COLUMNA

La vieja Europa reforma sus pensiones

Corren tiempos de mudanza para los sistemas de pensiones de los principales países europeos. Los Gobiernos se muestran decididos a recortar los beneficios de la protección social a los que estaban acostumbrados sus ciudadanos.

Los argumentos para la austeridad nacen del envejecimiento de la población europea que provoca que al final menos jóvenes activos paguen la factura de más viejos pasivos. Como en toda cuestión que tenga un fondo financiero, cabe encontrar un problema de decisiones alternativas de reparto de riesgo entre agentes económicos distintos.

Todo trabajador que se incorpora al sistema productivo contribuye al sistema de pensiones con una parte de su salario. Después de 40 o 50 años, si continúa vivo, empezará a cobrar su pensión. Ni durante sus años de vida contributiva ni durante los que cobre la pensión sabrá a ciencia cierta ni cuánto recibirá ni por cuánto tiempo.

Estas incertidumbres son riesgos que alguien deberá asumir. Y cada vez que alguno de esos parámetros se altera se estará repartiendo esos riesgos de manera distinta.

Entre los diversos modelos disponibles de pensiones de jubilación caben dos enfoques alternativos. En el primer modelo el trabajador recibe una pensión que es el resultado de la puesta en común de riesgos y aportaciones de todos los trabajadores. En el segundo modelo el nivel de protección que alcance cada trabajador dependerá de su propia contribución al sistema.

El primer modelo es usualmente administrado públicamente, se financia mediante transferencia de rentas entre los trabajadores activos y los jubilados y no existe una exacta correspondencia entre las aportaciones hechas y las pensiones que se percibirán.

Si como consecuencia de cambios demográficos o económicos el sistema resulta incapaz de atender sus compromisos deberá ser la negociación política la que encuentre una solución.

En el segundo modelo, el sistema se suele gestionar privadamente por empresas financieras que se ocupan de invertir el patrimonio acumulado del trabajador hasta que alcanza su edad de jubilación, momento en que recibe sus dineros en forma de renta o capital. El riesgo recae sobre el trabajador que deberá estar preparado a aceptar el resultado de su capacidad de ahorro y de la gestión que de él haga quien lo administre.

En la Europa comunitaria el modelo imperante es el primero y resulta que el gasto en pensiones es uno de los componentes más importantes del gasto público. El envejecimiento de la población y las incertidumbres sobre el crecimiento económico han convertido el futuro de las pensiones en tema de preocupación permanente. Los Gobiernos tienen diversas opciones para responder a las necesidades crecientes de fondos de sus jubilados.

En primer lugar, pueden recortar la generosidad del sistema en términos de cuantía de las prestaciones o en términos de adquisición de derecho a las prestaciones. Esto contempla medidas tales como aumento en la edad de jubilación, reducciones en la indexación de las pensiones con la inflación o en las prestaciones que reciben los perceptores de rentas elevadas.

En segundo lugar, los Gobiernos pueden refinanciar el sistema de pensiones aumentando las tasas de contribución, ampliando la base contributiva (cobrar contribuciones por encima del techo contributivo por encima del cual no se devenga derecho a cobrar pensión) o dedicando otros ingresos presupuestarios o extrapresupuestarios a financiar las pensiones.

En tercer lugar, pueden intentar reestructurar el sistema de pensiones modificando sus fundamentos, esto es, alterando sustancialmente la distribución del riesgo. Por ejemplo, introducir un sistema complementario de contribuciones definidas o beneficios definidos de manera que el trabajador tenga un fondo personal de pensiones que dependerá exclusivamente de las contribuciones que haya hecho y de los rendimiento que genere en el tiempo.

La tercera solución fue la defendida desde las formaciones políticas más conservadoras en los años ochenta y noventa. Eran tiempos de confianza ciega en el alza irrefrenable de los precios de los activos financieros. Sin embargo, los enormes déficit de los fondos de pensiones de sus empleados que han tenido que atender numerosas empresas en el mundo occidental como consecuencia no del envejecimiento de sus poblaciones, sino de las caídas sostenidas de las cotizaciones, han relativizado en buena medida aquel furor individualista. Hoy en día solamente se mantiene el entusiasmo por los fondos de pensiones a la chilena en los países en los que las normas de valoración de los activos en que están invertidos los fondos de pensiones forman parte del realismo mágico.

Las reformas en los sistemas de pensiones que se están realizando en los países vecinos están siendo contestadas por los afectados y ello resulta comprensible. Sin embargo, conviene constatar que en gran medida son reformas que se orientan a variar los beneficios del sistema (edad de jubilación, número de años de cotización) para mejorar su sostenibilidad y no a redistribuir de manera distinta los riesgos de la protección de los jubilados entre grupos sociales y, al final, lo que se pretende es reacomodar la proporción entre años de contribución y años de pensión a la vista de la mayor duración del segundo tramo.

Lo que está por ver es que los viejos puedan mantener su sitio entre la población activa tal como está el mercado de trabajo.