Estabilidad y servicios públicos
En la presente legislatura, el Gobierno de la nación viene poniendo especial énfasis en la combinación de dos grandes principios como eje central de su política económica, estabilidad presupuestaria y rebajas fiscales. Así, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su objetivo de déficit cero han venido a convertirse en un corsé autoimpuesto, a la par que incorporado al resto de las Administraciones territoriales que han visto de esta manera endurecida su restricción presupuestaria.
A estas alturas de la película, pocos son, si alguno, los economistas solventes que fían a la presencia de déficit continuados el logro de objetivos de expansión económica. Sin duda los efectos inflacionarios y las tensiones sobre los tipos de interés originados por políticas presupuestarias laxas pueden suponer más un riesgo cierto que una ayuda al crecimiento económico, a la vez que dificultan la perceptibilidad por parte de los ciudadanos del coste verdadero de los servicios que se les prestan.
Los economistas llamamos 'ilusión fiscal' al fenómeno mediante el cual el coste de los servicios se oculta tras la maleza de los precios (como ocurre con los impuestos indirectos), de las transferencias intergubernamentales o de la deuda (impuestos diferidos). Aumentar la transparencia y la credibilidad de las políticas presupuestarias aparecen así como algo loable y, en tanto que objetivos explícitos de la LGEP, suponen una línea de defensa de la misma.
Las elecciones autonómicas y locales han venido a respaldar la labor de Gobiernos autonómicos caracterizados por su escasa austeridad
Sin embargo, y en aras a esa transparencia, no parece adecuado instrumentarlo sobre la base del café para todos, haciendo tabla rasa del pasado y dando la misma respuesta a quienes tienen necesidades objetivas muy diferentes y han utilizado los instrumentos de política económica a su alcance de forma muy distinta.
Por centrarnos en el caso de las comunidades autónomas, en los años previos a nuestra incorporación plena a la Unión Económica y Monetaria, y a efectos de cumplir con los objetivos de Maastricht, se elaboraron unos denominados escenarios de consolidación presupuestaria (ECP), pactados bilateralmente (y en secreto) entre el Gobierno y cada comunidad autónoma. Cada ECP incorporaba unos objetivos explícitos de déficit y deuda coherentes (se entiende) con los objetivos generales marcados por las condiciones de convergencia acordadas en Maastricht. Pues bien, pese al oscurantismo en su elaboración y la falta de criterios objetivos para la fijación de los topes individuales, las cifras que han transcendido demuestran que, si bien en general los ECP fueron respetados, no han faltado comunidades que, a pesar de pactar techos de deuda y déficit muy por encima de la media, incumplieron sistemáticamente los mismos con desviaciones cuantitativamente inconcebibles sin que tal incumplimiento llevase aparejado instrumento sancionador alguno. Entre las comunidades más endeudadas (y también más incumplidoras) se encuentra curiosamente la Comunidad Valenciana, gobernada entonces por un ministro del actual Gobierno que hoy hace gala de responsabilidad y austeridad.
Pese a esas notables diferencias de comportamiento (y de posiciones de salida) hoy, con la LGEP ven limitado por igual su acceso al crédito todas las comunidades autónomas, independientemente de cuáles sean sus necesidades de inversión derivadas de sus déficit de equipamientos y sus conductas anteriores. Algo parecido cabe indicar para las corporaciones locales, entre las que igualmente hay grandes diferencias de necesidades y conductas, agravado todo, si cabe, por un sistema de financiación que históricamente ha venido resultando (en lo que respecta a los criterios de distribución de las transferencias del Estado) notablemente inequitativo.
En todo caso, los resultados de las recientes elecciones han venido a respaldar la labor de algunos Gobiernos autonómicos y locales especialmente caracterizados por su escasa austeridad de comportamiento, razón por la que, si de verdad se busca mejorar la transparencia y la perceptibilidad, debería buscarse un tratamiento diferencial entre Gobiernos a la luz del pasado reciente. Lo contrario sería tratar con el mismo fármaco una angina de pecho que un resfriado.
Si a todo esto le añadimos que el cumplimiento práctico del objetivo de déficit cero por parte del Gobierno es fruto de la compensación con un superávit coyuntural de la Seguridad Social, la conclusión final es que el corsé impuesto a los demás oprime más que el propio, lo cual resulta difícil de explicar sin argumentos cínicos, máxime cuando se ha completado el proceso de traspaso de competencias y hoy los servicios públicos que concentran las grandes necesidades de gasto están en manos de las comunidades autónomas.
Estabilidad presupuestaria, sí; disciplina presupuestaria, sí; pero café para todos, no. Deberían en mi opinión relativizarse los objetivos de estabilidad presupuestaria en un horizonte temporal razonable, de manera que se tengan en cuenta necesidades territoriales y comportamientos previos diferenciales.