COLUMNA

Cotizaciones y pensiones

Hasta hace nada se insistía en la conveniencia de desmantelar el sistema de pensiones basado en el mecanismo de reparto -mediante el que con las cuotas ingresadas por los trabajadores cada mes se pagan las pensiones de los jubilados actuales- y sustituirlo por el de la capitalización de las cuotas -construido a partir de cuentas de ahorro personal- y la privatización de su gestión.

Para la defensa de este cambio de orientación se aportaban argumentos negativos y positivos. El negativo por excelencia era el convencimiento científico de la ineludible quiebra del sistema de pensiones, pilar del anticuado Estado de bienestar.

El envejecimiento de la población y el encarecimiento del coste del factor trabajo en las economías desarrolladas, en comparación con las economías asiáticas mucho más eficientes (¿se acuerdan de los tigres asiáticos y del milagro japonés?), se ocuparían de hacer realidad la quiebra anunciada. El sistema estaba condenado a la ruina y la única alternativa disponible, la única, era privatizarlo y reconstruirlo basándose en la capitalización de cuentas individuales a la chilena.

El argumento positivo era el efecto beneficioso que para el desarrollo de la economía tendría la canalización hacia el mercado de capitales del ahorro contractual destinado a las pensiones.

Nadie hoy en día se atreve a poner en duda que los sistemas de pensiones de los países europeos necesitan retoques de vez en cuando, para ajustarlos a las variaciones demográficas que se van produciendo. Sin embargo, parece poco probable que, con los datos que se cuenta, ni el más pesimista de los economistas -gente en general abocada a la desilusión y a la melancolía- se aventura hoy en día a hacer aquellas afirmaciones y mantener aquellos razonamientos.

Varias razones explican el enmudecimiento de las soluciones chilenas. Quizá la más importante sea la pérdida de valor de los activos financieros de los fondos de pensiones privados como consecuencia de la caída de las Bolsas. Hecho, por otra parte, que si bien está haciendo estragos en todos ellos, está resultando particularmente pernicioso en los fondos capitalizados por empresas para sus empleados o por entidades financieras para sus clientes que han prometido beneficios definidos (compromiso de pagar una cantidad determinada cuando el trabajador pasa a la jubilación). En particular, en el caso de las empresas, el empresario adquiere este compromiso ligándolo al salario del empleado y creando un fondo de pensiones, siendo el empresario responsable de que exista equilibrio financiero entre los recursos del fondo y los compromisos adquiridos (derechos reconocidos) con los empleados.

Puesto que los activos del fondo se materializan normalmente en valores mobiliarios, el riesgo de la evolución de los precios de esos activos (acciones, obligaciones públicas y privadas, depósitos bancarios) recae en el promotor del fondo o empresario.

Desde el año 2000 la evolución bajista de los precios de los activos en los mercados de valores no ha hecho otra cosa que deprimir el patrimonio de los fondos de pensiones; y esa evolución negativa ha coincidido con la tendencia al alargamiento de la esperanza de vida de los que habrán de recibir sus pensiones con cargo a ellos.

El problema no radica solamente en la pérdida de valor del activo de los fondos, sino que además los tipos de interés cada vez más bajos han aumentado el valor actual de los compromisos adquiridos por los fondos en la modalidad de beneficios definidos, y han agrandado el desfase entre recursos disponibles y obligaciones pendientes.

Esto ha venido a poner en evidencia la falacia de la que se partía. Lo que se esperaba que fuera solución del problema del alargamiento de la vida de los trabajadores -es mejor capitalizar ahorros durante más tiempo que sobrecargar el coste de los trabajadores jóvenes- se está convirtiendo en un grave problema para las empresas que asumieron el compromiso de financiación de los fondos.

El caso es especialmente preocupante en países como EE UU y Reino Unido. Las páginas económicas de la prensa de estos países han sido pródigas en señalar las dificultades de muchas grandes empresas en los últimos años con compromisos de pensiones con sus empleados.

El que no se tenga noticias de situaciones similares en los países latinoamericanos que siguieron la receta chilena por recomendación de las agencias internacionales tiene su explicación en las normas contables de los fondos de pensiones imperantes en esos Estados.

Estas normas de una u otra manera permiten fijar artificialmente el precio de los valores que figuran en los balances de los fondos. Ello hace que sobre el papel los fondos estén en equilibrio financiero.

Como en la actualidad las pirámides de población siguen siendo de forma piramidal, los ingresos que pagan los trabajadores en activos son suficientes para pagar a los jubilados.

Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, la ausencia de problemas de liquidez no pone en evidencia el problema de solvencia de los fondos (la pirámide poblacional sostiene la pirámide financiera). Por otra, los fondos funcionan, de hecho, como un sistema de reparto, aunque sobre el papel son sistemas basados en la capitalización. Mientras las tasas de natalidad y la esperanza de vida no sufran modificaciones, el sistema podrá funcionar. El problema surgirá cuando estos países comiencen a seguir el patrón demográfico de los países desarrollados.

A los chilenistas (defensores de la privatización y capitalización de las pensiones al modo chileno) no les ha quedado más remedio que admitir un hecho de sobra conocido, la volatilidad de los mercados financieros.

Esta volatilidad significa que quien se compromete a pagar una pensión definida y recurre para ello a la constitución del un fondo corre un riesgo. Para evitarlo, las empresas han recurrido de manera creciente al uso de planes de pensiones de contribución definida -se comprometen a aportar todos los meses una cantidad de dinero al fondo de pensiones, pero cuál sea el valor de las pensiones en el futuro dependerá de los rendimientos del fondo, no de su compromiso-.

Pero con ello no se hace otra cosa que trasladar el riesgo de los mercados de valores a los trabajadores, que tendrán condicionado su nivel de bienestar tras la jubilación a la evolución que hayan tenido los mercados a lo largo de su vida y muy especialmente del momento alcista o bajista de los mercados en el momento de la jubilación.

Pero llegados a este estado de cosas, convendría preguntarse qué se perseguía con la protección social, parte fundamental de cuyo entramado es el sistema de pensiones. Inicialmente, lo que se pretendía era precisamente la protección de los que se encontraban en situación de debilidad. No parece que la forma más brillante de alcanzar ese propósito sea descargando el riesgo de la evolución de los mercados financieros en las personas que acaban de quedarse sin trabajo.