Trabajo concede más a las mutuas en la gestión de las bajas

La polémica está servida. Los agentes sociales han recibido un borrador de real decreto por el que se faculta a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a dar el alta a los trabajadores con efectos económicos.

Si bien, en teoría, la última palabra sobre el alta la tendrán los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, aunque éstos sólo tendrán tres días de plazo para negar dicha alta y si no lo hacen el trabajador en cuestión dejará de percibir la prestación por incapacidad y deberá reincorporarse a su trabajo.

Se trata de idéntico procedimiento que el que emplean hoy en día los facultativos del INSS y en la práctica supone dar el poder a las mutuas para dar estas altas. Porque aunque sea la sanidad pública la que diga en último término si se emite o no el alta, fuentes sindicales aseguran que, tal y como están funcionando las bajas gestionadas por la Seguridad Social, en tres días los técnicos de los servicios públicos de salud no tienen tiempo material para reclamar la revisión del trabajador y dictaminar sobre su caso.

No obstante, según demuestran los datos facilitados por Trabajo, cuando la Inspección de Servicios Técnicos Sanitarios llama a un trabajador para investigar su situación, una de cada tres personas en situación de baja se incorpora voluntariamente a su puesto de trabajo.

æpermil;ste es uno de los argumentos del Ministerio de Trabajo para otorgar esta potestad a las mutuas que ya gestionan la cobertura de incapacidad temporal por enfermedad común de 6,8 millones de asalariados y a 1,2 millones de autónomos. En total, el 60% de los trabajadores.

En la actualidad, las mutuas sólo pueden proponer a la Inspección de Servicios Técnicos Sanitarios, dependientes de los servicios regionales de salud, altas médicas de los trabajadores. Pero no existe el plazo de tres días para que se pronuncie dicha Inspección, por lo que el trabajador sigue de baja si no responde a la demanda.

Las mutuas venían demandando desde hace más de tres años esta potestad porque, denuncian, según el sistema actual, el organismo que reconoce las bajas y las altas depende de las comunidades autónomas, mientras que la Seguridad Social es la que paga. Por ello, los médicos de los servicios públicos regionales 'se relajan' más a la hora de dar las altas con efectos económicos, 'porque no pagan ellos', asegura un dirigente mutualista.

En cualquier caso, se trata aún de un borrador que ha sido presentado a los agentes sociales para que presenten sus alegaciones. Mañana es el último día para presentarlas, pero los sindicatos ya manifestaron ayer su rechazo frontal a esta medida y anunciaron que tratarán de que no se lleve a cabo.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, rechazó que esta medida suponga la privatización de la gestión de la incapacidad temporal. Los responsables de este departamento aseguran que la medida 'se limita a mejorar el procedimiento de gestión de las bajas laborales, que ya existe en las mutuas.

Nuevos riesgos para la paz social

El ministro de Trabajo y Portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, se mostró ayer convencido de que la 'paz social' es estable en este momento y de que existe un diálogo 'muy fluido' entre el Gobierno y los agentes sociales, por lo que, en su opinión, no hay elementos que puedan perturbar esta paz social de aquí a las elecciones generales de marzo.Sin embargo, el optimismo de Zaplana no tardó en verse empañado a media mañana de ayer. Fue entonces cuando los sindicatos montaron en cólera al anunciar la intención del Ministerio de Trabajo de aumentar el poder de las mutuas para proponer también altas médicas con efectos económicos.Fuentes sindicales fueron firmes al asegurar que harán del rechazo a esta propuesta normativa un casus belli. Una vez más, según estas mismas fuentes, y como en otras medidas controvertidas, Trabajo ha actuado en colaboración con el equipo del Ministerio de Economía.

FUNCIONAMIENTO: Cómo se financian estas entidades

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son entidades colaboradoras de la Seguridad Social. A pesar de tener una gestión privada de carácter empresarial, sus actuaciones son controladas por el Ministerio de Trabajo.Para su financiación, la Seguridad Social transfiere a las mutuas el dinero de las cuotas que recauda en concepto de accidente de trabajo, por la práctica totalidad de los trabajadores asalariados.Desde mediados de los noventa, además, están capacitadas para gestionar también las bajas que se producen por enfermedad común. Las mutuas gestionan ya esta cobertura en el 60% de los trabajadores. Desde 1998 también pueden actuar como servicio de prevención de riesgos.

BALANCE CONTABLE: El año pasado vieron por primera vez los números rojos

En los últimos años, las mutuas han ganado mucha cuota de mercado en la gestión de las bajas laborales causadas por enfermedad común, hasta prestar cobertura por esta contingencia a seis de cada diez trabajadores. Esto, unido a un sostenido aumento del gasto en incapacidad temporal, cercano al 13% anual, hizo que el año pasado, por primera vez, las mutuas vieran los números rojos en los balances.Aunque este déficit sólo se dio en la parte de gestión de enfermedades comunes y no en la de accidentes o enfermedad profesional, que siguen registrado saldo positivo. Para solucionar este problema, Trabajo ha aumentado del 5,5% al 5,9% la parte de cuotas por contingencias comunes que transfiere a las mutuas.

REACCIONES: Satisfacción y prudencia entre los afectados

El borrador de reglamento conocido ayer es todavía eso, un borrador, por lo que las mutuas de accidentes de trabajo preferían ayer ser prudentes en sus valoraciones.No obstante, las fuentes consultadas no ocultaron su satisfacción ante lo que consideran el cumplimiento de una de sus demandas más recurrentes. Ya en el año 2000 se facultó a estas entidades a proponer las altas médicas (sin efectos económicos), lo que en su opinión no era suficiente para mejorar la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal.Fuentes de las mutuas desconfiaban ayer de que éste vaya a ser el texto final, ya que el Gobierno aún debe oír las alegaciones de patronal y sindicatos y podría atender a alguna de sus peticiones.