aparejada a una pelea contra el fraude, realizado unas veces por los trabajadores y otras consentido por las empresas. En tiempos de crisis se ha convertido en vía de escape para solventar desajustes en el factor trabajo por las empresas, así como en nicho de protección de colectivos, poco numerosos, que transitan de la legalidad al fraude con asiduidad. La única autoridad que tiene capacidad para dar altas definitivas -el fin del periodo de baja- de los trabajadores es la autoridad sanitaria, ahora en manos de las comunidades autónomas. Pero quien abona las prestaciones es la Seguridad Social. Por ello, la entidad pagadora presiona a la sanitaria -ahora periférica- para que acelere la rehabilitación de trabajadores.

Pero la Seguridad Social dispone de instrumentos financiados por cotizaciones, de fondos públicos, que se desenvuelven con criterios privados para la gestión de las bajas: las mutuas de accidentes. æpermil;stas acaparan ya el 60% de asalariados y autónomos, y con resultados sorprendentes, porque los periodos de baja gestionados son mucho más cortos que con la autoridad sanitaria. Por ello ahora se da más poder a las mutuas, que podrán proponer altas de trabajadores a efectos económicos -antes sólo lo hacía la Seguridad Social-, y el afectado sólo dispondrá de tres días para reclamar el dictamen al tribunal médico. Una medida valiente para atajar el fraude, pero arriesgada si la tutela pública sobre las mutuas no estrecha el margen a la arbitrariedad.