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Tribuna
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Pacto para la sociedad de la información

En el artículo de ayer en estas páginas poníamos en perspectiva la orientación del Informe de la Comisión Soto (CDSI) respecto a sus fines últimos: alcanzar la sociedad de la información (SI). Para concluir esa perspectiva destacaremos dos aspectos fundamentales que delinearán el camino.

La humanidad ha experimentado los, quizá, más importantes saltos cualitativos y cuantitativos en su desarrollo socioeconómico con las nuevas redes de transporte de bienes y personas, la del ferrocarril y la de carreteras rápidas. El desarrollo de las redes de banda ancha, al posibilitar el transporte eficaz de la información, el nuevo bien de la SI, podría producir el mismo efecto desarrollista.

Sin embargo, hay dos diferencias básicas en el planteamiento actual respecto a los anteriores. Primera, 'aquellas redes de transporte fueron establecidas con dinero público (excepto el ferrocarril en EE UU) y ahora se requiere que sea la iniciativa privada la que establezca las nuevas redes'. Este cambio de protagonistas origina una desintonía de objetivos, el sector privado busca la rentabilidad de sus inversiones a corto/medio plazo, con un límite en el riesgo financiero, mientras el objetivo político de la SI es a más largo plazo.

Así, si estas redes y servicios no alcanzaran unos niveles de rentabilidad atractivos en el plazo debido, es muy posible que se demore su desarrollo. ¿Qué compromisos piensa asumir la Administración para compartir, a su manera, los riesgos del Plan de Fomento de la SI (PFSI)? ¿Va a prefijar objetivos posibilistas para el plan o los va a dejar a la iniciativa privada, más conservadora?

Segunda, 'aquellas redes favorecen fundamentalmente el comercio entre empresas distantes', y de este modo el desarrollo de los mercados, el beneficio empresarial y, consecuentemente, a la sociedad. Por contra, 'el objetivo de las nuevas redes son directamente las personas y las comunidades', la sociedad.

Aparece así una desintonía de agentes activos, el individuo debería ser el sujeto del desarrollo de la SI y el conocimiento, en un doble rol productor/consumidor, creando mercados de demanda, y, sin embargo, el sujeto escogido son entidades creando mercados de oferta para los cuales la sociedad pudiera no estar aún preparada.

Así, si la receptividad de los individuos a esas ofertas no fuera la deseada, es muy posible que se tarde mucho en establecer la SI. ¿Cómo piensa la Administración culturizar a la sociedad en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente para el desarrollo de contenidos propios? ¿Cómo piensa democratizar el uso de esas tecnologías entre todos los miembros de la unidad familiar? ¿Cómo piensa proteger las inversiones familiares en nuevas tecnologías, al menos hasta que su disponibilidad y uso lleguen a ser una necesidad? ¿Qué políticas va a implantar para incentivar el desarrollo de aplicaciones y contenidos que provean valor a los ciudadanos?

Analizando el informe CDSI, éste manifiesta la necesidad, que compartimos, de 'alcanzar un pacto nacional'. Las comunidades autónomas disponen ya de planes propios, recursos y compromisos de colaboración con entidades privadas para la SI. La posibilidad de un pacto nacional de la sociedad de la información (PFSI) al que se sumen los planes de las comunidades no parece muy atractiva, por las posibles ineficacias en el uso de los recursos, disparidad de objetivos y fragmentación de los mercados que podrían resultar.

Parece difícil que las comunidades autónomas acepten un cierto dirigismo homogeneizador o simplemente coordinador desde el Gobierno Central a cambio de nada. Por ello, creemos que la mejor forma de alcanzar ese pacto nacional debería de ser 'hacer un PFSI de todos y por todos', Gobierno, comunidades autónomas y sociedad civil conjuntamente (el pasarlo por el Parlamento no aseguraría comprometer a todos con su cumplimiento).

De ahí que el modelo de gestión propuesto en el informe CDSI nos cree ciertas dudas. La coordinación de entidades no se puede realizar sin la voluntad y participación de éstas, por ello el 'órgano de carácter técnico' propuesto para la coordinación puede llegar a ser un mero recolector de datos (uno más) para el seguimiento.

El 'órgano responsable de la gestión' debería ser libremente aceptado por todas las partes, para que pudiera coordinarlas y corregir ágilmente las orientaciones, objetivos y recursos del PFSI. Nos preguntamos cuál podría ser la mejor adscripción para facilitar esa aceptación.

'La entidad de naturaleza empresarial', como modelo de gestión, profesional y experimentado, y no de carácter jurídico, propuesta para gestionar los programas, creemos importante que esté controlada por las partes del pacto nacional, para asegurar su neutralidad y transparencia, y quizá por empresas comprometidas en el PFSI para asegurar la eficacia en la aplicación de los recursos, y que sea independiente de la entidad de seguimiento. Por último, debería abrirse el concepto de 'grupo de expertos' a otros expertos desvinculados de intereses económicos.

En el tercer y último artículo de esta serie, analizaremos las seis propuestas prioritarias del informe CDSI.

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